Michoacán: golpes de ciego o narco estado
La retención del secretario de Gobierno en funciones del estado de Michoacán, Jesús Reyna García, por parte de las fuerzas federales sólo puede demostrar una de dos cosas: o la autoridad Federal está perdida y da golpes de ciego que no tardarán en revertírsele, o el priísmo michoacano arregló con delincuentes el proceso electoral mediante el cual Fausto Vallejo Figueroa ascendió al poder en febrero de 2012.
Si la detención de Reyna fuera producto del primer caso, la nación entera –no sólo Michoacán- estaría perdida y el sistema de justicia no tardará en terminar de hundirse bajo el peso de la ineficiencia, la corrupción y la estulticia.
El enorme gasto en seguridad, en tecnología e inteligencia que hemos visto en los últimos meses los michoacanos hacen improbable –que no imposible- que ése pueda ser el caso del secretario de Gobierno a punto de ser defenestrado.
No por sorpresiva, la decisión fue improvisada; antes al contrario, parece haber sido meditada y escrupulosamente diseñada para evitar el desastre político que implicaría para el presidente Peña Nieto una decisión fallida de este calibre, pues en México no parece haber antecedentes del caso –salvo el lejano y polémico del ex gobernador, también priísta por cierto, de Quintana Roo, quien ya no pudo entregar el gobierno a su sucesor Joaquín Hendricks Díaz.
El denso y escandaloso silencio de la administración estatal ahonda las sospechas sobre el secretario de Gobierno. La ausencia de posicionamiento –todavía no hay una declaración, un señalamiento o referencia oficial- del gobierno de Fausto Vallejo parecen confirmar la precisión del operativo federal que terminó con el secretario de Gobierno declarando en la SEIDO.
En medio de ese silencio, todas las notas que refieren el hecho, nacionales e internacionales, recuerdan esa reunión en el Rancho El Jabalí, en Tumbiscatío, en la que, se dice, un equipo de negociadores priístas integrado por Jesús Reyna García, Uriel Chávez, Armando Ballinas y José Trinidad Martínez Pasalagua, habría entregado Michoacán a los templarios a cambio de su apoyo electoral.
La presunción de inocencia sobre la que se erige el sistema nacional de justicia obliga a probar las imputaciones y, por ello, los mencionados deben ser considerados inocentes hasta que las pesquisas federales determinen su destino jurídico.
Sin embargo, el curso de los acontecimientos no deja espacio de maniobra y por el sentido de las pesquisas federales no parece haber marcha atrás: Michoacán ha sido un narco estado. Si ello es así la cuestión es quién sigue…
