¡Apliquen la ley como es!

Tenemos obligación de respetar los derechos humanos de los transgresores de la ley. Y ¿Tenemos derecho los ciudadanos honestos, perjudicados de que se aplique la ley a los transgresores? Los estudiantes cometen ilícitos, ya agarraron este camino y se olvidaron de estudiar. Toman como rehén a la ciudad con bloqueos de calles, incendian autos. Cometen actos vandálicos, criminales, de los que deben responder como personas libres y responsables. Deben responder ante la ley como cualquier hijo de vecino, la ley obliga a todos por igual. Porque ya hace tiempo que cometen delitos como si nada, como en un país sin ley, en la más total irresponsabilidad por la total impunidad, a la sombra de padrinos poderosos. Se han acostumbrado a golpear como si chiquillos malcriados que esperan que les rían la gracia. Sin la madurez de personas responsables. Los maestros de la CNTE, acuden prestos en su auxilio, ¿por qué razón válida, proporcionalmente grave? los defienden perturbando el orden público, secuestrando la ciudad, impidiendo a los ciudadanos la libre circulación y el cumplimiento de sus deberes, atentando contra los derechos de terceros. Para empezar, sacrifican a los niños que se quedan sin clase. Hay grupos de cierta ideología e intereses particulares que, sistemática, automática, acríticamente defienden las causas corruptas de los delincuentes vestidos de estudiantes. Son fuerzas que operan “desde lo oscurito”, que no se muestran al gran día con toda transparencia. Hay que aplicar la ley a todos por igual, sin distingos ni compadrazgos. La ley es inviolable, no admite excepciones. La ley es el fundamento eterno, claro y firme de una convivencia en la seguridad, sin violencia, secuestro, muerte. Hay que separar a la persona de su crimen. Este debe ser juzgado con justicia, sin tregua, pero sin arbitrariedades ni excesos. Aquélla debe responder de sus hechos, de su libertad, con toda responsabilidad pues es parte de la dignidad del ser humano. Muchos pobres por crímenes menos importantes están purgando penas en los CERESOS. Los delincuentes deben asumir los daños que hacen, repararlos, pagar hasta el último centavo: los automóviles quemados, los bienes materiales dañados, el tiempo de los ciudadanos honestos, los daños económicos por negocios que no se pudieron atender porque nos los dejaron pasar. El orden público se sustenta en la ley, en el estado de derecho. Sin eso, somos arrastrados a la subversión del orden público, al caos, en el estancamiento, sin perspectivas, hipotecando la realización de las personas. Si la ley se aplica absolutamente, sin componendas, por encima de la presión de poderes de las sombras, navegaremos por aguas tranquilas. La ley no se tuerce, no se cambia por ventajas políticas ni siquiera sociales. Es universal y absoluta, está fundada en valores inmutables, en el Creador sabios que la imprimió en el corazón del hombre. El hombre en sus decisiones siempre está en una encrucijada, tiene enfrente los dos caminos, el del bien y el del mal. Debe escoger el del bien para alcanzar la vida. Con frecuencia elige el camino de la muerte. La autoridad es necesaria para encauzarlo, con las medidas que se hagan necesarias, para que no se pierda y dañe al cuerpo social. Los acuerdos de la autoridad con las fuerzas del mal y las decisiones al margen de la ley son un mal que nos pega de rebote, no sólo a las autoridades sino al pueblo inocente y honesto que la autoridad representa. Que no le tiemble la mano a la autoridad, que cada ciudadano y que el cuerpo social no opte por el mal, por los fines perversos y opte por la justicia transparente, firme, inmutable. Así la ciudadanía mandará buena vibra a la autoridad, garante del orden público. Y la vida en seguridad, sin violencia, desorden, crispación e indignación será un hecho. La comisión de derechos parece que le hace el juego a los transgresores y los defiende parece que sólo ellos le importan. No puede actuar contra la ley o al margen de la ley. Debe curar su miopía y ceguera para tener en cuenta los derechos de los ciudadanos honestos, perjudicados que son multitudes, mayorías absolutas. El primer derecho de los delincuentes es reconocer con valentía sus ilícitos y entrar en el orden libre y racional de la familia humana.