Los que también sueñan/Reyes Galindo
Como cada año, el pasado sábado 30 de abril, entre colores, regalos y sonrisas, en todo México celebramos a lo grande a nuestros pequeños. Felicitamos en su día a las niñas y a los niños, quienes, desde el discurso políticamente correcto, son motivo de inspiración y esperanza para trabajar y tomar acciones para su bienestar, generando un entorno amigable de paz, libertad, igualdad y solidaridad.
Sin embargo, habiendo pasado la emoción y efusividad de los festivales y entrega de juguetes, que por supuesto también son importantes; sugiero que centremos nuestra atención en el que considero debeconstituirse como el propósito central del festejo, un tema más profundo y hasta coyuntural: Generar las reflexiones que nos permitan darnos cuenta, o más bien, recordarnos los grandes pendientes en la agenda pública de la infancia y la adolescencia.
Hoy, ante el contexto de las circunstancias fácticas, de las que hablaré enseguida, debes construirse la oportunidad que convoque a todos los actores de la sociedad michoacana a unir voluntades y capacidades en la consolidación de una cultura de derechos en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Las profundas crisis globales y locales que atravesamos obligan a fijar en el debate ideológico sus efectos y repercusiones sobre este segmento de la población. Observar los cambios en las condiciones de vida en los hogares donde hay niños, y entonces, actuar en consecuencia. Fijar los temas relacionados con la infancia y la adolescencia en la coyuntura de las políticas y presupuestos públicos a corto, mediano y largo plazo.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y ratificada por México, Estado miembro, en septiembre de 1990, establece que todas las niñas, niños y adolescentes son concebidos como sujetos de derecho. Por lo que, nuestro país, al firmarla, asumió el compromiso de cumplir a cabalidad con sus disposiciones, pero además, adecuar sus leyes federales y estatales a sus principios, ponderando en todo momento el interés superior del niño, el que debe estar debidamente reflejado en las medidas legislativas y administrativas.
Más que nunca, el Poder Legislativo Local, a través de sus diputados, debe dar muestra de determinación y real vocación política, que logre los acuerdos vitales para la protección de la infancia.
Y aun cuando en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo se establece un nuevo catálogo de derechos humanos básicos, inherentes a la dignidad humana y al desarrollo armonioso de los que son titulares niñas y niños de todo el territorio mexicano, tales como:A la vida, a la supervivencia y al desarrollo; de prioridad y de participación; a la educación, a la identidad y a vivir en familia; a la igualdad sustantiva y a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; y a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, entre muchos otros; sería absurdo imaginar que se han logrado todos los objetivos.
La satisfacción de sus derechos enfrenta situaciones reales de riesgo e incumplimiento. Las condiciones de pobreza, violencia, discriminación, explotación y corrupción que viven algunos de ellos, no han permitido lograr los ideales, promesas y compromisos políticos en favor de la infancia.
Sigue habiendo niñas, niños y adolescentes en edad escolar que no pueden estudiar. Niños que sufren a causa de la desnutrición. Aquellos que tienen que trabajar desde muy chiquitos, y a menudo en condiciones explotadoras. El abuso sexual, la venta y trata de niñas y niños persisten a gran escala en todo el mundo. Algunos no tienen hogar, viven en la calle o caen presa de la delincuencia organizada y luego son olvidados y dejados a su suerte en centros de integración o tutelares de menores. ¡Todos ellos también sueñan!
Muy lamentablemente, la violencia intrafamiliar y el acoso escolar o bullyingy sus graves consecuencias, sigue permeando de manera directa en nuestras comunidades. En Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha externado su preocupación ante los altos índices de violencia en las escuelas. El organismo autónomo y la Procuraduría General de Justicia del Estado ya investigan lo ocurrido en días recientes en el Municipio de Salvador Escalante, ante los presuntos hechos lastimosos y con resultados funestos entre infantes. Como sociedad, no podemos ni debemos permitir que esto se repita más.
Ante ello, se advierte la necesidad de que todos: autoridades, familias, escuelas, medios de comunicación y sociedad civil, nos involucremos y respondamos al enérgico llamado a unirnos en un movimiento a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes; que nos permita superar estas barreras, exigiendo de nuestros gobiernos la observancia y puesta en práctica de los compromisos adquiridos con la comunidad internacional y en la legislación federal y estatal, tal como enseña a un hijo, a cumplir las promesas.
Se trata de que cada quien haga lo que esté a su alcance y entonces hagamos un frente común que permita generar las circunstancias reales que les garanticen prosperidad, que se hagan oír sus voces y alcancen su pleno potencial en el marco de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
El compromiso de esta generación, la nuestra, es con su presente y con su futuro. Hagamos un mundo apropiado para ellos y que entonces se sientan orgullosos de nosotros, los adultos.
