Libre Expresión
Regirá la impunidad…
“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”… Sófocles. (495 a.C. – 406 a.C.) Poeta trágico griego.
El juez cuarto de lo penal del distrito judicial de Morelia, Juan Salvador Alonso Mejía, dictó auto de formal prisión contra Ricardo Humberto Suárez López por su probable responsabilidad penal en los delitos de peculado y abuso de autoridad, en agravio del Gobierno de Michoacán de Ocampo.
Sin embargo, el ex secretario de Finanzas de las administraciones que encabezaron Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, podrá enfrentar el proceso en libertad provisional bajo caución, luego de entregar garantías inmobiliarias equivalentes a la fianza que le fue impuesta por la módica cantidad de casi 50 millones de pesos.
Hasta el momento, Suárez López no ha declarado y tampoco ha pisado la cárcel, toda vez que estuvo hospitalizado para recibir atención médica. En adelante, deberá presentarse las veces que sea citado en los distintos momentos del juicio.
En dado caso que el fallo definitivo lo señale como culpable, las penas a pagar podrían ser de 6 meses a 9 años por peculado y de 6 meses a 8 años por abuso de autoridad; y el tiempo máximo de condena por ambos delitos sería de una década. Sin embargo, la experiencia michoacana en materia de transparencia y rendición de cuentas advierte que no tendrá mayor problema Humberto Suárez para solventar este conflicto.
Para empezar, logró reunir en poco tiempo los casi 50 millones de pesos de la fianza, con los cuales resarciría el daño e intentaría conmover el corazón de Fausto Vallejo o negociar para que no tenga que purgar ninguna condena.
Después de todo, ya hay un ejemplo, y fueron el propio Humberto Suárez y Lázaro Cárdenas Batel los protagonistas, quienes tras el fraude cometido por América Aguilar, le otorgaron el perdón legal.
Y aunque esta vez el perdón legal no procede, el propio juez cuarto de lo penal anticipa que “la ley establece algunos mecanismos alternativos de solución” a través por ejemplo del Centro de Mediación, para que el ex tesorero pueda alcanzar algún acuerdo con la autoridad.
Así que tratándose de quien tiene en su poder la información suficiente para acabar con el sospechosimo de la última década estatal y que podría implicar a figuras de todos los colores a pagar los platos rotos, parece que al final se le denunció por delitos de peculado y abuso de poder, porque no son graves. Por el contrario, de querer llegar hasta las últimas consecuencias, las denuncias deberían incluir conceptos como el enriquecimiento ilícito, donde a simple vista, podría calificar para varios exfuncionarios.
Lamentablemente las leyes están hechas a modo de los políticos y las michoacanas terriblemente diseñadas para la opacidad y la impunidad, por ello el peculado se mantiene como un delito menor.
Así que insisto, en Michoacán lamentablemente seguirá vigente la impunidad y si no, recuerde usted algunos acontecimientos de lo sucedido en el estado donde evidentemente están implicados todos:
- Diputados perredistas, priistas y panistas, modificaron la Ley de Deuda en la era Godoy Rangel, para que ese gobierno pudiera contratar deuda para pagar deuda, aunque con ello contravinieran la Constitución Mexicana que en su artículo 117 fracción VIII, señala que estados y municipios sólo pueden contratar deuda para INVERSIONES públicas productivas.
- En esa ocasión y pese a que no se publicaba todavía la reforma en el diario estatal, de todos modos los diputados de la pésima 71 legislatura, autorizaron un nuevo crédito por mil 584 millones de pesos.
- A finales del 2009, durante la misma y lamentable 71 legislatura, se conocieron fichas de depósitos bancarios por 400 mil pesos a favor de los entonces diputados: Librado Martínez, Samuel Navarro, Epigmenio Jiménez y Martín Cardona. Las casualidades que generaron el sospechosismo, es que los 4 depósitos se hicieron el mismo día 24 de diciembre del 2008, entre las 9 y 11 de la mañana, dos días después de autorizar la última cuenta pública de Lázaro Cárdenas Batel. Librado Martínez y Samuel Navarro, reconocieron los depósitos y justificaron que se trataba de préstamos adquiridos en el Congreso; Epigmenio Jiménez dijo que se trataba de una cuenta personal y que por ende no daría explicaciones, mientras que Martín Cardona, optó por no decir nada.
- Al respecto, el entonces secretario de Finanzas del Congreso estatal, Ignacio Alvarado Laris, contestó por escrito que NO había entregado un solo préstamo en esa legislatura.
- Otro tema rey de la opacidad es el referente a los 3 millones 750 mil pesos que cada legislador de la misma y terrible 71 legislatura, se auto-adjudicaron en el 2009 para “gestoría”, donde quedaron cualquier cantidad de sospechas, pese a las cuales, los actuales diputados y auditor superior, no han querido indagar.
- En el ánimo poblacional, quedan también las sospechas de pagos recurrentes a legisladores de la 69, 70 y 71 legislaturas, a cambio de aprobar cuantos créditos les solicitaron ambas administraciones perredistas, sospecha que ya alcanza también a los actuales diputados.
- ¿Qué más se puede decir del perdón legal que otorgaron Cárdenas Batel y Suárez López a América Aguilar, tras demostrársele un fraude por más de 100 millones de pesos?
En fin, los ejemplos para demostrar que en Michoacán no puede pasar nada en materia de transparencia y rendición de cuentas abundan y han sido los propios actores políticos del PAN, PRI y PRD los que han hecho los señalamientos, pero hasta ahora y pese a que los tres colores en mención han gobernado en el ámbito federal y/o estatal, simplemente no ha pasado nada. Así que, ¿por qué habría de pasar ahora?
A lo más podrían esperarse sanciones a peces chiquitos y eso, a reserva de conocer sobre qué asuntos son las 5 órdenes de aprehensión, que por cierto, no se han cumplimentado. Asimismo sobre qué versan las otras 15 denuncias que ha anunciado que interpuso el Ejecutivo estatal.
Además, los mismos perredistas señalados y desprestigiados socialmente, ahora se han agarrado de las irregularidades detectadas por las auditorías federal y estatal a la Cuenta Pública del 2012, para arremeter contra el gobierno de Fausto Vallejo… Así que unas por otras y eso que llaman rendición de cuentas, tendrá que seguir durmiendo el sueño de los justos, pese a que la actual administración estatal haya calificado de “cochinero” a lo que dejó la era Godoy. A menos, que haya un interés federal de llegar hasta las últimas consecuencias en este sema. ¿Será?
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
