Ley Alabama

En los primeros días del mes de octubre de este año, entró en vigor en el Estado de Alabama, Estados Unidos, la “Ley de Migración HB56”, misma a la que se le ha denominado “Ley Alabama.”La legislación que actualmente se encuentra vigente, permite a las autoridades policíacas del Estado verificar la situación migratoria de niños estudiantes y comprobar el estatus legal de personas si existe sospecha razonable de que están indocumentados en Estados Unidos.Asimismo, se establece el requerimiento de que las personas traigan siempre consigo documentación que valide su estatus migratorio y prohíbe establecer contratos con inmigrantes indocumentados.Frente a esta situación, la ley fue impugnada por diversos grupos hispanos al considerarla como la más estricta aprobada hasta ahora en Estados Unidos, pero la Jueza Sharon Lovelace Blackburn dictaminó que salvo algunos puntos, la misma entrara en vigor.A su vez, esta Jueza rechazó mociones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de la Coalición para los Intereses Hispanos de Alabama (HICA), de la Unión de Derechos Civiles de America (ACLU) entre otros grupos, en donde le solicitaron suspender esta normatividad en tanto se resuelve el recurso interpuesto a su fallo.Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es parte del Poder Ejecutivo del vecino País y que encabeza el Presidente Barack Obama, presentó una apelación en contra del fallo de la jueza referida.De esta manera será la Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Atlanta, la que resuelva en definitiva la vigencia o no de esta Ley a todas luces violatoria de derechos fundamentales.Dentro de los argumentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esgrime en su apelación, destacamos el siguiente:“Alabama infringe el derecho consagrado por la Constitución al gobierno federal para definir y ejecutar las políticas migratorias. Ni la Constitución ni las leyes federales de migración permiten un esquema estatal diseñado para echar a los extranjeros del Estado”.Asimismo, en dicho documento la oficina del Procurador Eric Holder titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisó que la legislación puede convertirse en un instrumento para la deportación de facto de personas, con lo cual se puede impedir y obstruir la aplicación de una ley que tenga como objetivo la regulación nacional de la migración.De esta manera, el eje principal de esta apelación es bloquear dicha de Ley por ser inconstitucional, argumentado que dicha normatividad interfiere con una responsabilidad exclusiva del gobierno federal en materia de migración.Los efectos de la entrada en vigor de esta legislación antiinmigrante ya se han dejado ver, de esta manera aproximadamente 50 granjeros del Estado de Alabama se han quejado porque sus empleados no se han presentado a trabajar, registrándose ya pérdidas por 200 mil dólares.Asimismo, en los dos primeros días de aplicación de la “Ley HB56” un número considerable de niños comenzaron a retirarse de las escuelas públicas de Alabama, en tanto que otros se han quedado en casa por temor a ser sometidos a la verificación migratoria. De esta manera el Centro de Leyes sobre Pobreza en el Sur (Organización Civil de Estados Unidos) informó que al menos 2 mil niños han abandonado su formación escolar.A su vez, aterrados por la fuerte represión, inmigrantes sin papeles están pidiendo a amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos que reciban a sus hijos, por si son arrestados o deportados. En este mismo sentido de acuerdo a reportes de diversos grupos de asistencia, muchos residentes inmigrantes firmaron documentos en los que autorizan a otros a cuidar de sus hijos.Un importante Diario estadounidense, menciona en un reportaje que de acuerdo a datos de organismos civiles, luego de la entrada en vigor de la ley, se han recibido miles de llamadas de mujeres embarazadas temerosas de ir al hospital, así como de víctimas de crímenes que dudan en acudir a la policía y de padres que tienen miedo de enviar a sus hijos al colegio.Sin duda, resulta fundamental que el gobierno mexicano, a través de sus consulados en el Estado de Alabama, brinde todo el apoyo posible a los connacionales que se encuentran en esta difícil situación por carecer de una condición migratoria regular.Resulta también prioritario, que frente al éxodo de migrantes que se ha generado en ese Estado de la Unión Americana y que se esta convirtiendo en una verdadera crisis humanitaria, el gobierno mexicano a través de su representación consular, gestione hasta el limite de sus facultades el evitar la desintegración de las familias mexicanas que por motivo de esta ley puedan verse afectadas, es decir, impedir que padres e hijos sean separados por su condición de indocumentados.Es también imperante que el gobierno de México fortalezca su protesta al establecimiento de esta Ley a través de la presentación de recursos jurídicos y políticos ante instancias internacionales protectoras de los derechos humanos, como lo son la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Respetamos la condición soberana de los Estados Unidos, su facultad de situar sus leyes, así como sus formas de justicia, pero resulta inverosímil que en la estructuración de las mismas, sus políticos no tengan presente los postulados que en materia de derechos humanos exigen a otros Estados Nacionales, situación que incluso ha motivado intervenciones militares.Seria fundamental para ciertos políticos de nuestro vecino del Norte, asumir en todos sus actos jurídicos, políticos y sociales, tanto en el exterior como en su interior, su tan aludido compromiso con los derechos humanos, ya que pareciera frente a las actuales circunstancias, un mero discurso de conveniencia.Pues toda vez, que adoptados ya los derechos humanos como elemento definitorio de la tutela del Estado Mexicano, este no puede ser omiso ni débil en su defensa aún fuera del territorio nacional.Alfonso R. Izquierdo BustamanteDiputado Local, Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Fundación Carlos A. Madrazo, [email protected]