La Opción/Jorge Vílchez
El crítico estado financiero que hoy padece la Universidad Michoacana amerita una urgente intervención de toda la comunidad universitaria.
La búsqueda de soluciones no puede esperar, ni tampoco debe advertirse una omisión de la autoridad universitaria.
No debe repetirse la amarga experiencia de fines del año pasado, cuando la Universidad Michoacana careció de liquidez financiera para hacer frente a sus compromisos con profesores y empleados.
Pero, hoy, la Universidad Michoacana acusa un déficit financiero de más de mil millones de pesos. Ello le impide concretar algunos de los proyectos y programas ya contemplados.
Por otro lado, se ha documentado que la Casa de Estudios tiene una plantilla de más 2,370 profesores, y 3 mil 136 empleados, cifra ésta sumamente superior a las normas establecidas para una institución de educación como la Universidad Michoacana.
Agréguese el hecho de que la Casa de Estudios desembolsa 773 millones de pesos anuales para el pago de sus pensionados. Esto equivale al 72 por ciento de su nómina actual.
Por ello, al seno de la comunidad universitaria ya se insiste en la necesidad urgente de reformar el régimen de pensiones y jubilaciones.
En el mismo Congreso del Estado se le ha dado un plazo hasta el próximo 31 de marzo para que presente un proyecto de reforma a ese régimen.
Reformar el régimen de jubilaciones y pensiones le podría otorgar el equilibro financiero a la Casa de Estudios Nicolaita, se argumenta entre la comunidad universitaria.
Mientras tanto, la Universidad Michoacana corre una vez más el riesgo de vivir la zozobra y el enfrentamiento entre autoridad y sindicatos, como ya ocurrió en diciembre del año pasado.
Así, el delicado caso financiero requiere una atención inmediata y viable. Y para ello, se espera la participación de la toda la comunidad universitaria.
Al tiempo.
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