Iniciativas preferentes
El 1 de septiembre se instaló la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, e inició su primer periodo ordinario de sesiones recibiendo el sexto y último informe presidencial y, por primera vez en la historia, dos iniciativas preferentes: una en materia laboral y otra en materia de rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales.La trascendencia de haber presentado estas dos iniciativas, antes de que concluya el periodo constitucional de gobierno del actual presidente, no radica exclusivamente en el objeto de éstas, que por sí mismo es valioso: por una parte, modificar el marco legar en materia laboral para disminuir el desempleo sin trasgredir los derechos de los trabajadores y, por otra parte, contar con un marco legal que permita fiscalizar y transparentar el uso y destino de los recursos públicos a nivel local.Las iniciativas preferentes tienen origen en la reciente reforma política que ya permite que, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo pueda presentar al Legislativo dos iniciativas prioritarias para poder llevar adelante su programa de gobierno, de las cuales el Legislativo tendrá un plazo máximo de 60 días, entre las dos cámaras, para pronunciarse a favor o en contra de dichas iniciativas. Así pues, con el debut de la iniciativa preferente el presidente Calderón se despide del Congreso con la intención de que la nueva Legislatura federal procese ambas iniciativas antes que concluya su gobierno, lo que estaría sucediendo en el mes de noviembre.Es importante recordar que desde los comicios federales intermedios de 1997 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dejó de contar con una fracción parlamentaria del partido político del presidente con la mayoría suficiente para aprobar, por sí sola, nuevas leyes o reformas. Lo cual, particularmente en este y el pasado sexenio, se convirtió en un claro obstáculo para quienes encabezaron el poder ejecutivo ya que los partidos de oposición se dedicaron a “congelar” la mayoría de las iniciativas presentadas por el presidente. El término “congelar” se aplica a aquellas iniciativas que, habiendo sido presentadas, nunca fueron puestas a discusión de las cámaras, lo que ha dado lugar a innumerables propuestas de leyes para las cuales no existió ningún tipo de definición por parte del poder legislativo en más de 10 años.Ahora, con la iniciativa preferente, diputados y senadores tendrán máximo 60 días para pronunciarse a favor, en contra o presentar modificaciones a las iniciativas preferentes del ejecutivo por lo que estas ya no podrán entrar a la “congeladora legislativa” que por varios años fue el refugio del PRI y el PRD para no sacar adelante las reformas que el país exigía.De aprobarse ambas iniciativas, el país contará con un marco laboral que contribuirá en diversos aspectos a mejorar la competitividad de nuestra economía y a lograr un avance sustantivo en la transparencia y rendición de cuentas en estados y municipios que tanta falta hacen hoy en día.
