Fiscalización y costo del proceso electoral en México
El proceso de elección de nuestros gobernantes tiene un costo económico directo que se carga al erario público, además de los numerosos costos políticos y sociales que se derivan. Por ello es importante que operen eficazmente los principios de transparencia y rendición de cuentas en el uso y manejo de dichos recursos públicos.Por ejemplo, para las elecciones de 2006 nuestro país destinó un presupuesto total de 11 mil 892.10 millones de pesos. El 57.5 por ciento, es decir, 6 mil 842.9 millones de pesos se utilizó para cubrir todos los proyectos vinculados con la organización del proceso electoral federal a cargo del IFE; el 40.2 por ciento, 4 mil 783.3 millones de pesos, se canalizó a partidos políticos; y el restante 2.3 por ciento, 265.9 millones de pesos, fue destinado para que los mexicanos en el extranjero pudiesen ejercer su derecho al voto.El costo de las elecciones del 1 de julio de 2012 será de 15,953 millones de pesos, de los cuales 5,292 millones se destinarán a los partidos políticos; 10,454 millones para la organización del proceso electoral; y 207 millones para promover el voto de los mexicanos en el extranjero.Cabe destacar que la comparativa internacional señala que, dado el financiamiento y las reglas electorales, en México el costo del voto es más caro que en la mayoría de los países: por ejemplo, mientras que en México cada voto tiene un costo aproximado de 17.2 dólares, en Brasil cuesta 0.29 centavos de dólar, en Argentina 0.41 centavos de dólar, en Colombia 8.58, en Panamá 5.21, en Uruguay 3.72 y en Guatemala 0.27, por mencionar algunos.Ante tal situación, es fundamental que pensemos en nuevos esquemas y fórmulas que permitan, por una parte, reducir el costo de la organización de las elecciones en nuestro país; y por otra, que se consoliden y refuercen los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas del uso de recursos que se destinan a las elecciones: sean los que se entregan a los partidos políticos, así como los que administra la autoridad electoral.En el caso de los partidos políticos, el problema no se circunscribe en saber en cómo y en qué se gasta el dinero público que les es entregado, sino también asegurar que se respeten los topes de campaña, así como evitar que dinero ilícito sea utilizado para la promoción de candidaturas y para la compra del voto.Las experiencias de las recientes elecciones en varias entidades del país, nos alertan de que es fundamental, para que la elección del 1 de julio de 2012 cumpla con los principios de certeza y equidad que toda elección democrática requiere, que se ejecute una correcta fiscalización de los recursos que serán utilizados en la contienda electoral. Ahí, cada partido debe hacer su trabajo y mucho hablará de cada candidato que su equipo así lo haga.Respecto a los cambios legales que podrían hacer menos costoso el proceso de selección de autoridades y representantes populares en México, es harina de otro costal .Ya veremos en el próximo gobierno y en las próximas legislaturas si partidos como el PRI se atreven a dar ese paso porque, por lo que fue en este gobierno y durante la LXI Legislatura, fue el propio PRI el que se negó y obstaculizó todo intento por hacerlo.
