Intervención fallida
A principios de enero de 2014 se ejerció presión sobre los alcaldes para que firmaran un documento en el que se solicitaba que la federación interviniera en Michoacán. El gobierno estatal, por conducto del secretario de Gobierno, Jesús Reyna, pidió a todos los munícipes que lo signaran; se trataba de dar formalidad a la petición que luego formuló el gobernador Fausto Vallejo para pedir a la federación que interviniera de manera directa en Michoacán.
La coerción para que todo este procedimiento se instrumentara vino del propio gobierno de la República; enredada la madeja por el surgimiento de los grupos de autodefensa, en los que mucho tuvo que ver el hartazgo ante los abusos de Los Templarios y también algo que se venía gestando desde los primeros días del gobierno peñista: el general Óscar Naranjo se hizo presente en la Tierra Caliente para alentar la formación de grupos de autodefensa. Juan José Farías El Abuelo fue sacado de la cárcel para contribuir en esa “estrategia” basada en el modelo colombiano.
Los grupos de autodefensa habían avanzado en los últimos meses de 2013 tomando la mayor parte de los municipios de Tierra Caliente, con la evidente protección de la Policía Federal y el Ejército.
El 13 de enero de 2014 el gabinete de seguridad federal en pleno acudió a Morelia, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para firmar con el gobernador Fausto Vallejo el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán, luego de un inicio de año violento en el que ocurrieron bloqueos carreteros, quemas de negocios y mayores avances de los grupos de autodefensa. El documento permanece como información reservada, desconociéndose su contenido hasta la fecha.
Sin embargo, con ese antecedente, dos días después, el 15 de enero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, otorgando a su titular facultades para coordinar a los delegados federales, disponer de la fuerza pública federal y coordinarse con las autoridades estatales y municipales. Para desempeñar tal encomienda fue designado Alfredo Castillo Cervantes, quien de entrada solicitó y obtuvo del gobernador Vallejo también el mando de la fuerza pública estatal; al comisionado correspondió designar a dos personas de su equipo como procurador y secretario de Seguridad Pública, Martín Godoy Castro y Carlos Hugo Castellanos Becerra, respectivamente.
A la entidad arribaron 800 personas como parte del equipo del comisionado, que fueron hospedadas en uno de los hoteles más caros de Morelia, donde consumían a diario sus tres alimentos. La administración estatal se empezó a poblar de mexiquenses y en casi todas las delegaciones federales fueron colocados policías. Fue del dominio público que un día el delegado de la Sagarpa se desvaneció. “Un médico, un médico”, se pidió a gritos; casualmente se encontraba cerca un galeno que al acercarse a atenderlo y desabrocharle el saco para que pudiera respirar descubrió que el funcionario portaba dos pistolas.
Castillo se aliocon ex templarios, lo que le llevó a dar con Nazario Moreno, quien cayó no por labores de inteligencia, sino porque fue entregado por sus colaboradores, quienes ya lo habían matado a golpes, lo que puede explicar porqué ese halo de protección del que gozaron personajes con antecedentes delictivos, y quizá también por qué la captura de La Tuta dejó de ser una prioridad.
El comisionado, a poco de su llegada, empezó a asumir facultades que no tenía. Presidió actos públicos ocupando el lugar del gobernador y empezó a exigir más posiciones en el gabinete estatal. Procedió con rigor contra quienes le mostraron alguna oposición. Presionó a los diputados locales para que aprobaran leyes a su gusto; trascendió aquel episodio de que reunido con los legisladores priístas a los que urgía que aprobaran la Ley de Extinción de Dominio, los amenazó con “la aprueban ustedes o quieren que la aprueben sus suplentes”.
Habiendo renunciado Fausto Vallejo a la gubernatura, Castillo encabezó personalmente el proceso sucesorio; los dirigentes de los tres partidos políticos más importantes y sus líderes parlamentarios fueron llevados a la ciudad de México para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. En el hangar y en el vuelo, Castillo les tiró línea.
Su equipo amenazó a integrantes del Poder Judicial. El juez Sexto de lo Penal, Javier Bedolla Espino, tuvo el valor de notificar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia los ultrajes de que fue víctima; fue sacado de su oficina y llevado a la Procuraduría por medio de la fuerza; al magistrado Plácido Torres lo amenazaron por haber liberado a Hipólito Mora la primera vez que Castillo lo metió a prisión. Se quería que los juzgadores obraran obedeciendo consignas.
Muchos michoacanos fueron víctimas de detenciones arbitrarias; se efectuaron verdaderas redadas contra personas inocentes; otros fueron víctimas de extorsiones de los policías mexiquenses que trajo Castillo, al grado de que las negociaciones se hacían en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado. Otros en las calles sufrieron los excesos de poder, las camionetas se aventaban encima de quienes no se hacían a un lado cuando pasaba el convoy virreinal. Se paraba el tráfico por las calles que cruzaba.
Hay quienes dicen que hubo avances en materia de seguridad; las cifras dicen otra cosa. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra a 2014 como un año en el que ocurrieron más homicidios que en 2013. Hace unos meses un amigo aguacatero me comentó que ya no pagaba extorsiones a Los Templarios, “ahora son los ministeriales y los de la Fuerza Rural los que me cobran la cuota”.
