Frente a la Resolución de la Suprema Corte de justicia

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimo las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas con motivo de los contenidos de las Constituciones de Baja California y de San Luis Potosí, que precisan la protección de la vida desde la concepción y reconocen todos los derechos de una persona al no nacido.Al tratarse de una acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a la normatividad de la materia se requerían ocho votos para invalidar los contenidos de los artículos de las Constituciones de estos dos Estados de la República, en ambos casos la SCJN no reunió los votos necesarios.De esta manera, siete ministros se pronunciaron por invalidar el contenido que en esta materia contempla la Constitución de Baja California, ratificando su postura en el caso de San Luis Potosí.Dentro de los argumentos que con respecto a este asunto expresaron los integrantes de la SCJN, destaco lo señalado por el ministro Arturo Zaldivar, quién sostuvo la existencia de un derecho fundamental que deriva de los derechos reproductivos de la mujer, al señalar lo siguiente: “Sostuve y sostengo que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo que no se deriva del artículo cuarto constitucional, sino de los derechos reproductivos de la mujer, de la dignidad humana y la especial dignidad de la mujer; dignidad de la mujer que no podemos desconocer y de la que ninguno de los que votaron en contra se han hecho cargo."A su vez, el ministro Presidente Juan Silva Meza con respecto a este tema y de forma particular al contenido de la Constitución de San Luís Potosí, mencionó que de la redacción del artículo y de la exposición de motivos que propició la reforma de la misma, se desprende la intención del legislador de penalizar la conducta, incluso en los únicos supuestos de exclusión que admite. De esta manera comentó: "Se dice no es punible, pero sí se configura el delito. Es una configuración esencialmente penal, toda la orientación es penal, está dando un contexto penalizador o despenalizador.”A las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, grupos a favor y en contra del aborto se manifestaron, registrándose algunos conatos de violencia.Es preciso mencionar, que dentro de los días en que se llevó a cabo la discusión de la Corte, se conmemoró el “Día Internacional por la despenalización del Aborto”, que fue resultado del “V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe”, celebrado en Argentina en el año de 1990 y que instituyó el día 28 de septiembre para tener presente que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región de Latinoamérica.Datos de organizaciones no gubernamentales precisan que la cifra actual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de 4 millones.Se calcula que el aborto inducido en forma clandestina y en condiciones inseguras, es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones al año.Ante estas cifras, Amnistía Internacional en la conmemoración del “Día Internacional por la despenalización del Aborto”, afirmó que restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas. Asimismo, el lema para este año fue: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.También, conminó a los Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) a cumplir con sus compromisos internacionales adquiridos, sobre todo en lo referente a la salvaguarda del derecho humano a la salud sexual y reproductiva.Sin duda, resulta fundamental el generar un debate por la vida y no por la muerte, es decir, pasar de la discusión que polariza a favor o en contra del aborto, al debate que permita garantizar el derecho humano a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y hombres de México.Considero, que la responsabilidad de un legislador debe radicar en dotar a su pueblo de un marco normativo eficiente y adecuado, que de respuesta oportuna a las necesidades y aspiraciones de su sociedad, por encima de ideologías o fanatismos.Estoy cierto, que un aspecto fundamental para elevar el nivel de vida de nuestra población, es continuar en el camino de la constitucionalización plena de los derechos humanos y sociales, así como la creación de los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren su adecuado ejercicio.Comparto con mis lectores, que en mi desempeño como Diputado Federal en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa con proyecto de decreto para garantizar en nuestro texto constitucional y en la Ley General de Salud, el derecho humano a la salud sexual y reproductiva de nuestra población, misma que obtuvo una importante votación y actualmente es minuta en el Senado de la República. Asimismo, en mi Estado Tabasco presenté una reforma a nuestra Constitución local y a la Ley de Salud de la Entidad, para garantizar este mismo derecho a favor de las tabasqueñas y tabasqueños, reforma que actualmente es norma vigente estando ya consagrada en sus textos.Alfonso R. Izquierdo BustamanteDiputado Local, Presidente del Consejo Directivo Nacionalde la Fundación Carlos A. Madrazo, [email protected]