Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
Ayotzinapa: círculos de la muerte
La noche del 26 de septiembre de 2014, hubo tres anillos de seguridad donde, se puede colegir, nunca iban a dejar que los estudiantes de Ayotzinapa escaparan de los ataques que enfrentaron durante tres horas en Iguala. El primer anillo es el que establecieron las policías municipales en Iguala, en donde secuestraron a 43 estudiantes de quienes no se sabe la suerte de 42; el segundo en la desviación a Santa Teresa, dentro del mismo municipio; y el tercero en la desviación de la Autopista del Sol, a Mezcala. Estos anillos de seguridad están expuestos en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado este domingo y son una revelación notable. Muestran, aunque no lo señalan explícitamente, una acción concertada entre policías municipales de cuando menos tres municipios, policías federales y dos grupos criminales enfrentados entre sí. Deja en duda, también sin referirse a ello, qué papel jugó realmente el Ejército aquella noche de barbarie.
La construcción de los tres anillos se hizo a través de testimonios de los involucrados en el crimen. El primer anillo de seguridad, ampliamente divulgado y documentado, se da en Iguala, donde la policía municipal atacó en tres diferentes puntos los autobuses de los estudiantes e impidió que salieran de esa ciudad. El segundo, trabajado tangencialmente, fue sobre la carretera de Iguala y Chilpancingo, a la altura de la desviación a Santa Teresa –una comunidad del mismo municipio, donde se dio el ataque al equipo de Los Avispones, donde muere uno de sus jugadores y dos personas que viajaban en un taxi. Aunque también fueron policías municipales los que intervinieron, igualmente hubo presencia de policías federales, como sucedió en cuando menos uno de los episodios en Iguala.
El tercero se dio en la desviación a Mezcala, que aunque fue mencionado como punto importante para atender desde los primeros días de la investigación, siempre se soslayó. Mezcala es lo más oscuro que existe en la investigación hasta este momento. El informe final del GIEI le adjudicó un nuevo valor, al retomar de manera detallada los testimonios de lo que sucedió aquella noche. El más relevante es el de Hermenegildo Morales, ministerio público estatal adscrito en Tlapa, que iba a ver a su familia en Iguala, quien se topó con el retén sobre la Autopista del Sol de aproximadamente 40 personas, pero decidió brincarlo.
El comando le disparó al violar el retén y fue perseguido hasta que lo detuvieron. De acuerdo con el informe del GIEI, cuando se identificó como ministerio público lo dejaron ir. ¿Quiénes integraban ese retén? ¿Por qué le perdonaron la vida cuando vieron que era un funcionario judicial? Con toda la información disponible hasta ahora, no se puede establecer quiénes formaban ese comando. Sin embargo, aunque esto no figura en las conclusiones, hay elementos de contexto que sólo profundizan la confusión.
Esa zona está controlada por Los Rojos, la banda criminal enemiga de Guerreros Unidos, a la que se le señala como el grupo que desapareció a los normalistas. ¿Cómo pudo establecerse un anillo de seguridad en una zona bajo el control de sus enemigos? La noche del 26 de septiembre hubo ataques a vehículos en la desviación a Mezcala, en la zona de Sábana Grande, a tres kilómetros de Santa Teresa, e inclusive un tráiler, perforado totalmente por los disparos del comando, estaba atravesado sobre la carretera sin que la Policía Federal, responsable de la seguridad en los caminos del país, interviniera. En la desviación a Mezcala, el Ejército siempre había mantenido presencia militar, pero esa noche, de acuerdo con las primeras investigaciones, no había ningún militar en la zona. El reporte del GIEI carece de información detallada sobre el papel del Ejército, no sólo porque nunca pudieron hablar con los soldados del Batallón 27º de Infantería en Iguala, sino con ningún mando. Tampoco les proporcionaron documentos sobre sus métodos, formas de operar y partes a sus superiores.
El GIEI nunca pudo saber, por ejemplo, de los malos antecedentes de los militares en esa región, y que no habían pasado los exámenes de confianza. La reputación de ellos fue varias veces comentada dentro del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el CISEN, e integrado por los responsables de seguridad e impartición de justicia del estado, junto con representantes de la Marina, el Ejército, y la Policía Federal. Las minutas de esas reuniones, oficialmente, no existen. En el informe de los expertos, el papel del Ejército es uno de los más oscuros de todos los actores, por la falta de información sobre lo que hicieron. Su papel esa noche está llenó de especulaciones.
La construcción de esos tres círculos de seguridad dan pie a preguntas que tras 18 meses de investigación, no tienen respuesta. Ángela Buitrago, cabeza del GIEI, dijo que los eventos esa noche se dieron en una superficie más amplia, y duraron más tiempo del admitido hasta ahora. Según su reporte final, los grupos criminales pudieron operar toda la noche sin problemas en una extensión de 80 kilómetros, pese a que, acotó Buitrago, el Ejército, la Policía Federal y las policías municipales tuvieron conocimiento cada segundo, de dónde estaban y qué hacían los normalistas desde que salieron de Chilpancingo. ¿Qué se decidió en esos anillos de seguridad? ¿Quiénes participaron directa e indirectamente en ellos? Ahí, probablemente, está la solución del crimen.
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