El Sistema Anticorrupción de Michoacán/Julio Castellanos
La corrupción es el peor mal que puede padecer una sociedad. Cuando tenemos gobiernos corruptos no podemos construir sociedades prósperas, que vivan en un ambiente de paz y con oportunidades. La corrupción es la principal fuente de problemas que nos aquejan día a día, como la violencia, la mala calidad de la educación, el estancamiento económico, entre muchos otros.
México se ha distinguido en el mundo por ser uno de los países más corruptos, así lo indican estudios como el de Transparencia Internacional que sitúa a nuestro país en el lugar 103 de 175 países en su ranking de países con menos corrupción. Es decir, estamos muy lejos de la situación deseable para nuestro país.
Si pudiéramos poner en dos dimensiones los factores que explican la corrupción encontraríamos que en primer término ésta se debe a una debilidad institucional tanto jurídica, de las organizaciones gubernamentales y de la propia sociedad. La segunda dimensión, que podría derivarse de la primera, tiene qué ver con un bagaje cultural que se ha consolidado a lo largo del tiempo entre la sociedad precisamente por la debilidad institucional. Por ello, es muy importante que el primer paso para emprender un verdadero combate a la corrupción se lleve a cabo mediante el diseño de leyes eficaces que permitan evitar y, sobre todo, castigar la corrupción. Si no tenemos de entrada estas condiciones, no se podrá erradicar la corrupción de una sociedad.
Por lo anterior, es de reconocer que hace algunos días, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó diversas reformas a la Constitución Política de nuestro estado con la finalidad de configurar un sistema estatal anticorrupción. Entre las principales medidas que se aprobaron destacan que ahora el Contralor del Estado será ratificado por el Congreso a la vez de que se crea un sistema de contralorías para los órganos autónomos del estado. Asimismo, este conjunto de reformas dieron lugar a la creación del nuevo Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un tema en el que Michoacán ya estaba rezagado a nivel nacional. Por otra parte, las reformas en comento confieren a la Auditoría Superior del Estado mayor autonomía técnica, operativa y de gestión, a efecto de que cumpla con la función de fiscalización conforme a los principios de posteridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Así las cosas, en Michoacán se ha dado un paso importante en materia del combate a la corrupción. Uno de los pasos necesarios para erradicar las prácticas corruptas ya se ha dado al crear este diseño institucional en el marco jurídico de nuestra entidad, sin embargo, hay que decirlo, no es una condición suficiente. Para ello, habrá que aplicar y hacer valer las leyes aprobadas. De lo que no cabe duda es que el primer paso ya se dio y eso es muy importante.
