El Quebranto Sindical/Horacio Avilés
Recientemente ha habido una serie de notas nacionales respecto a la información sobre las percepciones de los líderes sindicales magisteriales en la nación, que está basada en la liberación de la nómina magisterial pagada con el FONE. Ello ha generado controversia e inconformidad, debido a que la Ley General del Servicio Profesional Docente señala claramente que todo desvío de recursos destinados originalmente al pago de salarios magisteriales será considerado ilegal, por lo que se menciona que el sindicalismo magisterial está generando un quebrando con cargo al derecho a aprender de los niños y jóvenes mexicanos.
Es innegable que hoy en día muchos líderes sindicales son reminiscencia viviente del México corporativista del siglo pasado, y con ello, beneficiarios privilegiados de la representación de la base trabajadora, ya que por el simple hecho de ser sus líderes, se les permite no trabajar, con el supuesto objetivo de dedicarse a defender los derechos laborales de sus compañeros de tiempo completo, hecho que en la práctica muy pocas veces sucede y lo cual constituye una excepción al imperativo de devengar el salario percibido, lo que les permite poder administrar su agenda a su conveniencia sin realizar lo convenido en su contrato laboral. A la par de ello, al acaparar la relación de intermediarios entre la parte patronal y la base laboral, se arrogan una serie de beneficios que a muchos de ellos les ha permitido resolver sus necesidades económicas de por vida e incluso hasta las siguientes generaciones.
Cabe hacer mención que esto no ocurre en todos los gremios, en la iniciativa privada o en otras naciones, donde se eligen a los líderes sindicales con base en la ejemplaridad que durante su trayectoria laboral desarrollan.
En particular, en el sindicalismo propio del sector educativo, las bondades de defender a las bases magisteriales son múltiples: basta ver la nómina de la SEE para encontrar clanes enteros de los amigos y familiares sanguíneos y políticos de los líderes sindicales de las últimas décadas, donde las plazas no se entregaban al profesionista más cualificado, sino a los incondicionales y a quienes asegurasen la transgeneracionalidad del patrimonialismo con el que se asumía al magisterio.
Asimismo, es importante destacar que gracias a que la nómina federal pagada mediante el FONE ya es pública, es posible rastrear información de los salarios y prestaciones que han negociado los líderes sindicales para sí, consiguiendo dobles plazas para sí y su séquito, a la par que ingresar a la extinta Carrera Magisterial, lograr centros de adscripción más cercanos y estratégicos, así como la promoción a cargos directivos, incluso llegándose en la última década al extremo de asegurar áreas enteras dentro de la estructura de funcionarios de la SEE.
Es importantísimo que a la brevedad sea posible transparentar con el mismo rigor la nómina estatal como lo es ya la federal, ya que el 23.74% del recurso destinado a educación es proveniente de la recaudación de los impuestos de los michoacanos. Específicamente, el concepto de pago de nómina, 2 mil 919 millones de pesos se ejercen sin transparentarse conforme a las mismas reglas de los 14 mil 473 millones de pesos provenientes del FONE. Un ejemplo claro de las consecuencias de tal hecho es la opacidad que se genera en la nómina estatal estriba en que no se conocen ni siquiera los nombres con precisión de todas las personas que perciben un salario, ni su centro de adscripción, su clave de trabajo y si son comisionados a labores administrativas o sindicales. Si Michoacán logra homologar el rigor que impone la normatividad federal en cuanto al debido manejo de los fondos destinados al pago de nómina.
Aunado a lo anterior, es momento de que nazca un sindicalismo más responsable con el derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, que se apegue a la normatividad educativa vigente y que entienda a la perfección que en el Michoacán actual ya no ha lugar a los abusos y tropelías perpetrados durante décadas, que en el encausamiento del magisterio hacia el cumplimiento de la normalidad mínima y que ello constituya un bastión para que la autoridad cumpla corresponsablemente con lo mandatado en la legislación aplicable.
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