El Consejo Ciudadano

Con todo respeto no entiendo ni comparto la posición de los miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se oponen a la conformación de un Consejo Ciudadano que vigile que la auditoría que se haga a las finanzas del estado se haga bien. En todo caso lo que debe cuidarse y solicitarse al gobierno del estado, por parte de la oposición, es que el Consejo sea plural y autónomo.Personalmente participo con un grupo de amigos en el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de Michoacán, A.C., que desde hace tiempo hemos venido trabajando una agenda ciudadana de honestidad, transparencia, participación así como de autonomía de los órganos de transparencia y fiscalización del estado. Con tristeza hemos atestiguado cómo se han vuelto cotos de partidos organismos que debieran ser autónomos y cómo iniciativas que se han propuesto desde la sociedad para trasparentar las compras y adquisiciones del gobierno, para dar autonomía a la Auditoría Superior del Estado, para generar un sistema informático que permita vincular el ejercicio del gasto público, de los gobiernos estatal y municipal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial, a una red que pueda ser consultada por la ciudadanía a tiempo real con el propósito de que pueda observarse en qué y cómo se gasta el presupuesto, para aprobar una ley de participación ciudadana que no sólo incluya mecanismos de democracia directa sino también instancias de vigilancia y consejería a las instituciones públicas, entre otras iniciativas, han sido bloqueadas por intereses sectarios y partidarios.Hemos atestiguado, en suma, que no hay voluntad política para atender demandas ciudadanas ligadas a la transparencia y la rendición de cuentas.En ese contexto se ha dado el cambio de administración y ciertamente, los partidos deben admitirlo, la percepción ciudadana, más allá del linchamiento mediático y los intereses políticos electorales de la coyuntura -que hace que cada partido y sus candidatos quieran llevar agua a su molino-, no está conforme con el nivel de endeudamiento que tuvo el estado en estos años. No se trata, en mi opinión, de tomar posición a priori sobre si la deuda de Michoacán es de alrededor de 16,000, 23,000 ó 38,000 millones de pesos –creo que, en este rubro, no han sido afortunadas las declaraciones del secretario de finanzas del estado ya que tendría que esperar el fin de la auditoría para dar su opinión, pero el gobernador tiene razón en querer que se conozca el tamaño del problema; él lo vive cada día.Lo importante es que se determine, mediante mecanismos claros y legales, el monto real de la deuda y se finquen responsabilidades si hubo malos manejos en su generación –que triste, de entrada, que hoy no se conozca la cantidad verdadera del endeudamiento y que ni siquiera la conozcan las instituciones que tienen la obligación de analizar y autorizar los endeudamientos. Ello sólo corrobora el mal trabajo que hizo la legislatura pasada y no sólo eso, sino que da pie a que la opinión pública piense que fueron intencionalmente omisos; eso es negligencia; corrupción.Los ciudadanos estamos hartos de la corrupción y la impunidad, de la complicidad entre fuerzas políticas para solaparse unos a otros, de que no pase nada con el enriquecimiento ilegal de funcionarios y empresarios que resultan beneficiados de las omisiones y las decisiones de políticos que olvidan que se deben a la sociedad; que están a su servicio y no para servirse, ellos, del poder.Es por ello que la izquierda debiera ser la principal aliada de la transparencia, de la rendición de cuentas, porque eso es justicia social. La izquierda por naturaleza es progresista y vela por los intereses sociales, en especial de los que menos tienen –que son los que se ven afectados por los malos manejos de los recursos públicos, que no van a la atención de sus necesidades-; la izquierda no es conservadora ni protege intereses de los poderosos. Al solapar la opacidad traiciona su naturaleza y su compromiso social.En todo caso, al resistirse a la participación ciudadana plural, lo que uno imagina que está pasando es que en la izquierda se han colado –o les han abierto la puerta- a personajes e intereses que no tienen nada que ver con sus ideales y en vez de utilizar los recursos públicos a favor de los que menos tienen los han utilizado para sus fines y negocios personales o de grupo; han lucrado con recursos públicos. Por ello, para que no se piense mal, el PRD debe ser el principal interesado de que se aclaren, pronto y sin grillas, las cuentas de su gestión. Insisto, lo que debe cuidarse es que la composición del Consejo sea plural y realmente de ciudadanos independientes –sin intereses de por medio.El gobernador del estado ha dicho que el consejo tendría sólo la función de acompañar la auditoría externa realizada por el despacho de Felipe González Aragón a fin de que pueda cotejarse con las oficiales (local y/o federal) es decir, no va a hacer, el consejo, la auditoria ni va a fungir como inquisidor simplemente va a vigilar que las auditorías se haga bien, que no haya presiones políticas. El PRD ha dicho que no se invadan competencia del Congreso con la creación del Consejo Ciudadano y el propio ex gobernador, Leonel Godoy, ha propuesto que se sienten un grupo paritario del gobierno anterior con el actual para aclarar las dudas y dejar más preciso el tamaño del problema. Estas propuestas son razonables y están amparadas por mecanismos que las propias leyes establecen. Además, no se contraponen estas ideas con la propuesta del gobernador sino que se complementan.¿Qué es, a fin de cuentas, lo que queremos los ciudadanos?: que no haya más complicidades y que se actúe conforme a la ley, si hay responsables de malos manejos.Si el endeudamiento es mucho o poco, es harina de otro costal. Los endeudamientos públicos de los estados devienen de un problema estructural relacionado con la centralización de los recursos en la federación y el crecimiento de responsabilidades en los estados y municipios –sobre todo con la llegada de las llamadas políticas neoliberales, recordemos, como ejemplo, que en 1992, con Salinas, la llamada descentralización educativa hoy nos tiene en un galimatías difícil de solucionar solo desde lo local.Sin duda, en el endeudamiento que no esté justificado –si fuera el caso- también influyen los manejos irresponsables y los intereses políticos para que crezca de manera silenciosa pero que hoy empieza a conocerse. La complejidad del problema, de este asunto, merece, en suma, un análisis más profundo de nuestro pacto federal y de una verdadera reforma de Estado que pueda consensuarse. Empero también deja ver la necesidad de fortalecer las instituciones de fiscalización –con su autonomía, por ejemplo-, y la participación ciudadana para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En ello nadie debería estar en contra.