Denuncias ciudadanas
El pasado miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa nacional donde Aprender Primero, A.C., organización que es el ala jurídica de Mexicanos Primero, ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República por una serie de hechos que se estiman pueden constituir una conducta delictiva por parte de Liberato Montenegro, líder vitalicio de la Sección 20 del SNTE en Nayarit y sus cuatro hijos.
Durante la realización del evento, las preguntas y comentarios de la prensa nayarita especializada en la fuente educativa fueron sumamente reveladores, ya que tácita y explícitamente señalaron que existe un alud de actos de corrupción que han cometido los miembros de la familia del mencionado cacique sindical durante varias décadas, señalando que con la sempiterna impunidad en la que ha medrado, le ha construido una aureola de intocabilidad, ante lo cual se muestran escépticos respecto a si una denuncia de esta índole verdaderamente logrará transformar el statu quo que ha prevalecido en el sistema educativo nayarita, pleno de opacidad, complicidades y tráfico de favores, influencias e ingentes recursos que deberían estar siendo aplicados conforme a la normatividad establecida y cimentando el derecho a aprender de los niños y jóvenes de aquella entidad federativa.
Independientemente del proceder de las autoridades competentes y del desenlace que tenga esta demanda, el caso de los Montenegro constituye la piedra de toque entre dos de los más grandes compromisos que ha establecido con la patria el presidente Enrique Peña Nieto: la Reforma Educativa, que está enfocada en garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los mexicanos y el reciente decálogo para combatir la injusticia, la impunidad y la corrupción, para evitar que hechos delictivos y transgresores de los derechos humanos de los mexicanos vuelvan a reducir al absurdo el Estado de Derecho que debe imperar en la nación. Es imposible pensar que el Gobierno Federal sea omiso o laxo ante una denuncia de esta índole.
El efecto multiplicador de esta clase de acciones está a punto de probarse. Todos conocemos el enorme detrimento del apego a la legalidad que impera en el sistema educativo nacional y en Michoacán en particular. También sabemos del enorme hartazgo existente en vastos sectores de la sociedad respecto a medidas profundamente inequitativas, simuladas y corruptas que se han emprendido por parte de los dueños verdaderos y visibles de la educación mexicana y estatal. Por ello, el pronóstico de la expresión del cansancio ciudadano a través de denuncias es reservado. La autoridad tiene la enorme oportunidad de demostrar su vocación de servicio hacia la ciudadanía y de generar un deslinde de las fuerzas oscuras que mantienen parasitado al sistema educativo de fuerza tal que le brinde aceptación y legitimidad.
En Michoacán es imposible sustraerse al entorno, ya que las denuncias de hechos sobrevendrían masivamente, porque de proceder de la misma manera denunciaríamos a líderes sindicales enriquecidos sin que la explicación se fundase exclusivamente en el salario que tampoco devengan; a familias enteras, consanguíneas y políticas, con al menos una decena de ellos cobrando plazas docentes; denunciaríamos herencias de plazas retroactivas en jubilaciones tumultuarias validadas por autoridades a modo; denunciaríamos el masivo desvío presupuesto destinado a que nuestros hijos aprendan en mejores condiciones, redirigido a las manos y cauces que robustecerán los tentáculos de la corrupción; denunciaríamos a prestanombres y familiares políticos de los jerarcas sindicales de ayer y de hoy; a familias enteras estudiando en universidades privadas cuya colegiatura es mucho mayor que el monto del modesto salario que reportan ganar; denunciaríamos la posesión de ranchos y plantaciones enteras por parte de supuestos trabajadores de la educación que contrastan con la pobreza y descuido en su vestir para aparentar recursos escasos; denunciaríamos el montaje de un enorme tinglado para simular concursos de oposición docente, siendo que las plazas y horas a repartirse ya estaban entregadas desde antes por mecanismos oscuros y corruptos.
Recordemos que recientemente en Michoacán el Procurador de Justicia en el Estado ha señalado que tiene más de una decena de averiguaciones previas integradas en torno a las acciones de los militantes del movimiento normalista, pero a la fecha no hemos sabido que haya realizado las detenciones respectivas, ni que se haya procedido de manera firme por parte de la Contraloría del Estado con los implicados en centenares de irregularidades que se han cometido en la SEE.
Asimismo, recordemos que respecto a aberraciones, irregularidades y actos gigantescos de corrupción en el sistema educativo se han realizado incontables denuncias verbales y ante los medios de comunicación, que han llenado miles y miles de páginas de los medios de comunicación, teniendo escaso eco por parte de los funcionarios omisos y conniventes, así como por parte de las cúpulas que se continúan enriqueciendo sin límites con recursos educativos. Sin duda resultaría un parteaguas que las víctimas de los atropellos cupulares por fin denunciaran las injusticias, porque sentarían un precedente en la historia de la nación, ya que se generaría un cambio sin balas, heridos, muertos ni daños colaterales.
La denuncia ciudadana es un mecanismo muy diferente al de vandalizar, al de transgredir el derecho al libre tránsito y al de aprender, entre muchos otros. ¡Usémoslo! Amable lector, es momento de denunciar y de apoyar a quienes están dando el primer paso, firmemos en http://denuncia.finalabuso.org/ y consideremos seriamente denunciar los atropellos de los que somos víctimas.
Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y Twitter: @Erik_Aviles
