Caso Mirella Guzmán, excesos y omisiones de Castillo

La detención de la ex secretaria de Finanzas del gobierno del Estado, Mirella Guzmán, se ha convertido en la nota del día. La contadora de profesión es acusada por Alfredo Castillo Cervantes de “peculado” por la firma de un contrato de comodato de un bien de propiedad estatal por veinte años, mismo que es utilizado por el beneficiario como estacionamiento público.

Castillo señaló ante los medio de comunicación que la detención se dio porque la ex funcionaria no tenia facultades para signar el contrato de comodato, menos por veinte años, es decir, por trascender en el tiempo más allá de la duración de esa administración. De lo anterior, parte su argumento para esgrimir el supuesto “peculado”, mismo que debemos entender: al que en provecho propio o ajeno distraigan de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado, al municipio, al organismo o empresa descentralizados, o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

Para Castillo Cervantes, Mirella Guzmán distrajo de su objeto un bien inmueble (que por cierto estaba ocioso) para provecho de un tercero, aunado la supuesta falta de capacidad legal para celebrar ese tipo de convenios y el tiempo de su duración, esos son los elementos que de acuerdo a la propia información del enviado federal son suficientes para que se tipifique el delito de “peculado”, sin embargo, a juicio del que escribe, el actuar del comisionado resulta excesivo y fuera de proporción, sin sentido, ni lógica, menos con fundamento.

Primero es preciso señalar que le ex secretaria y el ex director de Patrimonio Estatal quien también ha sido requerido, sí cuentan con las facultades legales para signar esos documentos, los artículos 25 de la Ley del Patrimonio Estatal y 132 de la Constitución local lo permiten, además de manera histórica el secretario de Gobierno siempre ha otorgado poder legal (por ser el representante del Ejecutivo) para celebrar ese tipo de actos a quienes han ocupado la extinta Oficialía Mayor de Gobierno y ahora la Secretaría de Finanzas, es decir, el señalamiento de Castillo de la incapacidad legal resulta ser falsa.

Más aún, afirmar que no podía rubricar un contrato que trascendiera en el tiempo más allá de la duración de la administración a la que perteneció, resulta ridículo, carente de sentido común y prevalece la ausencia de un estudio jurídico a conciencia, pues bajo los argumento de Castillo, los contratos que pretende firmar Enrique Peña Nieto con empresas extranjeras para entregarles el petróleo (patrimonio nacional) no deberían pasar del 2018, o la deuda pública contraída por el propio Peña cuando fue gobernador, la debió pagar antes de dejar el cargo.

Por otro lado, resulta excesiva e irracional la postura y argumentos esgrimidos por Castillo en este caso, pues para él, el contrato de comodato a favor de un tercero que usa el bien para un estacionamiento debe considerarse como “peculado”, sin embargo, si usan ese criterio, deberían ejercer la misma acción por el comodato entregado por noventa y nueve años a los dueños del Club Monarcas y de Televisión Azteca, pues a esa empresa le fue otorgado el estadio Morelos en comodato gratuito y de igual manera el inmueble es explotado con fines de lucro.

Bajo los criterios de Castillo y Jara, se debería de indagar el contrato del estacionamiento de la vieja central, que de igual manera es explotado por un tercero, al cual además el Ayuntamiento de Morelia le paga un millón de pesos mensuales, o las aportaciones económicas realizadas por Fausto Vallejo al Teletón, cuyos recursos no estaban autorizados por el Congreso del Estado y tampoco se encontraban presupuestados en ningún programa operativo.

Se pueden señalar también la entrega de mil quinientos millones de pesos que realizó el primer secretario de Finanzas de Vallejo al SAT cuando se condonó el ISR a los gobiernos locales, o deberían de iniciar de inmediato una averiguación penal por el desvío de recursos que asciende a tres mil millones de pesos detectados por la Auditoria Superior del Estado en la administración de Vallejo, también deberían indagar el fraude de las luminarias de Morelia o los “moches” a los diputados federales y presidentes municipales, pero además se debe ser parejo, se debe revisar el origen de los bienes de priistas y panistas, pues de la noche a la mañana muchos dejaron de jugar futbol y empezaron a jugar golf.

Sin duda alguna se debe sancionar cualquier irregularidad o afectación al erario público, no debe caber la impunidad en el Estado o el país, sin embargo, en este caso en especial encuentro muchas irregularidades, excesos y omisiones, me queda claro que Alfredo Castillo está inmerso en la partida electoral, incluso se ha extralimitado de sus funciones, pues los delitos del orden común deben ser atendidos por las autoridades locales y no las federales, por ello estoy cierto que el tema de Mirella Guzmán se trata de una jugada mediática con fines electorales, y es probable que sea una respuesta a los resultado de la última encuesta publicada donde el PRD encabeza las preferencias electorales rumbo a la gubernatura del Estado y en la que el propio comisionado se encuentra reprobado por los michoacanos.

Notas finales: un prestigiado académico y abogado me lo señaló en redes sociales, puede ser un tema inmoral, pero no ilegal; también es un buen pretexto para tapar el crecimiento de la inseguridad en Morelia y el Estado; ojo parece que hay un juzgador de consigna.