Café para todos
Hace una semana, el lunes 2 de diciembre, 4 ladrones de trailers observaron cómo un camión de carga se estacionaba en una gasolinería en el poblado de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.
Los individuos se dieron cuenta que era una buena oportunidad de hacerse de un productivo botín y asaltaron a mano armada al chofer, a quien obligaron a bajar del vehículo, para apoderarse de la unidad.
Esta fue trasladada a Hueypoxtla, una localidad vecina, donde los ladrones pensaron en bajar la carga, que consistía en unos extraños objetos metálicos. Sin saber a ciencia cierta de qué se trataba, suponían que la venta de estos enormes aparatos metálicos podría representarles una buena suma.
Lo que nunca imaginaron fue que lo que habían robado era un aparato médico utilizado para terapia radiactiva anticáncer en un hospital del Seguro Social de Tijuana, que se hallaba en tránsito hacia un confinamiento para chatarra nuclear.
Animados por las ganancias que podrían obtener, procedieron a abrir el contenedor, y al hacerlo violaron los sellos de seguridad y extrajeron una esfera de apenas 2 centímetros de diámetro que contenía el material radioactivo.
Ese mismo día o al siguiente debieron comenzar a escuchar las noticias sobre el robo y las advertencias de que la manipulación de este equipo peligroso podría provocar la muerte.
Entonces decidieron abandonar el contenedor en un cerro de la localidad de Hueypoxtla. Hasta ahí llegaron miembros de otra familia y al ver que ese extraño artefacto podría venderse como fierro viejo lo trasladaron hasta su vivienda. De hecho, se comenta que hasta una persona se ofreció para comprárselos.
Al final, al escuchar las noticias -tanto este último grupo de personas como los ladrones-, decidieron acudir a un hospital para someterse a un chequeo. De este modo, las autoridades examinaron a todos los que entraron en contacto con la carga radiactiva y constataron que no sufrieron daños a su salud, excepto 2 de los ladrones, de un grupo de 5, aunque uno de ellos era menor de edad, que extrañamente fue liberado. El resto de ellos fueron entregados a la Policía Federal y llevados a la Procuraduría General de la República para ser interrogados.
El pasado lunes, un juez decretó el arraigo por 40 días a los 4 acusados del y una quinta persona fue señalada de intentar comprar ese material. Fuentes de la PGR dijeron que los 4 adultos están acusados por el robo del vehículo y por delitos “contra el medio ambiente en modalidad de transporte de material peligroso”.
Los 5 sospechosos son habitantes de San Bartolo Cualtlalpan, Estado de México, cerca de Tizayuca. Los involucrados no presentan trastornos de salud, pese a haber estado en contacto con el equipo que contenía el material radiactivo, debido a que la carga ya era de baja intensidad.
El lugar donde se halló el contenedor fue aislado desde el miércoles pasado y hasta el pasado lunes todavía no había sido llevado a un confinamiento, porque hacía falta colocar la cápsula en un nuevo contenedor.
Las autoridades señalaron que por ahora no se ha detectado contaminación radiactiva grave. Sin embargo, lo que parecería un simple robo de un tráiler, se ha venido complicando y ha generado incertidumbre y sobre todo, múltiples interrogantes.
Por ejemplo, entre la población de Hueypoxtla -pero también de Tizayuca-, ha cundido un clima de zozobra, porque no se sabe cuántas otras personas habrán estado expuestas a la radiación del Cobalto 60. Los residentes de Hueypoxtla aseguran que nadie les ha informado sobre los efectos de la radiación y exigen información e instrucciones sobre lo que deben hacer para evitar ser afectados.
Habitantes de las colonias Juárez y España, de ese municipio, exigieron a las autoridades de todos los niveles, información sobre el material radiactivo en la zona. Asimismo, colocaron carteles de protesta donde exigieron que se aclare a la comunidad si existe riesgo de contaminación por radiación.
En tanto, ciudadanos de Tizayuca han realizado más de 50 llamadas a las oficinas de la dirección de Protección Civil y Bomberos de esa localidad, para informarse acerca del posible peligro que pueden correr.
MODIFICAR LA NORMA OFICIAL, TEMA PRIORITARIO
Mientras tanto, un grupo de expertos propuso modificar la norma oficial para que en un máximo de 5 años se prohíba el transporte de sustancias y materiales tóxicos o peligrosos en vehículos de doble remolque.
En el fondo de todo esto subyace un problema recurrente: el de la transportación de sustancias peligrosas en camiones inseguros, de doble remolque, sobrecargados, sin ningún resguardo ni sistemas de comunicación vía satelital para localizarlos en caso de algún incidente. Como éste, ha habido al menos 500 casos, según reveló este lunes el diario Milenio, con base en información clasificada.
Por fortuna, hasta hoy ninguno ha ocasionado una emergencia mayor, pero este episodio revela que sin existir peligro de una guerra nuclear, ni contar con un arsenal de ese tipo, no estamos a salvo de un incidente que involucre sustancias radiactivas.
El informe de Milenio revela que en 2012, en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sucedió algo similar, pues ahí fue abandonada una fuente de Cobalto-60, irradiando furtivamente a quien se acercara a unos cuantos metros.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias fue informada hasta mucho tiempo después y de inmediato prendió las alarmas y activó sus protocolos de emergencia, enviando a un equipo de especialistas para constatar si se trataba de algo serio.
Los expertos hallaron que en efecto así era, pues sus contadores Geiger marcaron 150 microsieverts por hora, una cifra muy por encima de lo normal, que equivale a 2 veces la emisión de radiación de una radiografía de tórax, con la diferencia de que ésa dura unos cuantos minutos, suficiente para generar daños a la salud, en caso de una exposición prolongada.
El material fue retirado con sumo cuidado y varias personas fueron examinadas en busca de rastros de radiación. No se indicó si hubo casos positivos. No obstante, se sabe que desde 2011, ha habido varios bultos con material radiactivo en aduanas de la Ciudad de México, Toluca, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Es claro que ya va siendo hora de que las autoridades adopten medidas realmente de primer mundo, para evitar que se suscite una emergencia mayor de este tipo, algo que todos creerían un hecho excepcional y no un peligro más probable y real de lo que se cree.
GRANOS DE CAFÉ
El “castigo” por el daño ocasionado al monumento ecuestre de Carlos IV de España, más conocido como “El Caballito” finalmente recayó sólo sobre funcionarios y empleados menores del gobierno del DF. Ni Alejandra Moreno Toscano, autoridad del Centro Histórico, ni Inti Muñoz Santini, titular del Fideicomiso respectivo -los verdaderos responsables-, fueron siquiera amonestados. No se les tocó ni con el pétalo de una rosa.
Existen todas las pruebas de que la Autoridad del Centro Histórico, fue quien adjudicó de forma directa que la empresa Marina, Restauración de Monumentos, que se encargara supuestamente de rehabilitar el monumento creado por Manuel Tolsá, e inaugurado el 9 de diciembre de 1803 en la capital del país.
Fue su obligación de que la firma del tristemente célebre Arturo Javier Marina Othón, cumpliera a cabalidad con la normatividad para garantizar el trabajo, pero ello no ocurrió, porque en realidad no les importa y se consideran intocables.
Este evidente hecho de complicidad y hasta corrupción en el Gobierno del Distrito Federal, descalifica la política de Miguel Ángel Mancera, porque tanto Moreno Toscano como Muñoz Santini debieron ser removidos de sus cargos por el jefe de Gobierno, o por lo menos, por decoro o vergüenza, ellas mismos debieron haber presentado sus respectivas renuncias.
No alienta mucho la inhabilitación por 10 años contra la empresa Marina, Restauración de Monumentos, a quien consideraron responsable directa del daño a ese monumento histórico, porque el perjuicio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, asciende a poco más de un millón 415 mil pesos, que hasta ahora se ignora quién cubrirá.
De acuerdo con el oficio 0M/SG/DGA/DRMSG/1222/2013, del 6 de septiembre pasado -emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el que se comunica a la empresa de Arturo Javier Marina Othón, la adjudicación directa de los trabajos de restauración de El Caballito-, la responsable de coordinarse con la empresa, era precisamente la Autoridad del Centro Histórico.
Esta evidencia, aunada a las pruebas de un manejo discrecional en la asignación de los trabajos de restauración y de la notificación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respecto a que los trabajos se hicieron sin su autorización, deja en claro que se protege a toda costa a Moreno Toscano y a Muñoz Santini
A ello se suma que en reunión del 2 de mayo del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, se estableció que la entidad encargada de llevar a cabo la reparación de El Caballito era la Autoridad del Centro Histórico.
Pero como ante la presión pública había que encontrar chivos expiatorios, por lo pronto -además de la mencionada empresa -fueron sancionados por la Contraloría capitalina, José Vicente Arias, empleado de la Dirección del Fideicomiso del Centro Histórico, Alejandro García Aragón y ex director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Gobierno capitalino.
Asimismo, se castigó a Anabell Cabrera Méndez, empleada de honorarios y María del Carmen Gutiérrez Mora, de la Dirección Ejecutiva del fideicomiso, quienes fueron suspendidas 60 y 90 días, respectivamente
La pregunta obligada ante los hechos es: ¿quién apadrina a Moreno Toscano y a Muñoz Santini, para que -ante la dimensión del escándalo-, hayan quedado impunes? “¿Y nosotros por qué?” seguramente exclamaran con desfachatez a la manera de Vicente Fox.…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
