Café para todos
La indispensable “fuerza del Estado” fue aplicada por fin a los maestros que azolaban el Zócalo y amenazaban con boicotear las Fiestas Patrias. En un operativo limpio -como lo calificaron muchos observadores-, se pudo desalojar a los manifestantes. Unos pequeños focos de resistencia, sobre todo representados por jóvenes anarquistas y uno que otro docente radical, se rehusaron en el último momento a ser desalojados e inclusive prendieron fuego a algunas tiendas de campaña el pasado viernes, en víspera de las los festejos de la Independencia.
Sin embargo, el operativo comandado por el Comisionado Nacional de Seguridad Pública Manuel Mondragón y Kalb, consiguió lo que no se había atrevido a hacer nadie en las últimas semanas por temor a que se reviviera el “fantasma del 68” y se diera algún mártir al movimiento que lo alimentara y catapultara.
El Comisionado aseguró que se blindaría la plancha del Zócalo de la Ciudad de México “por un tiempo”, lo que está por verse porque los maestros, ayer al medio día, amenazaban con retornar.
Lo más importante es que éstos ya recibieron el mensaje de que no podrán seguir haciendo lo que quieran y que las autoridades no se quedarán con los brazos cruzados. Los defeños están hartos de que su ciudad esté de cabeza, como también seguramente los pobladores de otras zonas del país que han sufrido este tipo de demostraciones, como el caso de Chiapas, Oaxaca o Guerrero.
El doctor Mondragón y Kalb hizo un balance del operativo que encabezó para desalojar a los docentes de la Plaza de la Constitución y dijo que el operativo duró unos 7 minutos, es decir, ni siquiera los 10 que se pensaba.
Vehículos de la Policía Federal derribaron con chorros de agua las lonas y casas de campaña que los miembros de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE) habían instalado en la Plaza de la Constitución. Los vehículos entraron por la calle Pino Suárez y de inmediato lanzaron el líquido para derribar las barricadas de los manifestantes, quienes fueron replegados a las orillas del Centro Histórico y se les cercó hasta anularlos por completo.
Los sobrevuelos de los helicópteros Black Hawk desanimaron a los protestantes, que lanzaban piedras y blandían tubos. Desde el 8 de mayo los maestros se habían apropiado de un espacio que es de todos los mexicanos y lo convirtieron en un lugar privado, donde no sólo prendían anafres y se preparaban alimentos, sino se robaban la luz y ocupaban las coladeras como baños públicos.
La plaza, donde se ubica el Palacio Nacional, la catedral metropolitana y la sede de la jefatura de gobierno de la ciudad, es un lugar si no sagrado, sí muy simbólico e importante. Ahí está el centro religioso, el corazón político y el epicentro geográfico de la capital mexicana.
Por ello, no es admisible que vengan hordas de personas radicales que pretenden continuar disfrutando de una serie de privilegios que les están vedados a otros sectores. Los miembros de la CNTE quieren perpetuar sus privilegios y colmaron por completo la paciencia, rebasando todos los límites.
Por eso no hay más que aplaudir que por fin las autoridades se hayan fajado los pantalones. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera no se atrevió a tomar medidas, y quizá tenga sus argumentos. No es un problema local, sino de la Federación, y sus propios colegas perredistas -en Guerrero y Oaxaca, principalmente-, se encargan de enviarles y financiar a los maestros, con tal de tenerlos lejos.
Habría qué preguntarse quién paga la renta de las tiendas de campaña, los viáticos y el transporte a los miembros del magisterio. No se necesita ser mago para saber que se financian con dinero público, aunque hay quien sugiere que también lo hacen con los secuestros, pues hay varios miembros de la CNTE encarcelados en Oaxaca por este delito.
El operativo limpio de Mondragón -por 3 puntos estratégicos de la plaza-, demuestra que las autoridades pueden ejercer la fuerza legítima del Estado, y ajustarse a los protocolos, sin que se levanten quejas por violaciones a los derechos humanos o abusos.
No se entiende cómo es que hasta ahora no se habían usado las tanquetas con chorros de agua. La tolerancia había llegado a niveles excesivos, lo que explica la cada vez mayor irritación de los ciudadanos.
Los maestros no quieren ceder y desean de plano que se derogue la reforma educativa. Inclusive han llegado al extremo de pedir que sólo Oaxaca quede como un estado al margen de la reforma. Pero como eso no ha sido posible, han advertido que seguirán en la capital hasta que se dé marcha atrás a los cambios constitucionales.
LOS “MAESTROS” EXIGEN MÁS DINERO Y PRIVILEGIOS
En el fondo, lo que quieren es más dinero y privilegios. Existe la sospecha de que desalojaron el Zócalo a cambio de una suma indeterminada pero que eso solo compró tiempo, porque piensan regresar cuanto antes.
Las autoridades de seguridad pública han dado un paso muy importante. Si no frenan a los “maestros” manifestantes, estarán dando un muy mal precedente y la gente terminará castigándolos en las elecciones.
No se puede dar un paso adelante y dos atrás. Si ya hubo un desalojo -que por cierto estuvo precedido por otro para impedir que se bloqueara el Periférico-, entonces se debe seguir con esa línea.
No se deben impedir las manifestaciones callejeras, porque están garantizadas por la Constitución, pero sí debe impedirse a quienes quieran apropiarse de los espacios públicos y estrangular las arterias vitales de la capital y de otras ciudades.
Afortunadamente también en Xalapa hubo un desalojo de maestros. El ejemplo de las autoridades federales está cundiendo en otras zonas, y bien harían bien los gobiernos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en seguir estos precedentes y demostrar firmeza, porque ya es hora de ponerles un alto a estos supuestos manifestantes “civiles” que más bien actúan como si fueran fuerzas de choque.
Tarde o temprano tendrán que convencerse de que una minoría no puede poner condiciones y que los privilegios del pasado ya no pueden continuar. Por ahora aparentemente rige una tensa calma y una especie de tregua. Sin embargo, se espera que sigan las manifestaciones.
La CNTE podrá seguir saliendo a las calles pero tendrán que hacerlo bajo nuevas condiciones, sabiendo que si cruzan la línea corren el riesgo de ser desalojados.
El gobierno federal debe mantener la mano firme, no dura, para demostrar que la fuerza legítima del Estado lo faculta a dar preferencia a los ciudadanos para garantizar la libre circulación.
México ha estado en manos de unos cuantos rentistas y grupos monopólicos. Es hora de que vayan cediendo espacios y que se enteren que la sociedad organizada desea más libertad.
Se debe seguir dialogando pero para avanzar, no para retroceder. Además, las negociaciones no deben ser en lo oscurito, sino conocerse los acuerdos a los que se llegue.
El comisionado Mondragón y Kalb es un hombre respetado pero no puede hacer todo solo. Necesita respaldo y si está exponiendo su propia reputación para poner en orden a la ciudad, requiere que el gobierno en su conjunto reme a su favor.
Los gobernadores de los Estados ahora deberán también respaldar estas acciones y aplicar la ley hasta las últimas consecuencias.
Se necesita aislar lo más posible a los grupos radicales que por cierto no actúan solos, sino reciben el respaldo de otras organizaciones acostumbradas a hacer lo que se les da la gana.
Las autoridades deben saber que cuentan con el respaldo de la mayoría de los mexicanos, que están acompañados y que si hasta ahora han actuado con prudencia es por civilidad, pero nada es para siempre.
GRANOS DE CAFÉ
En la mar de malas noticias, por lo menos una buena destaca en el panorama nacional: el retiro del cobro de IVA a las colegiaturas privadas, que estaba contemplada en la iniciativa de Reforma Hacendaria.
Para miles de estudiantes sin recursos económicos y que no han tenido cabida en las instituciones públicas de educación media y superior, sin duda es una buena nueva, aunque el problema de fondo emerge ante evidente proliferación de escuelas, institutos o universidades denominadas “patito” -que incluso carecen de reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP)-, e imparten fraudulentamente 7 mil 84 programas de licenciaturas, maestrías y doctorados.
De tales programas educativos, equivalentes al 45.6 por ciento de las opciones de estudio de nivel superior en el sector privado, a 921 se les negó el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOE), aunque nunca trascendió qué instituciones privadas las imparten, ni el número de estudiantes que los cursan, en abierta violación al artículo 56 de la Ley General de Educación.
La esperanza es que ahora que se aprobaron y promulgaron las leyes secundarias de la Reforma Educativa, la Secretaría de Educación Pública los someta a los criterios de evaluación que el polémico Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) establezca, para comenzar a transformar el pobre perfil académico que tiene el mexicano promedio -sea alumno de instituciones públicas o privadas-, como quedó plenamente demostrado durante la evaluación que se hizo de la educación en México.
Hay que tener presente que de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de manera vergonzosa México ocupa uno de los últimos lugares en el plano educativo...Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
