Café para todos
Poco a poco, de manera sutil al principio y luego cada vez más fuerte, hasta alcanzar los decibeles suficientes como para que se escuche a nivel internacional, el clamor en pro de la legalización de la marihuana, comienza a crecer de modo tal, que sus acérrimos partidarios y promotores, estiman que en poco tiempo podría llegar a debatirse en las cámaras.
El jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, ha manifestado su apoyo para un debate sobre su legalización y ha señalado que la Ciudad de México “no tiene miedo” a participar en él, aunque más bien debió decir que “los perredistas de la ciudad de México”, impulsan su legalización
“Creo que el debate debe de ser de muy alto nivel; habría que analizar toda la experiencia de estos diálogos que se tuvieron ya con los países americanos, y verlo en una perspectiva regional”, afirmó.
Lo dijo apenas el pasado día 28, en una conferencia “banquetera” ante periodistas después de un acto oficial; es decir, no se lo contó a un amigo, que se lo dijo a otro y lo hizo público. Por lo tanto, quiere decir que Mancera habla en serio.
Según él, tendrían que intervenir en ese análisis grupos civiles que están en favor de la legalización de la marihuana, así como organizaciones regionales.
El jefe de gobierno señaló que quienes fuman tabaco tienen una adicción y les provoca daños a la salud o causan la muerte, pero es un legítimo derecho, como tomar alcohol o no y lo mismo valdría para la marihuana.
Sin embargo -fuera del panista, locuaz e irresponsable ex presidente Vicente Fox-, parece que a quienes les interesa de sobremanera el tema de la legalización, es a los perredistas y a sus adláteres orgánicos con Mancera a la cabeza, tendencia a la que se sumó recientemente el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien se muestra abiertamente a favor de esta medida.
Ramírez dio a entender que su entidad sería el segundo punto del país, después de la ciudad de México, que podría legalizar la marihuana, en el marco de un movimiento que parece estar ampliándose cada vez más.
“Despenalizar la mariguana sería muy importante en un cambio de estrategia para bajar el nivel de violencia que existe porque está asociada al tráfico ilegal”, afirmó tajante y recordó que en la guerra civil de 1910, la marihuana se consumía “para calmar el hambre y apaciguar los ánimos”.
El entusiasta mandatario anunció que “para bajar los índices de violencia” impulsará la despenalización de esta droga e indicó que así como los ciudadanos tienen derecho a fumar o no tabaco y a consumir o no bebidas alcohólicas, también “deben tener derecho a decidir si consumen marihuana o no”.
Bajo esta óptica, al igual que Mancera, le faltó decir también que de paso se gestione la legalización del secuestro o el asesinato, en esta cascada de “derechos ciudadanos”.
El pronunciamiento de Graco Ramírez ocurre a unos días apenas de que ex funcionarios de varias administraciones recientes, activistas y analistas hicieran también público su apoyo a este movimiento.
El secretario de Gobernación en la administración calderonista, Fernando Gómez Mont, el canciller en tiempos de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, el secretario de Hacienda con Carlos Salinas Pedro Aspe, el secretario de Salud con Ernesto Zedillo Juan Ramón de la Fuente y la activista María Elena Morera, que encabeza una organización no gubernamental anticrimen y el escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, se pronunciaron por la despenalización de la marihuana, bajo el argumento de que el enfoque punitivo ha tenido un “alto costo” para el país.
Durante el foro “Marihuana: ¿despenalizar su consumo?”, los señalados coincidieron en que se debe abrir paso a políticas públicas con enfoque de salud y sustituir las medidas de corte punitivo por la prevención.
“Es tiempo de sustituir a las Fuerzas Armadas por médicos y psicoterapeutas”, afirmó Gómez Mont. “Los costos pagados en el país por el combate al narco han sido muy elevados y no han dado los resultados debidos ante el problema de salud actual”, argumentó.
Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y psiquiatra de profesión, señaló que hay sectores de la población que se oponen a la propuesta de legalizar la mariguana.
“¿Qué es preferible, que detengan a sus hijos fumando mariguana y los lleven a la cárcel, o que sea sometidos a un tratamiento?”, indicó de manera simplista el otrora prestigiado académico, quien indicó que preguntas como ésta “deben ser parte de un debate serio para luego convidar que el consenso es posible”.
LAS CÍFRAS ENGAÑABOBOS DE JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
De la Fuente echó mano de las cifras para respaldar sus propuestas: la posibilidad de volverse adicto a la marihuana es de 9 por ciento, mientras que el de cocaína es de 17, y el de tabaco 32.
En los accidentes fatales en 29 por ciento de los casos fue por causa del alcohol, y sólo en 2.5 por los influjos de la marihuana, según las cifras citadas con tintes maniqueos por el ex rector de la Máxima Casa de Estudios, quien perfectamente sabe que ese 2.5 por ciento de referencia no se ha incrementado sensiblemente, debido a que su consumo y comercialización están todavía prohibidos, y que los efectos inmediatos de la adicción al tabaco de ninguna forma puede compararse a los de la mariguana.
De despenalizarse, el número adictos y accidentes bajo el influjo de esta droga se incrementaría exponencialmente y sus efectos serían catastróficos en términos de producción y salud pública.
Jorge G. Castañeda, historiador, académico y ex canciller dijo que la postura que defienden “no es una panacea frente al problema de los delitos contra la salud”.
Sin embargo, dijo que sí representaría un paso en el camino correcto para cambiar un enfoque en el que se ha apostado más por la cárcel que por atender un problema de salud pública.
Para Pedro Aspe, experto en economía, afirmó que en esta materia la despenalización de la mariguana “reduciría su costo y ello disminuiría las utilidades extraordinarias e impactaría en la reducción de prácticas como corrupción de funcionarios públicos, contratación de sicarios y compra de armamento, aunque parece olvidar que cuando a los grandes capos no les es redituable un “negocio”, cambian inmediatamente de estrategia y se enfocan a otro ilícito como los secuestros o el cobro de “derechos de piso”.
Aguilar Camín señaló que hay miles de presos en el país por consumo de marihuana, mientras que en Estados Unidos ya se comienza a legalizar su consumo.
Se trata de “una reforma pequeñita, pero con una cola muy larga”, agregó.
María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa Común, indicó que se busca separar del sistema penal a quienes consumen droga. de quienes se benefician de su comercialización.
Sin tomar en consideración las políticas aleccionadoras de países como Holanda -que ante el saldo negativo experimentado en más de 35 años por el libre consumo de drogas, están a la búsqueda de mecanismos camerales para implementar su prohibición-, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el pasado día 1, con 50 votos a favor y 46 en contra, un proyecto de ley para legalizar el cultivo, la distribución y la venta de marihuana.
Según el proyecto, presentado por el partido Frente Amplio (FA), del presidente José Mújica, se permitirá el cultivo de hasta seis plantas de marihuana y los consumidores podrán registrarse ante el organismo público que se creará para regular el proceso de compra-venta y la importación, a través del que podrán comprar hasta 40 gramos al mes en farmacias habilitadas.
Empero, el debate sobre la legalización de la marihuana en México está apenas iniciando, pero el asunto de fondo no es si afecta o no el “negocio” de los capos narcotraficantes.
El verdadero tema a discutir, es a cuántos millones de mexicanos jóvenes afectará esta medida; cuántos se quedarán en el “viaje”, rumbo al uso de otro tipo de drogas más potentes o cuántos millones de adictos -que no aportan al crecimiento del país-, requerirán de atención médica para intentar salir de su infierno.
Seguramente que ninguno de los políticos irresponsables o intelectuales demagogos, se han puesto a pensar seriamente en ello.
GRANOS DE CAFÉ
… La reforma energética entrará a discusión estigmatizada de origen, ya que nadie en nuestro país confía en que Petróleos Mexicanos no será privatizado para beneficio de los inversionistas extranjeros. La amarga realidad de las reformas aplicadas a lo largo de nuestra historia prueba que estas acciones de gobierno terminan en deterioro de la calidad de vida de los mexicanos.
Allí están los más de 53.3 millones de mexicanos en pobreza que el calderonato dejó en los últimos 2 años, lapso durante el cual se presumió de finanzas sanas, soportadas, en parte, en el aumento del precio de combustibles como la gasolina que pasó en 2006 de 6.85 pesos el litro de Magna a 11.69 el sábado pasado, es decir casi el doble en 6 años, con el consecuente impacto negativo en la economía familiar.
Incuestionablemente Petróleos Mexicanos debe ser saneado y poner fin a la agobiante corrupción que ha hecho inoperante a la paraestatal, ya que desde la misma Dirección General y a través de las gerencias se incuban y reproducen todo tipo de vicios patrimoniales con el consecuente daño a las finanzas de la petrolera y, obvio, de todos los mexicanos.
Solamente por la “ordeña” de ductos Pemex pierde 20 mil millones de pesos anuales -cifras del 2009- y ha reconocido que al 30 de junio de este 2013 registró mil 421 puntos de robo en los ductos, la mayoría en Tamaulipas, Veracruz y Estado de México, robo que mayormente se acredita al crimen organizado, especialmente a Los Zetas.
Lo inadmisible es que a pesar de que la paraestatal sabe de los puntos de “ordeña”, no los impida, lo que naturalmente mueve a sospecha de colusión con alguna autoridad de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Está claro que es urgente invertir en exploración y explotación, pero por sobre todo en refinerías que permitan incorporar valor agregado al crudo, en lugar de venderlo barato al exterior y comprarlo caro transformado en manufacturas.
El camino hacia un acuerdo nacional en la materia es largo, tanto que el mismo dirigente nacional del PRI, César Camacho, declaró que de no lograrse la reforma en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia el uno de septiembre y terminal el 31 de diciembre, la discusión podría alargarse hasta el 2014.
Por lo pronto los trascendidos son que la propuesta presidencial de reforma energética contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para romper el monopolio en la industria petrolera y crear contratos de producción compartida en petróleo. La moneda está en el aire...Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
