Café para Todos/Alberto Carbot
El nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal entró ayer en vigor, en medio de una gran expectativa sobre sus efectos para inhibir la mala conducta de los ciudadanos al volante. La nueva norma busca fomentar la cultura cívica, el respeto a los señalamientos viales, remarcar la obligación de los automovilistas de dar prioridad al peatón y al ciclista y hacer de la urbe un espacio más habitable donde impere una mayor convivencia.
En teoría, todo está muy bien. El problema radica que las multas son tan desproporcionadamente elevadas con relación al nivel de vida promedio de los capitalinos, que llevará a la ruina a muchas personas que con muchos esfuerzos y sacrificios se han hecho de su auto o que lo están pagando en no muy cómodas mensualidades pactadas a cuatro, cinco y hasta seis años, y harán que todos extrañemos la vieja y tan denostada tenencia.
Tal vez el gobierno capitalino piense que la mayoría de los que utilizan automóvil en la ciudad son ricos, pero esa es una percepción equivocada, porque la clase baja y la media opta por un vehículo -no por gusto-, sino por necesidad, ante la mala calidad del transporte público.
Por ello, las multas son a tal grado confiscatorias que parecen estar diseñadas para ser usadas con fines recaudatorios más que con el propósito de hacer cumplir la ley, proteger a los peatones y los ciclistas o desalentar el uso del automóvil.
Especialistas han alertado sobre el carácter excesivo de las multas de tránsito e incluso aconsejan acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el caso de que injustamente la policía vial aplique una sanción por cometer alguna infracción.
Aunque el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal es constitucional por las facultades que le confiere la Carta Magna al gobierno de la Ciudad de México para elaborarla y aplicarla, presenta ciertos aspectos inconstitucionales, según el abogado Elías Arturo Morelos.
El jurista considera que las multas elevadas no tienen razón de ser al menos en términos legales, además de que no se explica racionalmente la causa por la que se aplica una sanción pecuniaria más alta por una violación determinada que por otra.
Por ejemplo, utilizar el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento, amerita una multa de hasta 2 mil 446 pesos, pero circular sin licencia o permiso de conducir se castiga con hasta mil 398 pesos y remisión del auto al corralón.
Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de circulación, se castiga con apenas 699 pesos pero no respetar el programa Hoy no Circula aplica una cuota con 2 mil 097 pesos y remisión del auto al corralón.
También se sanciona a quien usa el claxon para un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito y provocar ruido excesivo con el motor, como lo suelen hacer los camiones de carga o de transporte público. En ambos casos se impone una multa de 699 pesos.
Transitar por zonas escolares sin disminuir la velocidad ni extremar precauciones, y no ceder el paso a los escolares, se salda con una multa de mil 398 pesos
Exceder los límites de velocidad en vías de acceso controlado (de 80 kilómetros por hora) en vías primarias (50 kilómetros por hora) y en vías secundarias, de 40 kilómetros, tendrá una penalización que alcanzará los mil 398 pesos.
El tema de la velocidad es por cierto motivo de debate, porque no se entiende por qué se puede circular a 80 kilómetros por hora en el segundo piso y sólo 50 kilómetros por hora en calzadas como Tlalpan, Periférico o Viaducto.
¿Será que ninguna de las autoridades capitalinas se ha desplazado en coche a esa hora por las madrugadas? Ir a 50 kilómetros es no sólo riesgoso porque otros automovilistas manejan como desaforados, sino el ciudadano queda a merced del hampa, que puede fácilmente interceptar al automovilista y asaltarlo o secuestrarlo.
Hay por supuesto multas justificadas. Por ejemplo, participar y organizar arrancones aplica un castigo monetario de 2 mil 097 pesos, arresto administrativo de hasta 36 horas y el envío de los vehículos al corralón.
Frente a estas megamultas, “quedamos en estado de indefensión todos los contribuyentes o todos los conductores, porque el reglamento aplica tanto a vehículos, como peatones, ciclistas y motociclistas, señala Elías Arturo Morelos.
“Se nos trata de inhibir, pero la Asamblea Legislativa no da argumentos de por qué de este aumento en las multas. Sólo dice que es para disminuir accidentes o darle seguridad al peatón”.
El argumento es pertinente y amerita recurrir a los tribunales, pero lo ideal sería que una buena masa crítica de ciudadanos capitalinos se pusiera de acuerdo para confrontar jurídicamente esa norma.
Sorprende la pasividad con que los residentes de la capital han recibido y tácitamente acatado la nueva reforma. Parece ser que los tomó desprevenidos o que se diseñó expresamente para que los humos generados por las festividades navideñas nublaran nuestro entendimiento y nos hicieran reaccionar como borregos.
IMPOSIBLE FRENAR EL CAOS VIAL EN LA CIUDAD
Es verdad que los conductores en la ciudad de México y en general en el país no se destacan por el cumplimiento de las leyes. Es cierto que no hay cultura de respeto, ni a las señales de tránsito ni a los peatones, y mucho menos a los agentes de tránsito, a los que se vilipendia con mucha frecuencia. Sin embargo, difícilmente con normas tan severas se logrará frenar el caos vial imperante en la ciudad.
La alternativa es dejar el auto en la cochera o fuera de la casa para los que no tienen donde guardarlo y tomar el Metro y los microbuses, pero el sistema de transporte masivo, subterráneo o de superficie, es tan ineficiente que parece no ser una opción.
El abogado Elías Arturo Moreno señala que las intenciones del gobierno de la ciudad pueden ser “extraordinarias”, pero el reglamento “es inaplicable, sobre todo en esta época decembrina”.
Ahora, habrá también qué preguntarse por qué se aplican multas tan altas, justo a mitad del sexenio del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y no falta el desconfiado que se pregunte si en el fondo no será que el gobierno está creando un “cochinito” para en todo caso financiar una costosa campaña presidencial del 2018.
Y es que los ciudadanos están hartos de las mentiras y demagogia de quienes los gobiernan. Además, seguramente estos impuestos, tarifas y multas nunca tendrán un equivalente a las necesidades de la ciudad como la seguridad pública, pavimentación, recolección de basura o servicio de agua y drenaje.
Porque resulta que en esos rubros parece que vamos de mal en peor. Para ejemplo basta un botón: el encarpetado en la ciudad tiene más agujeros que un queso gruyere. Hace mucho tiempo que los ciudadanos no ven labores de pavimentación en el Distrito Federal, ni balizado de las calles.
A lo único que se ha limitado el gobierno de Mancera, es a tapar los agujeros, y eso después de que durante meses enteros, estos permanecen abiertos.
La capital está llena de curitas, cuando lo que se requiere es una cirugía mayor.
El tema de la basura es otro ejemplo. Por doquier se observan -sobre todo en las colonias populares-, montones de basureros clandestinos. Ahí donde la gente descubre que hay un montículo de bolsas rodeado de moscas ahí se le ocurre arrojar más basura. Los camellones también están por el mismo tenor. Y nada de esto ocurriría si el gobierno del DF pusiera énfasis en usar los recursos públicos para mejorar el sistema de recolección de residuos.
Pero lo que parece ser es que la preocupación mayor del gobierno perredista es ver la mejor forma de esquilmarle el escaso dinero con que cuentan los ciudadanos sin atender las necesidades urgentes de la ciudad.
Más que fomentar la cultura cívica, lo que se disparará es la mordida y el abuso por medio de las famosas cámaras que captarán cualquier violación del reglamento.
Nadie discute que no se deba castigar a quien usa el celular mientras maneja o al que no se ponga el cinturón de seguridad. Sin embargo, no es la mejor manera de hacerlo aumentando exponencialmente las multas. Lo que se logrará es irritar aún más al ya molesto ciudadano, harto de que se le despoje de sus escasos recursos obtenidos con mucho sacrificio. Mancera lo pagará caro en las urnas, si es que por desgracia tiene la descabellada idea de lanzarse como aspirante a la Presidencia.
En el PRD nada podrá hacer frente al gobernador michoacano Silvano Aureoles, quien ha demostrado que sí tiene palabra y sobre todo, pantalones. Ya lo veremos en menos de mil días.
GRANOS DE CAFÉ
… El caso del “diputado migrante” que ha sido calificado como el mayor robo de identidad de la historia de México daría risa si no fuera un asunto tan patético y maquiavélico, que exhibe al desnudo la manera tan impune con que algunos dirigentes políticos, sobre todo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se conducen amparados en la impunidad.
Se trata de un fraude tan sucio y torpe que avergüenza a todos los chiapanecos, pues no se puede entender que el entonces candidato y después legislador “migrante”, Roberto Pardo Molina, ahora ya desaforado y expulsado -después del niño ahogado tapan el pozo-, haya actuado en forma tan desaseada y cínica, sin que nadie se hubiera dado cuenta.
Aquí sólo hay de dos sopas: o el gobernador Manuel Velasco Coello estuvo al tanto desde el principio de esta burda maniobra o sus asesores se lo ocultaron. Si lo primero es cierto, se trata de un hecho que revela una enorme dosis de cinismo, y si lo segundo, es peor, porque resulta inadmisible que un mandatario pueda gobernar sin que esté al tanto de este tipo de asuntos.
El acto de malabarismo propio de cualquier payasito de fiesta, consistió en registrar a más de 16 mil chiapanecos como habitantes del extranjero, siendo que no habían salido probablemente nunca ni siquiera de su pueblo, para luego manipular su voto electrónico a fin de depositarlo a favor de Pardo Molina.
Lo increíble es que si bien más de 7 mil votos corresponden a personas supuestamente residentes en Estados Unidos, el resto fueron registradas como residentes en países improbables y remotos como Armenia, Liberia, Cabo Verde, Uganda y Vietnam, para hacer un total de 42 países. Ciertamente creíamos que la diáspora chiapaneca era grande pero no que estuviera tan dispersa. Pardo Molina convirtió a sus paisanos en judíos errantes.
Pero el teatrito se vino abajo cuando los votantes aludidos pudieron votar en la elección federal de 7 de junio pero no en la local un mes después. Luego, resultó que el organizador de este gran fraude es Vicente Manzur Molina, primo del “diputado migrante”.
Las autoridades electorales están obligadas a actuar con severidad para castigar esta escandalosa impostura que pone en evidencia prácticas caciquiles con instrumentos posmodernos en Chiapas, como lo es la tecnología de la información…
…La incertidumbre provocada por la falta de pago a proveedores, en los 3 niveles de gobierno, ya ocasionó el reclamo de la iniciativa privada a las autoridades responsables de las finanzas nacionales y aún al propio jefe del ejecutivo. Y esta se avivó con las recientes declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien de plano mandó hasta el próximo año las expectativas de pago a quienes construyen la infraestructura del país -incluido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México-, lo que puede ser el preámbulo de una recesión, especialmente si se considera que los precios del petróleo siguen en picada.
Aunque pareciera alarmista hablar de recesión, no hay otra explicación a la falta de crecimiento de la economía mexicana y el prolongado adeudo, factor que llevó al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, a alertar a Peña Nieto del riesgo en que están millones de empleos por la falta de pago a las empresas proveedoras de la administración pública, independientemente de su tamaño.
Sin matices, el líder empresarial refirió que son miles las empresas que padecen el incumplimiento en el pago por los bienes y servicios prestados y millones los empleos que tales empresas generan y que no podrán sostener ante la falta de liquidez que enfrentan precisamente por la demora en los depósitos.
Este escenario también obliga a replantearse la realidad financiera del país, más allá de anuncios triunfalistas como los que se difunden como resultado de las reformas constitucionales, ya que todos los sectores que venden sus bienes y servicios coinciden en que están a punto de quebrar.
Ejemplos son muchos, pero basta con referir al sector de las comunicaciones y transportes, que no ha podido pagar una buena parte de las obras de infraestructura que ha realizado y que implicaron de las empresas constructoras sumas fabulosas que simplemente no han recuperado y, al decir del secretario Ruiz Esparza, no serán pagadas sino hasta enero del 2016, si bien les va.
Otra denuncia es la de los prestadores de servicios de Guerrero, como los hoteleros, que aseguran estar a punto de quiebra, porque no se ha pagado el hospedaje y la alimentación de miles, de elementos de la Policía Federal, emplazados en ésa y muchas otras entidades.
Obviamente, surge la pregunta respecto al destino que se dio a los más de 6 mil 284 millones de dólares que recibió el país por el pago del seguro de cobertura petrolera y que las autoridades financieras anunciaron se emplearía para cubrir el gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1°, décimo sexto párrafo, de la Ley de Ingresos para el 2015…
… El próximo lunes 28 se reunirán en la ciudad de Tapachula, Chiapas, los integrantes de la generación 72-75 de la Escuela Preparatoria Miguel Alemán Valdés-CECYT del Soconusco.
El evento -que con motivo del 40 aniversario de dicha generación se llevará a cabo a iniciativa de entusiastas exalumnos y del maestro Jaime Vilches exdirector de la mencionada institución-, ha sido exitosamente replicado entre sus integrantes, quienes se han sumado de manera entusiasta a la convocatoria. Se tiene programada la develación de una placa alusiva y la entrega de reconocimientos…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]
