Análisis político

Las leyes secundarias de la reforma político electoral le están saliendo a los mexicanos más caras que un hijo bobo, y el jaloneo entre los prohombres de las leyes está poniendo en peligro las formas y los tiempos, mientras el tiempo vuela más rápido que el viento y ya están encima los procesos electorales del 2015, en los que se renovarán la Cámara de Diputados federal, nueve gubernaturas estatales, congresos locales y presidencias municipales. Pero eso ¡¿a quién realmente le importa!?

En principio, las leyes secundarias deberían de haber estado aprobadas el 30 de abril, para cumplir con los tiempos constitucionales. Pero no se ponen de acuerdo los partidos políticos porque cada quien quiere llevar la mayor cantidad de agua a su molino. Es en última instancia, la reforma electoral, un asunto de intereses partidistas.

Lo dijo ayer el perredista Alejandro Encinas: No hay condiciones para citar a comisiones: Siguen atorados con el modelo de acceso a los medios de comunicación y las candidaturas comunes, la sobre y subrepresentación de los partidos en los Congresos estatales, los casos de recuento de votos cuando la diferencia sea menos a 1% y las casuales de nulidad por dolo de una elección.

Ya habían logrado avances en el prorrateo, en el voto de los mexicanos en el exterior, en equidad de género, entre otros asuntos no tan conflictivos. Pero este lunes parecía que todo estaba empantanado en el Senado. Ni PRI, ni PAN, ni PRD quieren dar su brazo a torcer, aunque en los hechos todavía tienen tiempo para cumplir con los tiempos. Si las leyes secundarias, sobre todo la ley general electoral que sustituiría al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), quedan listas el 30 de mayo, el Instituto Nacional Electoral tendrá herramientas jurisdiccionales para organizar las elecciones.

Pero… Pero habría que preguntarse. Qué tan importante es el asunto electoral para los mexicanos. Lo es para los partidos políticos porque de ello depende su sobrevivencia como opciones para tener acceso a cualquier nivel de poder gubernamental. Lo es para que los partidos, o mejor dicho sus dirigentes, continúen usufructuando los beneficios económicos financieros que les otorgan las leyes electorales.

Pero para la ciudadanía. En honor a la verdad. ¿A la ciudadanía le interesa la reforma electoral? En qué la benefician nuevas instituciones como el INE, nuevas leyes, nuevas formas de organizar las elecciones. En realidad. Seamos honestos. A la ciudadanía le tiene sin cuidado porque ya no cree en las instituciones. Las mayorías ya no creen en la democracia representativa.

Lo que en realidad le preocupa a los ciudadanos es el cotidiano sufrir por la inflación, por la carestía de los precios de los productos de la canasta básica; la carestía de los combustibles como las gasolinas, entre otros. Les preocupa la educación de sus hijos, los servicios médicos, la suerte de los hospitales del Seguro Social en donde desde hace algún tiempo se están rechazando a los enfermos terminales y los mandan a morir a su casa, y todo lo que tiene que ver con el bienestar material inmediato. Que haya pan, que haya medicamentos, que haya con qué taparse la denudes. Pero les importa un bledo quién gana una elección de gobernador, o quiénes obtienen una curul en la Cámara de Diputados.

¿Qué al final pueda cancelarse la fecha del periodo extraordinario y diferirlo para la siguiente semana? La verdad. A quién le importa que no sean los diputados y senadores y las dirigencias de los partidos de la odiosa Partidocracia.

Ya pueden rabiar Emilio Gamboa, Jorge Luis Preciado, Miguel Barbosa, o Manlio Fabio, Silvano Aureoles o Luis Alberto Villarreal. La reforma electoral es un asunto de clase. Le interesa a la clase política. Al pueblo… al pueblo… Ah, pinche pueblo.