Teléfono Rojo / José Ureña
- La federación hace un postrer llamado de auxilio a los gobernadores
- La SEP registrará las ausencias y ellos deberán ejecutar los despidos
- Se acabó la civilidad: los ataques en campañas pasan a los dirigentes
Por fin el gobierno federal decidió enfrentar al magisterio.
La reforma educativa, como advirtió el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, no está sujeta a negociación y se aplicará en todos sus términos en todo el territorio nacional.
Es la despedida a la Coordinadora, a la cual en algún momento el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, otorgó la representación del magisterio para molestia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Juan Díaz de la Torre.
Pero hay un problema: los gobiernos estatales.
Son el gran obstáculo para su instrumentación.
El mayor ejemplo, qué duda cabe, es Oaxaca.
El gobierno de Gabino Cué ha sido el peor en los resultados de los propósitos educativos pese al respaldo de la administración de Enrique Peña Nieto cuando ordenó la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Fue, cómo no recordarlo, una operación quirúrgica del entonces subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación, Javier Treviño Cantú, eficiente secretario interino a la salida de Emilio Chuayffet Chemor.
Por decisión presidencial Aurelio Nuño sustituyó a Chuayffet Chemor y el nuevo titular mantuvo la firmeza, pero los huestes violentas de Rubén Núñez reciben su salario íntegro aunque falten a clases, paren escuelas, bloqueen arterias, ataquen comercios, vandalicen edificios públicos y agredan a ciudadanos.
La federación ordena y los estados ejecutan
Ahí está el siguiente paso, en las autoridades locales.
La orden presidencial es parar por fin –y para siempre, todo hace suponer- a una Coordinadora ajena a todo proyecto educativo y de desarrollo del país.
Esta actitud de gobierno –de Estado, diríase- incluye coordinación y apoyos oficiales a los gobernadores con problemas serios por la influencia de los movimientos opositores a la reforma educativa.
Están identificados hasta en orden:
Gabino Cué en Oaxaca, Silvano Aureoles en Michoacán, Héctor Astudillo en Guerrero yManuel Velasco en Chiapas.
¿Cómo se actuará?
Como lo ordena una coordinación elemental:
La Secretaría de Educación Pública (SEP) concentra los datos de todos los empleados –administrativos y docentes- y con los reportes ordenará en primera instancia el descuento salarial y, en segunda, el cese laboral.
Los gobiernos estatales tienen la palabra.
Los ataques en campaña pasan a dirigentes
1.- Las contiendas políticas en curso han roto otra regla.
Antaño los ataques eran entre candidatos.
Hoy se extiende a los dirigentes partidistas.
Un ángulo es la denuncia del vocero panista en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez, al jerarca priista Manlio Fabio Beltrones de guerra sucia en Tamaulipas.
La respuesta estuvo a minutos:
Desde el PRI se dieron datos sobre el dirigente panista Ricardo Anaya: su esposa y sus hijos viven y estudian en Atlanta gracias al dinero pagado por el candidato tamaulipecoFrancisco García Cabeza de Vaca.
Nuevas reglas, pero mayor virulencia.
2.- La apuesta por el turismo ha sido benéfica al país, afirma el secretario Enrique de la Madrid.
En la misma inercia, el candidato priísta a gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, promete convertir a ese estado en el destino más importante del país.
No va mal Murat: la entidad aporta 16.2 por ciento del PIB estatal, general nueve mil 557 empleos directos y 23 mil 893 indirectos.
Y 3.- el jerarca del Grupo Salinas dejó claro ante empresarios de Monterrey un dato: la prosperidad debe salir del sector privado.
El empresario, dijo Ricardo Salinas Pliego, “es quien desarrolla negoc ios, toma riesgos e invierte su patrimonio en proyectos productivos”.
No se quedó en ese señalamiento: los empresarios comprometidos con el futuro “añaden valor social a través de vínculos positivos con las comunidades y generan valor ambiental”.
Ojalá se escuche su voz.
