En esta semana arrancó el censo a partir del día 26 de septiembre y hasta el 29 de noviembre del presente año iniciará el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial para integrar el Sistema de Información y Gestión Educativa, ubicar geográficamente todos los planteles, y conocer el estado de la infraestructura instalada, el equipamiento y el mobiliario escolar.

Se visitarán 270 mil 611 centros de trabajo, lo que permitirá saber con precisión cuántos alumnos, maestros, escuelas, directivos escolares y supervisores existen en la educación básica y especial de planteles públicos y privados.

Los resultados preliminares se entregarán a la SEP el 16 de diciembre de este año, y los definitivos se entregarán el primer trimestre de 2014.

Lo anterior es en seguimiento a una de las acciones enunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto al tomar posesión, en donde señaló “la realización de una iniciativa para reformar el Artículo 3° y la Ley Federal de Educación para eliminar las plazas vitalicias y hereditarias, así como crear el sistema de evaluación educativa y censo de escuelas, maestros y alumnos”.

Posteriormente en las 95 acciones de gobierno se volvió a enunciar tal medida mediante “la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. “Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que (…)  a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”.

Al respecto, hay coincidencia en que suprimir la herencia de plazas es urgente, ya que si se continúan traficando las entidades federativas continuarán sumidas en la crisis financiera. Respecto al censo señalado, recurrir al INEGI para levantar un censo exhibe la imposibilidad de la SEP de contar con datos fehacientes, y muestra falta de coordinación con los gobiernos estatales. Sin embargo, contar con información fidedigna sobre escuelas, maestros y alumnos es exigencia ciudadana y necesidad insatisfecha que debe resolverse en este sexenio. En Michoacán, dar a conocer el padrón de trabajadores de la educación sin duda conmocionará a feudos sindicales, políticos y partidistas, lo cual ya se ha comenzado a dilucidar mediante el cruce de nóminas que ya han arrojado nombres y pistas que se han publicado en este diario recientemente.

La CNTE mientras tanto, presa de reaccionarismo acérrimo mediante un formato distribuido a manera de panfleto en las escuelas bajo su yugo se ha planteado “analizar el impacto de la trampa contra los derechos laborales que significa el CENSO de escuelas, alumnos y maestros de educación básica”.

En él se manifiestan rechazando “totalmente el CENSO del INEGI-SEP: Por ser parte del plan empresarial y de la OCDE que implementan en nuestro país, con la complicidad del gobierno federal y el Pacto por México, para aniquilar nuestros derechos laborales, la estabilidad en el empleo y la plaza de base”.

¿Desde cuándo conocer cuántos maestros, alumnos y escuelas hay en la nación les amenaza a sus derechos laborales?

Asimismo afirman que el Censo “viola los preceptos originales de los Artículos Tercero, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ser parte del plan neoliberal de despojar a los mexicanos de la soberana e independencia nacional”, lo cual definitivamente no se ve por ningún lado. Lucrando con la opacidad, se pretende dejar sin posibilidades a los niños y jóvenes mexicanos de conocer el estado de la educación en la nación.

Mientras tanto lo rechazan porque consideran contiene “dedicatoria para correr (sic) masivamente del servicio a cientos de miles de trabajadores de la educación, cerrar escuelas de Educación Especial en los estados y tener bien detectados los puntos neurlógicos (sic) en las escuelas, que serán cargados a los gastos de los padres de familia y, peor aún, abrirle el negocio que significan las escuelas públicas para los saqueadores de la Iniciativa Privada”.

Asimismo, contraviniendo las disposiciones del IFAI en el sentido de brindar trato de servidores públicos a los trabajadores de la educación, la CNTE señala que con el Censo intenta el Gobierno “ubicar con nombre y apellidos a los trabajadores de la educación y violentar nuestros derechos laborales con la reforma educativa regresiva y aplicar sin piedad para el magisterio, alumnos y padres de familia sus “leyes” reglamentarias del INEE, LGE y LGSPD, reglamentarias (sic) de la reforma a los Artículos 3º y 73º de la Carta Magna”.
También revelan sus temores cupulares ya que la CNTE señala que el censo “esconde la negra intención de ubicar a la resistencia magisterial para el acoso, amenazas y represión permanente que las estructuras administrativas de la SEP, los gobiernos y los charros del SNTE practican contra los compañeros trabajadores de la educación que defienden en todo el país la escuela pública, los derechos laborales, el normalismo y la Patria”. ¡Como si se les hubiera sancionado alguna vez!

Finalizan su libelo disfrazado de acta elaborada espontáneamente señalando que “no permitiremos que la SEP, a través del INEGI, ubique selectivamente al magisterio movilizado para que empiecen las sanciones mayores o actos de intimidación en cascada”.

Ante tal demostración de acciones desesperadas ante la transparencia educativa, es un hecho que el Censo debe implementarse. No hay motivo ni pretexto alguno para que el país entero conozca el estado de las escuelas, maestros y alumnos.

Sus comentarios son bienvenidos a [email protected] y Twitter: @Erik_Aviles