Inauguran espacio provisional de ejecución de sanciones en Zitácuaro

Zitácuaro, Mich., 1 de octubre del 2012.- Juan Carlos Campos Ponce acudió en su calidad de Presidente Municipal a la inauguración del espacio provisional de ejecución de sanciones en Zitácuaro y a la presentación de la Jueza Yuritzi Sánchez Ramírez. Destacó que en su trabajo como Diputado Local de la LXXI Legislatura, fue impulsada y aprobada la ley de ejecución de sanciones penales en tiempo y forma con el mandato de la Reforma Penal Constitucional del año 2008, de acuerdo a un comunicado de prensa.“Hoy con ésta figura de juez de ejecución de sentencias en Zitácuaro, se espera que la situación de los internos cambie al igual que el sistema de beneficios a que tienen derecho mejore y se aplique de manera clara, además de monitorear que los internos cumplan sus sentencias con respeto de los derechos humanos”. Finalizó diciendo que espera que las controversias en las prisiones, se desahoguen de una mejor manera.La nueva figura de juez de ejecución de sanciones penales es un ejemplo de que el nuevo sistema pondera el respeto a los derechos humanos, ya que mediante ellos se verifica el correcto cumplimiento de las sentencias, resuelven peticiones de las víctimas u ofendidos sobre reparación del daño, garantizan la legalidad y transparencia de los procesos de ejecución de sanciones.Por otro lado se hacen respetar los derechos humanos de internos y sentenciados, resuelven las solicitudes sobre otorgamiento de beneficios y sustitutivos penales, y supervisan las condiciones de los centros de reclusión mediante visitas periódicas.Con esta figura, el Poder Judicial se convierte en la autoridad competente para regular la ejecución de las sanciones penales, que antes de la reforma correspondía a la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.Sin embargo, es importante señalar que la administración de los Centros de Readaptación Social se mantiene a cargo del Poder Ejecutivo.En conjunto, los jueces de ejecución de sanciones penales y la autoridad administrativa deben velar por los derechos de los internos, como: recibir un trato humano y los medios de salud, educativos, laborales, sociales, recreativos y deportivos para su reinserción a la sociedad; comunicar inmediatamente a su familia y abogado su detención, así como su traslado a otro centro en el momento de ingresar al mismo; presentar todo tipo de escritos, peticiones y quejas ante los tribunales y organismos de protección a los derechos humanos; y mantener contacto periódico con sus familiares y defensa.