Comuneros de Aquila piden pago inmediato y fin de represión

MORELIA, Mich., 9 de febrero d3e 2012.- Luego de un plantón que ha permanecido en el patio de maniobras de la mina Ilsa filial de Ternium desde el pasado 28 de diciembre, habitantes de la Comunidad de San Miguel Aquila, exigieron el pago inmediato del adeudo que la trasnacional tiene con comuneros además de exigir fin a los actos represivos por parte de elementos federales.En voz de Juan Manuel Ramírez Magallón, en representación de los comuneros, precisaron que un monto de poco más de 200 millones de pesos es la cantidad que les adeudan por la explotación de mineral además de que se pretende pagar a bajo costo las toneladas extraídas de hierro así como el acarreo del material.Ante este escenario y tras los hechos violentos registrados el pasado siete de febrero, los comuneros advirtieron que mantendrán el plantón además de reconocer que tienen en su poder un promedio de 15 tractos que no serán entregados hasta lograr acuerdos que convengan a la comunidad, no obstante, manifestaron que por el momento no existen condiciones para dialogar con la empresa.De este modo, Ramírez Magallón, informó que los comuneros demandan el pago a cinco dólares por tonelada extraída además de que se demanda un monto por acarreo de cien pesos por tonelada, así mismo, exigieron “queremos una planta tratadora de agua, pedimos que no intervengan en nuestra autonomía como comunidad indígena, queremos sentarnos y hacer nuevo contrato de ocupación temporal como a la sociedad convenga”, solicitaron.Y es que precisaron que se extrae diariamente un promedio de 10 mil toneladas sobre todo hiero con el 75 por ciento de pureza, “lo que les duele es que tenemos parado también el trabajo minero en Colima porque es de menor calidad al de Aquila, lo revuelven con el nuestro y le aumentan el estándar, sacan la Ley de precio con la que a ellos sí les va bien”, dijo.Los habitantes detallaron que la comunidad indígena cuenta con 21 mil 600 hectáreas por resolución presidencial y título virreinal, cuya cantidad de hectáreas asciende a cuatro partes, en tanto que la concesión de Ternium señalaron, es de 73 hectáreas de las cuales “la comunidad indígena nunca recibió ni indemnización del Gobierno ni siquiera la oportunidad de tener esa concesión y las hectáreas que ocupa la comunidad son 370, al inicio les daba 200 pesos a los comuneros por esa ocupación, desde hace seis años es de mil 500 pesos anuales, es una verdadera burla”, consideró Juan Manuel Ramírez.Agregó que la intención del Gobierno Federal con su presencia fue par aobligarlos a negociar con la empresa quien insiste dijo en pagarles la tonelada de mineral en 3.30 pesos por tonelada con lo que les impiden realizar sus propios proyectos pensados para que la derrama económica sea más equitativa para los habitantes de la comunidad.“No se animan a dialogar con la comunidad sólo giran información en las calles, eso a nosotros nos pone en peligro con la delincuencia organizada, tendríamos el riesgo de que levanten a nuestras autoridades o a nuestros comuneros”, dijo.Agregó que “me consta de palabras de ellos que dicen prefiero darle dinero al Gobierno que pagarle a estos pinches indios; no es la primera vez que nos invaden tenemos hostigamiento de diversos lados”, aseguró.De igual forma afirmó que la extracción ha impactado en el medio ambiente y en el agua que sale contaminada con plomo y materiales pesados que afectan en la salud de los animales y de los habitantes de la región.Finalmente los comuneros narraron los actos violentos de los cuerpos de la fuerza pública federal cuyo connato derivó en al menos 10 lesionados por lo que demandaron fin a la represión.