Temen habitantes de Mirador de Ocolusen irrupción policial

MORELIA, Mich., 4 de diciembre de 2015.- Luego de que el pasado 14 de noviembre habitantes de la colonia Mirador de Ocolusen, al Oriente de la capital michoacana, denunciaran intentos de desalojo de parte de las autoridades, los vecinos indicaron que ya cuentan con un amparo a su favor, pero temen que se dé un nuevo intento.

Tras una llamada telefónica a Quadratín una de las vecinas del predio indicó que este recurso lo obtuvieron el pasado 23 de noviembre, después de que el asesor legal con que cuentan los respaldara al respecto.

El documento los protege para evitar que en la zona se construyan caminos y se lleve material a una obra que se construye en el sitio y que. demandan, es lo que pretenden efectuar algunas personas que encabezan trabajos en la Loma de Santa María.

Pese a ello, la ciudadana indicó que los habitantes están inquietos de que en próximas horas o días los uniformados regresen al sitio y pretendan despojarlos de sus predios.

Aseveró que luego de la agresión que sufrieron la noche del 13 de noviembre han regresado al lugar más elementos y tomado fotografías, lo que los hace pensar que está latente una nueva irrupción de la autoridad.

Refirió que cuentan con la denuncia al respecto, pero perciben poca disposición de la autoridad correspondiente desde semanas antes que se han presentado y que han representado un temor generalizado de parte de los pobladores.

Ese día que acusaron agresiones, indicaron que este es un predio en proceso de regularización y que todos los ejidatarios cuentan con los documentos que los acreditan como dueños legítimos y pese a ello en la zona había elementos de Fuerza Ciudadana, quienes impedían el paso de las personas a una zona más alta.

De este asunto, las personas afirmaron que iniciaron un camino de terracería para el paso de ellos mismos, no para tránsito vehicular, como lo ha usado personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para ingresar a las obras de La Loma, pero el paso es por terrenos privados.

Esta cuestión afecta a 33 ejidatarios de la zona que están en riesgo de perder su propiedad.