Sistematizada justicia electoral para formar derecho procesal: TEPJF
MORELIA, Mich., 18 de julio de 2016.- Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que la Justicia Electoral se ha sistematizado para formar el Derecho Procesal Electoral, que incluye los medios de impugnación, así como la tutela de los derechos político-electorales del ciudadano y la organización electoral.
De acuerdo a información en un comunicado, el magistrado Flavio Galván ofreció la cátedra “Garantías constitucionales y garantías electorales”, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España, en donde indicó que el Derecho Procesal Electoral puede blindar el sistema real de elecciones y garantizar que efectivamente sea el voto ciudadano el que determine el resultado.
Explicó que, en México, la misma Constitución federal tiene la previsión de que debe existir un sistema de medios de impugnación, que garantice la constitucionalidad de todos los actos y resoluciones en materia electoral, así como la definitividad de los actos electorales y de las etapas constitutivas del procedimiento electoral.
Destacó que el Derecho Procesal Electoral tiene un desarrollo importante en República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y México, países en los cuales se ha establecido un sistema jurisdiccional de garantía o de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Para poder hablar de justicia electoral, no sólo se incluye la parte impugnativa, sino la defensa de los derechos político-electorales y políticos de los ciudadanos, así como la parte organizativa. El Derecho administrativo sancionador electoral, en México, tiene una evolución importante, que incluye la revisión de la conducta de los partidos políticos, de los ciudadanos, de las coaliciones y autoridades, para poder determinar si su actuación está o no ajustada a Derecho.
“Lo que se busca es garantizar que todo el procedimiento electoral, es decir, todas las etapas preparatorias de las elecciones se lleven a cabo conforme a Derecho, conforme a la Constitución y conforme a las leyes aplicables en cada caso”, agregó el Magistrado.
Hace falta tener más control del dinero en la política y saber de dónde llegan las aportaciones
Galván Rivera comentó que en los procedimientos electorales hace falta tener mayor control sobre la información del dinero en la política, es decir, conocer de dónde vienen las aportaciones, quién las hace; además cómo y cuánto se gasta, incluso se ha solicitado a los candidatos tanto de partidos políticos como los postulados de manera independiente, que rindan informes sobre sus gastos de campaña.
En este sentido, señaló que: “el informe oportuno de gastos de precampaña y de campaña, así como la sanción de pérdida del registro como candidato o negativa, en su momento, del registro como candidato si no se otorga esta información oportunamente, es correcto”, porque contribuye a tener un mayor control de los recursos destinados para tal fin.
En su exposición mencionó que el sistema electoral de garantías constitucionales se ha ido ampliando y perfeccionando desde una reforma de 1977, “de alguna manera para hacerlo también con la reforma del 2011 a la Constitución de México al reconocer como derechos constitucionales a los derechos humanos”.
El Magistrado de la Sala Superior dijo que se ha empoderado a los ciudadanos, quienes, incluso, pueden impugnar la omisión legislativa que consideren vulnera alguno de sus derechos político-electorales, a partir del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano.
En este sentido, refirió que, ante la omisión del Congreso del Estado de Coahuila de expedir la legislación sobre candidaturas independientes, se promovieron juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Congreso local convocar a un periodo extraordinario de sesiones y emitir la normativa para que los ciudadanos puedan tener certeza jurídica de participar o votar por un candidato independiente.
