Congela PGR cuentas bancarias y asegura empresas y a Javier Duarte
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2016.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades, como resultado de las investigaciones que realiza al gobernador con licencia del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a toda la red de amigos, familiares, ex servidores públicos y personas, imputados de hechos delictivos en agravio de los veracruzanos y de todos los mexicanos.
Señala un comunicado que las medidas, que forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, tienen como finalidad limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos por parte del mandatario y sus cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia, así como en garantizar la restitución del daño patrimonial causado a las familias veracruzanas, en virtud de que dichos recursos estaban destinados a su desarrollo y bienestar social.
Asimismo, la PGR emitió el Acuerdo de Recompensa por hasta 15 millones de pesos, a quien o quienes aporten información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los que resulten.
Las acciones que se describen a continuación han permitido tomar el control de bienes y recursos presumiblemente obtenidos de manera ilícita, además de fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas
Hay dos Carpetas de Investigación cuyo sujeto es el gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, y toda una red de presuntos implicados. A dichas carpetas se integraron otras dos que fueron atraídas, y que había iniciado la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal.
Se tienen 75 indagatorias, 32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al desviar recursos, entre otros.
Se han obtenido nueve órdenes de Aprehensión, teniéndose dos de ellas cumplimentadas.
Se han asegurado dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco de la Ciudad de México, así como el rancho denominado “Las Mesas”, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. También se aseguraron aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche.
Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias.
Se tienen 112 cuentas bancarias aseguradas a personas físicas y/o morales como parte de las investigaciones.
Se han realizado cuatro operativos en el Estado de Veracruz, en los cuales participaron más de 150 elementos ministeriales quienes han realizado diversas diligencias en instituciones estatales.
Se han ejecutado siete cateos en diversos domicilios de la Ciudad de México y Valle de Bravo, Estado de México.
A efecto de obtener información sobre inmuebles adquiridos, cuentas bancarias en el extranjero y localización de empresas y personas relacionadas con los hechos investigados, se han tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos de América, España y Costa Rica.
El Agente del Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo la Vinculación a Proceso en contra del Director General de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado de Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Abuso de Autoridad.
La PGR seguirá actuando con independencia, imparcialidad y objetividad, en coordinación con otras instancias del Gobierno Federal, para evitar que los presuntos responsables puedan aprovechar y usar los recursos obtenidos de manera ilícita, y para llevarlos ante la justicia.
