Sobrepobladas en un 124%, las 420 cárceles del país
MORELIA, Mich., 22 de diciembre de 2013.- El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) aseguró que el actual sistema penitenciario es ineficaz e incapaz de readaptar, pues mientras más se endurecen las penas, mayor es el índice de reclusos reincidentes y menor la satisfacción en la readaptación y reinserción de miles de internos.
Consideró que la precariedad e ineficacia de los programas de readaptación social se han profundizado con el aumento desmedido de los reclusos; el control interno de las cárceles están en manos de pandillas y liderazgos, mientras que los programas de educación son poco efectivos y la disociación es cada vez mayor.
De acuerdo con la organización México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas, las cárceles mexicanas en la actualidad “no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas”.
Además, las 420 del país están sobrepobladas a una capacidad promedio de 124 por ciento, es decir, conviven 242 mil prisioneros en espacios diseñados para 195 mil.
En este sentido, los estados con las cárceles más sobrepobladas son Nayarit, que trabaja a una capacidad actual de 188 por ciento; el Distrito Federal, al 184 por ciento, y Jalisco, al 176 por ciento. Incluso, tres prisiones de alta capacidad en la Ciudad de México superan su ocupación en más de 200 por ciento: el reclusorio preventivo Sur con el 274.17; el Oriente con 225.87 y el Norte con 217.65 por ciento superior a su capacidad.
En el mismo tenor, el legislador destacó que en la cárcel distrital de Tepeaca, Puebla, la sobrepoblación llega a 400 por ciento: en ella conviven 266 internos en un espacio diseñado para 46, lo cual es contrario a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la Organización de las Naciones Unidas.
El diputado Villanueva Albarrán recordó que el artículo 18 de la Constitución establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, procurando que no vuelva a delinquir y reciba los beneficios que prevé la ley.
Sin embargo, ninguno de los principios torales de la reinserción social se cumple, por lo que los internos lejos están de contar con estos servicios y, en consecuencia, de hacer una realidad su rehabilitación social.
Indicó que los centros penitenciarios no establecen políticas ni programas que contribuyan a la recuperación y tratamiento de las personas en estado de reclusión, por lo no se cumple con lo estipulado en la Constitución.
Ante este panorama, el legislador manifestó la necesidad de reformar los artículos 2 y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de diseñar un apartado que obligue a los centros penitenciarios y reclusorios a incluir el deporte, como un método para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos a la sociedad.
Agregó que esto no sólo permitirá armonizar la ley general con lo ordenado por la Carta Magna, sino que contribuirá a que el deporte sea considerado como medio para coadyuvar el fomento del desarrollo de la activación y la cultura física, el cual es fundamental para evitar la ociosidad, fuente de problemas y a la que se asocia directamente con el consumo de drogas y la violencia.
La iniciativa, turnada a la Comisión del Deporte, también plantea que se faculte al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, para que coordine y evalué los procedimientos y programas destinados a promover y fomentar esta actividad como un medio de rehabilitación y reinserción de todos los reclusos en el país.
Reiteró que el deporte en la prisión es necesario tanto para los internos como para el personal de vigilancia, ya que su ausencia significaría más conflictos, al no tenerse una vía para canalizar ansiedades, agresividades y, en definitiva, una serie de situaciones generadas por las condiciones de reclusión.
