Sentencian a 10 años de prisión a violador
Apatzingán, Mich., a 10 de Diciembre de 2015.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo una sentencia condenatoria de más de 10 años de prisión para un individuo que agredió sexualmente a una menor discapacitada.
De acuerdo a un comunicado de prensa, el ahora sentenciado responde al nombre de Arturo R., de 41 años de edad, quien está recluido en el Centro de Reinserción Social de ésta ciudad por el delito de violación, ilícito cometido en agravio de una menor de 16 años de edad.
De acuerdo a los datos que constan en el proceso, estos hechos se registraron en el mes de octubre del 2014, cuando el ahora sentenciado se acercó a la agraviada con la finalidad platicar con ella, pero una vez que estaba con ella y se percató que presentaba problemas de desarrollo mental, con engaños la condujo hasta su vivienda, donde consumó la agresión sexual.
Tras los hechos y en virtud de que fue amenazada para que no platicara a nadie lo ocurrido ya que de lo contrario el victimario atentaría contra ella, la agraviada regresó a su domicilio.
Fue hasta el mes de septiembre cuando la madre de la víctima se percató de los hechos, por lo que la menor fue trasladada por su progenitora ante la representación social de la PGJE a fin de formular la denuncia penal correspondiente.
Derivado de los hechos la Procuraduría General de Justicia del Estado integró y consignó ante el juez penal de la averiguación previa, quien giró la orden de aprehensión misma que fue cumplida como resultado de las investigaciones realizadas por personal de la PGJE.
Una vez que se desarrolló el proceso, el órgano jurisdiccional competente sentenció a Arturo R., a purgar una pena corporal de 10 años con 6 meses y al pago de 14 mil 384.25 pesos como reparación del daño.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, confirma su compromiso ante la ciudadanía de combatir por todos los medios legales los ilícitos de su competencia, con el objetivo de hacer prevalecer el estado de derecho y recuperar la confianza de la sociedad en la institución del Ministerio Público.
