Se gastan más de 29 mdp diarios en manutención de reos del país

MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2013.- La Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) aprobó una reforma al artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de supervisar el respeto de estos preceptos en las cárceles mediante la elaboración de un diagnóstico anual.En el diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones de datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, cifras sobre riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federal.La iniciativa promovida por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano), señala que la sobrepoblación en las cárceles aniquila las posibilidades de rehabilitación, ya que 28 penales concentran 50 por ciento de los reos, y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a su máxima capacidad.Precisa que hay alrededor de 220 mil presos en 451 reclusorios y el Estado gasta un promedio de 29 millones de pesos diarios para su manutención.Refiere que la mayor parte de los reclusorios presentan problemas estructurales, al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.Agrega que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2010 a la fecha se tiene el registro de 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45, y dos motines, que causaron dos decesos y 32 lesionados.De acuerdo con el mismo diagnóstico, 60 por ciento de las cárceles en México son controladas por gente del crimen organizado; es decir, se ha instaurado un autogobierno de los reos, debido a la falta de custodios en los penales, subraya.En tales condiciones, se hace necesaria la participación activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sólo por lo que se refiere al desarrollo de inspecciones y visitas o a la elaboración de informes o recomendaciones. Se requiere dotarle de mayores facultades para forzar un escenario de mayor respecto y protección de los derechos humanos de los internos, puntualiza la iniciativa del diputado.También fue aprobado un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de que se consideren discriminatorias las distinciones que en materia de apoyos se hagan a deportistas discapacitados respecto a los convencionales.Posteriormente, la Comisión aprobó un dictamen a una minuta que reforma el artículo 19 y 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de habilitar al Consejo Consultivo de la CNDH para opinar en el proyecto presupuestario de tal órgano, así como el que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, con alguna discapacidad auditiva o de lenguaje, en los trámites que realicen ante la CNDH, se les destine gratuitamente un traductor o intérprete.Se aprobó una reforma al artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de que se incluyan las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y puedan presentarse de forma oral y por lenguaje de señas mexicanas a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad.Asimismo, una reforma al artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para establecer como obligación de todas las autoridades proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.La Comisión aprobó solicitar información a los órganos públicos y autoridades federales sobre el porcentaje de la contratación de discapacitados.