Oculta Michoacán información sobre secuestros: ICESI

MORELIA, Mich., 22 de julio del 2011.- El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) reveló que Michoacán no participó en la realización del estudio de secuestro y extorsión en México en el periodo 2007-2010, en el marco de la Reforma Penal. La organización civil detalló que sólo 18 procuradurías proporcionaron información en el tema aunque incompleta y desestructurada.Sin embargo, ninguna institución de justicia tuvo un desempeño “muy bueno” contra el secuestro como calificación promedio para todo el periodo estudiado (2007-2010).Cabe mencionar que Yucatán no tuvo averiguaciones por secuestro en 2007, 2009 y 2010, y sólo una en 2008 por lo que es uno de los estados más seguros del país.A continuación se desglosa la información del estudio:I. El ICESI realizó un estudio sobre el secuestro y la extorsión en México, en el período 2007-2010, en el marco de la reforma penal.II. El estudio comprendió los siguientes aspectos principales:1) La calificación del desempeño de las procuradurías en el combate al secuestro tomando en cuenta las actividades pertinentes de persecución del delito, la supervivencia de la víctima, la recuperación del rescate y la participación de policías o ex policías como secuestradores;2) Determinar si los avances en la implantación de la reforma penal han tenido efecto en la persecución de los delitos de secuestro y extorsión, centrada el número de averiguaciones previas consignadas al juez;3) Establecer los lineamientos para un programa de capacitación para los integrantes de las unidades especializadas en el combate contra el secuestro.III. Solamente 18 procuradurías proporcionaron información, pero incompleta y no estructurada.IV. Los principales resultados del estudio son los siguientes:1. Las procuradurías de Guerrero, Hidalgo y Puebla se negaron a proporcionar información para el estudio.2. Las procuradurías de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, proporcionaron información pero de manera incompleta y no estructurada.3. Las procuradurías de las restantes entidades federativas —Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas— aparentemente estuvieron dispuestas a proporcionar la información pero finalmente no lo hicieron.4. Ninguna procuraduría tuvo un desempeño "muy bueno" contra el secuestro como calificación promedio para todo el periodo estudiado (2007-2010).Las de Campeche, Chiapas y Sonora lo tuvieron "bueno"; las de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco, "regular"; las de Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Nayarit y Quintana Roo, "malo", y Guanajuato "muy malo".5. Yucatán no tuvo denuncias por secuestro en 2007, 2009 y 2010. la ausencia de secuestros en tres de los cuatro periodos estudiados confirmaría a ese Estado como uno de los más seguros del país. Y es el que tuvo menos casos de secuestro —solamente uno— en los cuatro periodos estudiados.6. De las 18 procuradurías que proporcionaron información para el estudio, las de Chihuahua, el Distrito Federal, el Estado de México y Tabasco concentraron el 56 por ciento del total de averiguaciones por secuestro para el períodoestudiado.7. Con motivo del mismo estudio, el ICESI detectó serias discrepancias entre las cifras que le proporcionaron directamente las procuradurías y las que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública en su página de Internet. Algunas diferencias son extremas, y todas ellas inadmisibles en un tema tan grave y delicado como el secuestro.8. No parece haber relación entre el grado de avance en la reforma penal y de seguridad pública y la tasa de averiguaciones previas por secuestro consignadas.9. En Chihuahua y el Estado de México, según información proporcionada por las procuradurías, respectivas, hay impunidad casi absoluta para los extorsionadores. De las 3,158 averiguaciones previas iniciadas por extorsión en el Estado México, sólo se consignó el 2.5 por ciento, es decir, 79 de ellas. En Chihuahua, de 764 averiguaciones previas iniciadas sólo se consignaron 7 (0.9%).10. Parece haber una relación inversa entre la tasa de consignaciones de averiguaciones por extorsión y los avances en la implantación de la reforma penal. Entidades que tienen las mejores tasas de consignaciones (Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Nayarit y Sinaloa) registraron el nivel más bajo de desarrollo de la reforma. En cambio, entidades que tienen una tasa muy pobre de consignaciones de averiguaciones por extorsión (Yucatán, Chihuahua, Estado deMéxico) están en las etapas más avanzadas de la implantación de la reforma.11. Es preciso que se lleve a cabo un estudio sistémico integral del secuestro, con un enfoque eminentemente criminológico, para determinar con precisión sus causas inmediatas y estructurales y diseñar los medios más idóneos para controlarlas o suprimirlas.12. A partir de dicho estudio deberán formularse los programas nacionales y locales contra el secuestro, y crearse la agencia nacional y locales correspondientes cuyas células operativas sean las unidades especializadas en el combate al secuestro, y formularse los programas maestros de capacitación13. Entre tanto, es indispensable que los mejores especialistas diseñen, y se ponga en marcha perentoriamente, un programa provisional nacional y los correspondientes programas locales de combate al secuestro que se centren en las causas evidentes inmediatas y estructurales de ese delito.14. Provisionalmente pueden tomarse algunas medidas inmediatas para combatir el secuestro, entre las que destacan las siguientes:a) Diseñar una Alarma Nacional Antisecuestro que, sin poner en riesgo a la víctima, alerte a todas las corporaciones policiacas, el sector público y la comunidad para la protección de la víctima y las acciones contra los secuestradores;b) Poner a disposición del público un servicio telefónico de denuncia anónima exclusivo para secuestros;c) Si se denuncia el secuestro, suspender provisionalmente las obligaciones fiscales de la víctima y de sus padres e hijos, y el pago de sus deudas a bancos y a instituciones financieras por préstamos que hayan sido destinados a proyectos que hayan creado empleos permanentes;d) Diseñar una campaña pública masiva y permanente de prevención personal del secuestro así como de la manera en que la víctima debe de actuar cuando ha sido secuestrada;e) Establecer un Registro Público de Prestadores de Servicios Personales y Domésticos —choferes, sirvientas, jardineros, enfermeras, cuidadores, etc.—;f) Establecer la obligación para los bancos e instituciones financieras de exigir la comprobación de origen de los recursos en operaciones que rebasen un determinado monto deducido del promedio de rescates que obtienen los secuestradores;g) Prohibir las compras en efectivo de inmuebles y automóviles;h) Establecer la obligación de usar chip de localización en todos los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga;i) Restringir estricta y permanentemente la comunicación de los presos relacionados con secuestros;j) Detectar, vigilar y registrar mediante un plan bien diseñado bodegas, lotes baldíos con construcciones y casas abandonadas que se encuentren en las "zonas de secuestros", especialmente en un radio de 60 kilómetros a partir del lugar en que se haya efectuado cada secuestro, ya que generalmente dentro de ese radio suele encontrarse el lugar de cautiverio de la víctima, yk) Videograbar todos los operativos y diligencias prejudiciales y judiciales vinculadas con cada caso de secuestro.El secuestro es uno de los delitos más devastadores no sólo para la víctima sino para sus familiares y sus más cercanos allegados. Es deber ineludible de las autoridades del país tomar todas las medidas que puedan ayudar a que la incidencia de ese delito sea abatida y a que su persecución sea cada vez más exitosa. Es deplorable que ni siquiera se tengan los datos actualizados y sistematizados respecto de los casos registrados en las procuradurías de justicia.El ICESI está convencido de que la altísima cifra de secuestros en el país y la impunidad en que quedan muchos de ellos no son una fatalidad sino que es posible revertir esa situación si se adoptan las acciones convenientes a tal fin.