Grupos de autodefensa podrían extenderse: International Crisis Group
MORELIA, Mich., 20 de agosto de 2013.- La rápida expansión que este año han tenido los grupos civiles armados en México ha creado una tercera fuerza beligerante en la violencia asociada a los grupos de la delincuencia organizada, que desafía con éxito creciente el monopolio de la fuerza que debía tener el estado para imponer justicia, señala un amplio análisis del organismo privado International Crisis Group
Si bien es cierto que algunas de esas milicias cuentan con ciudadanos bien intencionados que han detenido a cientos de presuntos delincuentes, en realidad desafían el necesario monopolio estatal sobre el uso de la fuerza para impartir justicia, destaca el análisis titulado La justicia en el cañón de un fusil: las milicias vigilantes en México.
El análisis, elaborado por Javier Ciurlizza, manifiesta la preocupación de que algunas de esas milicias estén siendo utilizadas por grupos de la delincuencia organizada para luchar contra sus rivales por el control del territorio.
Por ello, advierte que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que desarrollar una política coherente para hacer frente a esos grupos de vigilantes, a fin de que puedan trabajar con proyectos legítimamente comunitarios para detener la continua expansión de los grupos armados irregulares, lo que requiere que el Estado muestre que tiene la capacidad suficiente para restaurar la ley y el orden
“Si el gobierno no puede hacer frente a este problema, las milicias podrían extenderse por todo el país, lo que provocaría mucha más violencia y dañaría aún más el estado de derecho”, señala International Crisis Group.
Para los analistas de ese grupo, la creciente aparición de grupos armados en cuando menos nueve de los 31 estados de la república, desde cerca de la frontera con Estados Unidos hasta el sudeste del país, ha añadido un elevado nivel de riesgo en el desafío de la seguridad.
El epicentro de ese movimiento armado se encuentra en los estados de Guerrero y Michoacán, donde miles de hombres armados participan en una amplia gama de organizaciones parapoliciales, destaca el análisis.
En esos estados ha habido más de 30 asesinatos en lo que va del año y se han vuelto preocupantes focos de inseguridad, porque este tipo de violencia podría extenderse por todo el país.
La cuestión se complica porque muchos de esos grupos proceden de comunidades indígenas, en los que las policías comunitarias tienen una larga tradición, y muchos han demostrado ser exitosos y contar con maneras legítimas de proporcionar seguridad.
Sin embargo, es jurídicamente ambigua hasta qué punto estos grupos de la comunidad pueden ir con las armas e impartición de justicia. Por otra parte, muchas de las nuevas milicias copiar el lenguaje y reclamar los mismos derechos que estos policías de la comunidad, a pesar de que no provienen de una tradición local o ni siquiera están enraizadas en las comunidades indígenas.
Los especialistas de International Crisis Group señala que el gobierno tiene que trabajar con la auténtica autoridad comunitaria sin armas y definir claramente los parámetros de lo que pueden y no pueden hacer; pueden establecerse algunas reglas sobre la base de las directrices que se están desarrollando en las leyes estatales y federales, o ampliando los acuerdos que se trabaja a cabo entre los gobiernos estatales y líderes comunitarios.
Pero, por encima de todo, el gobierno debe mejorar sustancialmente la seguridad en todas las comunidades donde se han formado milicias, destacan los especialistas, en virtud de que “muchos residentes han tomado las armas porque el Estado ha fracasado sistemáticamente en protegerlos. El clamor por la seguridad es legítimo, pero la justicia se sirve mejor a través de instituciones estatales funcionales que de los cañones de las armas privadas, concluye el análisis
