Creciente opacidad en órganos de seguridad beneficia a delincuencia

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2011.-Al realizar la presentación de su más reciente libro “Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos”, en el Congreso del Estado de Tlaxcala, el investigador Ernesto Villanueva destacó que el incremento de recursos públicos para las áreas de transparencia de los organismos de seguridad pública ha estado acompañado de mayor incidencia delictiva. El estudio, que puede considerarse como el de mayor claridad hasta el momento, revela hechos cruciales que inciden en la inseguridad que vive nuestro país. La investigación realizada con el patrocinio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP, la Fundación Konrad Adenahuer y la editorial JUS realizó el análisis de veintitrés rubros en las procuradurías estatales de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y los órganos federales como la Secretaria de Seguridad Federal, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal (Agencia Federal de Investigación). El primer punto del estudio revela la creciente opacidad porque, a decir de Villanueva, “es posible advertir la ausencia de un mínimo común denominador sobre lo que debe ser clasificado como reservado o confidencial” y “peor aún, en casi todos los casos ni siquiera se colmaron los supuestos del principio constitucional de legalidad de fundar y, sobre todo, de motivar el acto de negar el acceso a la información”. Agregó que “en algunos casos como Baja California, Chihuahua y Nuevo León se llegó al extremo de no proporcionar casi nada de la información solicitada”, mientras que en otros, los “actos de autoridad muestran la ausencia de conocimiento sobre criterios de ponderación entre acceso a la información y sus límites, así como el desinterés por conocerlos”. Por el contrario, encontró que “la mayor parte de la información de las dependencias y organismos estudiados muestra características de propaganda para posicionar a las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia en el ánimo de la opinión”. Uno de los elementos de mayor preocupación, expresó el investigador, es la “ausencia de expedientes individualizados de desempeño laboral en la Procuraduría General de la República, habida cuenta que fue la única institución de las analizadas que señaló la inexistencia de esa información”. Villanueva Villanueva resaltó que “si bien es cierto que en el rubro expreso de derechos humanos, las secretarías y procuradurías respondieron en sentido afirmativo al cuestionárseles sobre la existencia de programas, también lo es que al cruzar esas respuestas con las recibidas de protección a testigos, a víctimas e incluso a los procesos disciplinarios internos de los propios agentes y personales de las dependencias y entidades se observan restricciones a los derechos humanos”. Otro tema “inquietante (es) observar la falta de instrumentos operativos que permitan el intercambio de información y de colaboración conjunta entre las secretarías y procuradurías objeto del estudio”, por lo que “éste hecho limita cualquier estrategia de combate al delito ya sea en el fuero común o del orden federal y muestra las resistencias que existen en la secretarías y procuradurías por la persistente presencia de desconfianza mutuas”. Para Villanueva, “al no haber o tener información no actualizada es posible que agentes con procesos disciplinarios o sentenciados en una entidad federativa puedan optar por su reinserción en otra entidad o corporación al amparo de la ausencia de bases de datos actualizados y confiables”. Un dato al que le concede gran importancia el autor del estudio es el que se refiere a las prestaciones económicas y sociales de los miembros de los equipos de seguridad porque, dijo, “es posible identificar que el trato que se otorga a los agentes operativos y al personal en general de secretarías de seguridad pública y procuradurías abreva de los mismos parámetros con los que se maneja la administración pública”. A decir del investigador del IIJ-UNAM y el CIJ-UDLAAP, “no se hace diferencia con el papel y las características básicas de inclusión y previsión familiar que deberían tener quienes laboran en las instituciones objeto del estudio. Peor todavía, no hay profesionalización, programas de servicio policial o de carrera, mecanismos claros y transparentes de movilidad y ascenso laboral”. Y lo que es peor aún, “tampoco se ofrecen salarios mínimamente razonables para los servicios que deben llevar a cabo de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables. Pareciera que al momento de establecer los tabuladores se partiera de la premisa de que la corrupción ha adquirido carta de naturalización y garantiza un doble sueldo o estímulos económicos al margen de la normatividad”. Otro punto destacable se refiere a que “la existencia de organismos internos de resolución de conflictos no manifiesta claramente la existencia de una entidad independiente; antes bien, se advierte que la tendencia que se sigue en esas instancias de resolución de conflictos y disciplinarias sean juez y parte”, es decir, que están hechas a modo de los superiores. Finalmente, como deducción de todo el estudio a 435 solicitudes de información, Ernesto Villanueva destaca que “se muestra un crecimiento sostenido del presupuesto público asignado a las secretarías de seguridad y procuradurías de justicia y resultados inversamente proporcionales a las expectativas de la sociedad”. Asimismo, el investigador reconoció cómo la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron las dependencias u organismos con interés para responder, en tiempo y forma, las solicitudes de información, sin que ello signifique necesariamente que las instituciones de referencia sean muestra de la mayor transparencia posible, pero de cara a un contexto donde el cumplimiento de la ley es la excepción, destacan por ser parte precisamente esa excepción a la regla. La presentación del libro estuvo enmarcada con la presencia de la comisionada de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Mtra. Mayra Romero Gaytán; y el presidente de la Unión de Periodistas de Estado de Tlaxcala (UPET), Juan Luis Cruz Pérez.