Anualmente desaparecen en el país 45 mil mexicanos

MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2013.- La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para que éstas apoyen a las autoridades competentes en la atención, búsqueda y localización de personas desaparecidas.

La reforma al artículo 5 de dicha Ley, y avalada por unanimidad de 397 votos, precisa que estas organizaciones apoyarán en la búsqueda de los menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas, y en la asistencia a las víctimas indirectas de dichos actos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, resaltó que en el caso de los desaparecidos y los menores de edad sustraídos o extraviados, el papel que juegan las personas morales es esencial.

Agregó que, en ocasiones, la saturación de casos o falta de recursos de organismos de seguridad pública y de procuración de justicia, desemboca en que el aparato gubernamental se torne insuficiente para la recuperación de los ciudadanos en tal situación.

Con estas modificaciones, dijo, se pretende ir más allá en la tutela de los derechos humanos, para que no solamente se garantice la posibilidad de formar o participar en las organizaciones de la sociedad civil, sino también el que se fomenten sus actividades a través de los mecanismos previamente establecidos por nuestro país.

En su turno, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) indicó que la sustracción o extravío de menores y de personas desaparecidas se ha incrementado en los últimos años y la atención de las instituciones públicas a estas problemáticas resultan insuficientes, por lo que la participación ciudadana resulta indispensable, y debe ser reconocida.

Mencionó que en México muchas organizaciones civiles se dedican a esta noble tarea, sin embargo, actualmente la ley omite sus respectivas atribuciones, referente al apoyo a las autoridades competentes en la atención, búsqueda y localización de esas personas. Por ello, dijo, es necesario ampliar sus facultades.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) destacó que hay ciudadanos comprometidos que, agrupados, se dedican a esta labor social de ayudar a las autoridades en casos sin resolver de desaparición de personas. “Lo hacen sin recursos, sin reconocimiento y muchas veces poniendo en riesgo su propia vida, como sucede con los desaparecidos relacionados con el crimen organizado”.

Enfatizó que con el reconocimiento de estas asociaciones civiles para que coadyuven en la búsqueda de personas desaparecidas, no solamente se da un paso en el sistema de justicia del país, sino también en la democracia misma.

En tanto, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) refirió que de acuerdo con las organizaciones civiles, en México han desaparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos seis años, de los cuales el 58 por ciento tienen entre cuatro y 12 años. Las cifras no oficiales por las mismas agrupaciones dedicadas a la búsqueda de menores, señalan que en el país desaparecen anualmente 45 mil mexicanos.

Precisó que los lugares con más alto índice de desapariciones son el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco. En el país, sostuvo, no existe una base de datos oficiales que indiquen la cantidad e identidad de los desaparecidos, “por lo que se debe dar herramientas e importancia a la sociedad civil, ya que muchas veces son los únicos con interés para rescatar a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.

Por el PVEM, el legislador Carlos Octavio Castellanos Mijares dijo que a través del reconocimiento de las asociaciones que coadyuvan a las autoridades para la búsqueda, localización, de las personas desaparecidas, se podrá empoderar a la sociedad a fin de que ayude a los órganos de gobierno.

Resaltó la importancia de la participación social “porque es una forma mayor de la democracia, en la cual cada uno de los individuos puede alzar la voz; es una garantía, un derecho humano consagrado en nuestra Constitución”.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) indicó que el trabajo de las instancias ciudadanas, sin ningún afán de lucro o ganancia personal, se han abocado al único fin de que esos niños regresen a sus hogares.

Celebró que estas organizaciones puedan legalmente hacer esta función y recalcó que debería también contar con recursos para que puedan hacer su labor. Exhortó a que también haya incentivos fiscales para que la búsqueda y la localización, entre todos, pueda ser más eficiente y arroje mejores resultados.

Del PAN, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos subrayó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en el país se han presentado 18 mil 955 casos, por lo que este problema es preocupante.

Aseguró que la reforma enaltece la dignidad humana en distintas dimensiones. Por un lado, dijo, a ayudar a recuperar a una persona extraviada; por otro, se apoya a las víctimas de estas pérdidas, tanto para emprender la búsqueda como para recuperar su tranquilidad, su salud, y se mantengan con posibilidades de subsistencia.

El diputado del PRI, Víctor Hugo Velasco Orozco reconoció que la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el Estado mexicano en su conjunto y, dentro de éstas, aquellas que atienden el reclamo de la familias para dar el paradero de las personas, especialmente de los niños y jóvenes que deben recibir todo el apoyo de las instituciones de gobierno y de la sociedad en general.

Dijo que si bien no existe una sola fuente de información, algunos datos permiten dar cuenta que la magnitud de la problemática requiere de la suma de todos los esfuerzos para tratar de combatirla. Por ello, la reforma genera para las asociaciones civiles beneficios como el fortalecimiento institucional mediante el apoyo para ser más profesionales.

Las modificaciones se remitieron al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.