Proponen incrementar sanciones a quienes discriminen a niños en escuelas

MORELIA, Mich., 5 de enero de 2015.- La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, señaló que las quejas por discriminación escolar, en las que se ven involucrados profesores, alumnos, padres de familia y autoridades educativas, aumentaron 93.7 por ciento en siete años, por lo que es necesario incrementar las sanciones para quienes cometan esta falta dentro de los centros educativos.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la legisladora refirió que en el 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 868 quejas por discriminación escolar, cifra se elevó a mil 682 en el 2012, es decir, tuvo un alza de 93.7 por ciento.

Comentó que de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), denominado La Normatividad en el Sistema Educativo: Acceso, Trato y Exclusión, las escuelas son sitios donde las personas perciben discriminación por discapacidad (29.1 por ciento), preferencia sexual (25.7 por ciento), origen geográfico (17.7 por ciento) y religión (15.2 por ciento).

La legisladora también indicó que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (Enadis), el 24.8 por ciento de la población considera que “se justifica el pegarle a un niño para que obedezca” y 35 por ciento de las y los niños entre 6 y 9 años, a nivel nacional, ha sufrido violencia de parte de su familia.

Asimismo, 5.1 por ciento de los niños entre 9 y 11 años de edad experimenta enojo, tristeza o miedo en la escuela, y uno de cada 10 siente lo mismo por sus maestros.

Por su parte, 2 millones 678 mil niñas, niños y adolescentes entre los cinco y 17 años no asisten a la escuela, de los cuales 122 mil no va por razones de inseguridad, discriminación o por la distancia de la escuela. Se perciben conductas negativas e innecesarias, en mayor magnitud, debido a que los menores pasan más tiempo en ella, además de que se ubican como una población vulnerable, al recibir una “gran variedad de arbitrariedades”.

Garfias Gutiérrez destacó que en el ámbito escolar la discriminación más usual se presenta por capacidad intelectual, cuestiones religiosas, origen étnico, discapacidad y preferencias sexuales.

Enfatizó que las anteriores son sólo algunas variantes que provocan la discriminación y producen efectos devastadores que laceran el tejido social, debido a que los estudiantes aprenden a ver en la discriminación un comportamiento social aceptado y legítimo, no sólo de parte de sus compañeros, sino también de sus padres, sus profesores o personal encargado de su atención o cuidado.

Lo anterior, dijo, provoca que los afectados pierdan la confianza en sus capacidades y tengan un desempeño escolar inadecuado, bajo rendimiento y en algunos casos abandono de los estudios.

Consideró que la discriminación dentro de las escuelas es un problema poco tratado, y en la mayoría de los casos es pasado por alto o disfrazado como un ejercicio de poder o de autoridad. Por ese motivo, explicó, es difícil contar con una estadística real que indique el porcentaje de alumnos que son discriminados diariamente dentro de los recintos educativos, ya sea por profesores o por el personal encargado de los centros escolares; sin embargo, existen datos sobre distintos factores que dan pie a que haya discriminación de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, estimó necesario reforzar la ley para aplicar mayores sanciones que impidan todo tipo de discriminación y garanticen el derecho a una educación incluyente, libre de violencia, segmentación, maltrato y conductas contrarias hacia el interés superior del menor.

Planteó reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que se aplique sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa a los padres de familia, tutores, docentes, directores, personal administrativo y cualquier otra persona que sea responsable del cuidado, instrucción y asistencia del menor que promuevan por acción u omisión conductas discriminatorias dentro y alrededor de los espacios educativos.

Las sanciones, en lo referente a los días de trabajo a favor de la comunidad y a los de multa, se incrementarán en una tercera parte cuando se actualice dicha hipótesis.

Asimismo, se considerará como discriminación establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos que afecten o dañen la integridad física, moral y social de aquellos a quienes van dirigidos.