Autonomía en escuelas de educación superior no excluye fiscalización
MORELIA, Mich., 16 de julio de 2014.- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria, aseveró que las instituciones de educación representan el mayor reto de este país para el futuro y “eso no debe llevar a creer que porque son autónomas pueden hacer lo que quieran con el manejo del uso de los recursos públicos. Nadie puede estar excluido de la fiscalización”.
De acuerdo con un comunicado de prensa, expresó lo anterior en la reunión con el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fernández Fassnacht, quien resaltó la disposición de las 180 instituciones de mayor prestigio del país, públicas y privadas, para rendir cuentas a la sociedad, y ante lo cual propuso modificar el artículo 43 Bis del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con estas reformas, explicó, se busca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elabore el programa anual de auditoría exclusivamente financiera a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), mismo que presentará a la Comisión de Vigilancia en junio del año anterior a efecto de que lo analice, discuta y autorice, en su caso.
Fernández Fassnacht sostuvo que no hay un modelo de fiscalización adecuado para estas instituciones, por lo que planteó definir reglas claras que den certeza jurídica; argumentó que el problema de las auditorías financieras para estos institutos, es que “se están metiendo” con el desempeño de la universidad y con sus planes y programas de estudio. “Eso sí es una violación flagrante a la autonomía”.
Aunado a ello, dijo, hay auditores que no tienen la menor idea de cómo funciona la universidad, su modelo académico y los órganos colegiados. “No entienden nada y actúan como si estuviera mala”. Afirmó que las universidades son de las instituciones más transparentes que hay en el país.
Destacó que las instituciones públicas de educación superior tienen que estar a lo que determine la ASF. Por ello, planteó reglas claras y un modelo que le dé certeza jurídica a las instituciones y a la ciudadanía.
A su vez, el diputado Muñoz Soria aclaró que el planteamiento de la ANUIES es que en las acciones de fiscalización de los recursos se observen los procedimientos de auditoría y normatividad de las instituciones autónomas, por lo que propuso analizarlo para que en otra reunión se aborde el problema y dé mejor salida a la transparencia del uso de los recursos públicos y al fortalecimiento de la educación superior en el país.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) mencionó que en el dinero etiquetado de las universidades para proyectos “no se cuida la justificación y la comprobación de la aplicación de los recursos, y sólo con entregar el trabajo, es suficiente”. Por ello, dijo, es necesario establecer criterios de rendición de cuentas.
Enfatizó que el que las universidades sean autónomas por ley, no las exime de rendición de cuentas. “No creo que el problema sea ver si se aplica o no la ley, el problema es la falta de transparencia. El ser autónoma no da el privilegio de no rendir cuentas y hay que trabajar en ese aspecto”, agregó.
En su turno, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI) cuestionó cuál es la razón para modificar el artículo 43 Bis en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, a fin de establecer un esquema para la fiscalización y rendición de cuentas de las instituciones públicas de educación superior, en lugar de reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) sostuvo que el tema de las universidades es muy complicado porque hay muchos jóvenes cuya única esperanza es estudiar y concluir una preparación universitaria; sin embargo, la demanda rebasa la oferta que hay de espacios.
Agregó que los jóvenes que egresan no tienen oportunidades laborales y “todo este fenómeno repercute en la conflictividad social, en la delincuencia, en una serie de problemas que se están agravando”. Por ello, consideró, necesario fortalecer todo el sistema educativo nacional y particularmente el superior.
En su intervención, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Enrique Fernández Fassnacht, mencionó que las IPES, comparecerán, a más tardar en diciembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, ante las Comisiones de Vigilancia, de Presupuesto y de Educación, para rendir el informe del ejercicio presupuestal y los dictámenes emitidos por auditorías externas.
Los cambios al artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, precisó, buscan que en los programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa de los niveles Media Superior y Superior, se establezcan mecanismos que permitan disminuir el rezago en el índice de cobertura en aquellas entidades federativas que estén por debajo del promedio nacional.
Además, la SEP deberá informar a la Cámara de Diputados sobre la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa, su distribución y metas de mediano y largo plazo, a más tardar el 31 de marzo.
Sostuvo que con estos cambios, los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría, con excepción de las públicas de educación superior autónomas por ley, las cuales serán auditadas conforme a su normatividad interna.
Fernández Fassnacht expuso que con este esquema las universidades informarán a la SEP sobre el ejercicio de los recursos, detallando los programas a los que se destinen los montos y el cumplimiento de las metas correspondientes, así como el costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.
De igual modo, el desglose del gasto corriente destinado a su operación; los estados de situación financiera, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.
En el tema para alcanzar la cobertura del 40 por ciento en las universidades para 2018, expresó que “se debe apoyar a las instituciones consolidadas más que seguir abriendo institutos de educación superior pequeños, los cuales tienen capacidades de 3 mil o 5 mil alumnos que empiezan de cero”.
Resaltó que las preferencias de los jóvenes egresados del bachillerato en el país siguen siendo las grandes instituciones, es decir, las federales como la UNAM, el IPN y la UAM, y en los estados, son las públicas estatales; por ello, afirmó, se analiza cómo determinar la capacidad de crecimiento de estas instituciones consolidadas antes de determinar cuánto falta para alcanzar la meta y cómo se podría lograr.
Enrique Fernández destacó que las instituciones pequeñas que se han creado tienen una capacidad subutilizada, pues “el problema no es simplemente decir vamos a llenarlas, sino que los jóvenes quieren ir a la grandes universidades; es importante mirar hacia estas instituciones y apoyarlas”.
Resaltó que el esfuerzo de las universidades consolidadas para incrementar su matrícula ha estado por encima del subsidio que reciben del Estado, por lo que el financiamiento sí es importante para tener más profesores e infraestructura. “La solución es abrir una unidad de una universidad pública estatal en un municipio, en lugar de crear una que empiece de cero”, concluyó.
