Un 25% de las 6 mil 500 casas de empeño operan fuera de la ley
MORELIA, Mich., 26 de enero de 2015.-El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado solicitó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supervisar que las casas de empeño funcionen de acuerdo con la normatividad que las rige y evitar fraudes a quienes buscan liquidez para solventar sus gastos diarios.
Según un comunicado de prensa, los legisladores consideraron prioritario proteger a los usuarios de estos servicios a través de una campaña nacional que alerte e informe a la población sobre el funcionamiento de las casas de empeño, a fin de prever abusos y operaciones fraudulentas.
Para ello, hicieron un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor a que supervise que las casas de empeño cumplan con la normatividad vigente que regula la operación de las instituciones que prestan dinero en todo el país.
En un punto de acuerdo, que presentaron ante la Comisión Permanente y que fue turnado a la Tercera Comisión, detallaron que alrededor del 60 por ciento de los pignorantes (como se les llama a los usuarios) son amas de casa que buscan obtener efectivo durante la llamada “cuesta de enero”.
En el documento se menciona que de acuerdo con la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), alrededor de 35 millones de personas acuden a este tipo de establecimientos para acceder a préstamos prendarios, cuyas tasas de interés anual pueden llegar hasta el 372 por ciento.
La Anace también señala que este sector crecerá 10 por ciento en la demanda de préstamos durante esta época que podría alargarse hasta mayo, lo que significará unos 100 millones de pesos adicionales por mes en las casas afiliadas a esta asociación.
Aun con la demanda y la estimación de crecimiento, la Asociación precisa que entre 20 y 25 por ciento de los cerca de 6 mil 500 establecimientos de préstamo prendario en México son instituciones que operan fuera de la ley.
Las instituciones de préstamo prendario deben estar inscritas en el Registro Público de Casas de Empeño para poder operar, de lo contrario podrán ser clausuradas total o parcialmente, es decir suspendidas hasta por un plazo de 90 días, además de ser acreedoras a una multa que va de los 133 mil 298.57 pesos a los tres millones 732 mil 360.02 pesos, impuesta por la Profeco.
