Para que México progrese se debe dar certeza jurídica a los ciudadanos
MORELIA Mich., 12 de diciembre de 2014.- Respecto con la propuesta dela Ley de Amnistía que beneficiaría a los autodefensas de Michoacán detenidos, incluyendo a José Manuel Mireles, misma que el día de ayer fue interrumpida, Adrián Huerta Leal Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Michoacán y Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Seguridad Pública del Comité Ciudadano del Plan Michoacán refiere su postura frente al tema:
Con base en información oficial, en este 2014 alrededor de 3000 personas fueron detenidas, de las cuales 2 terceras partes fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y el resto a disposición del Fuero Federal. De estos últimos destacan 250 detenidos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 140 por portación y distribución de droga y 340 por una combinación de ambos.
El groso de los remitidos al Fuero Federal fueron señalados o detenidos en flagrancia portando armas de uso exclusivo del Ejército, drogas o trasladándose en vehículos robados; muchos además participando en enfrentamientos directos con la autoridad.
De lo anterior es la autoridad judicial quien ha dictaminado el auto de formal prisiónde los detenidos, toda vez que legalmente se tienen elementos para determinar la detención y causas suficientes para llevar a cabo un proceso penal.
El considerar lo contrario, es desconocer la necesidad urgente de un Estado de Derecho en nuestra sociedad, ya que permitir, que personas que fueron detenidas por haber violado alguna o algunas de nuestras disposiciones legales, necesariamente tienen que afrontar el proceso legal que corresponde.
Si bien es cierto, muchos de los detenidos pudiesen haber tenido la necesidad de actuar al margen de la ley ante la ausencia de autoridad que les garantizará su seguridad, ello no puede dar lugar a una Amnistía general donde el beneficio pueda ser otorgado a personas que hayan violentado la ley;la Ley de Amnistía no puede poner en una misma canasta víctimas y victimarios por lo que resulta necesario revisar caso por caso en las instancias correspondientes.
No es lo mismo el campesino que se vio en al necesidad de utilizar un arma en su ejido para defender a su familia, patrimonio, su cosecha y a su persona, a aquel que se aprovechó de la ausencia del Estado Derecho y de las Instituciones para cometer ilícitos en perjuicio de la propia sociedad que utilizaba las armas para defenderse. Incluso, la ley que regula la portación de armas, permite a los ejidatarios utilizarlas para defender lo suyo, dadas las condiciones del lugar en el que realizan su principal actividad.
Hoy más que nunca, nuestro país y Michoacán está urgido de que se respete la ley, tanto por las autoridades, como por los ciudadanos, ya que de lo contrario, vivir en una sociedad sin leyes, nos llevaría a la barbarie.
La ley es dura pero es la ley. Para que México progrese debe de dar certeza jurídica a sus ciudadanos.
