En 6 meses, 2.2 millones de reclamos contra 30 bancos
MORELIA, Mich., 8 de diciembre de 2013.-La Comisión de Hacienda y Crédito Público analiza un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informe sobre las medidas que está tomando para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan en sus sistemas las instituciones financieras y bancarias.
En un punto de acuerdo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), pide que se detallen las anomalías, principalmente en las sucursales, cajeros, banca en línea y telefónica.
Recordó que estadísticas de la Condusef muestran que de enero a junio del 2013 se presentaron 2.2 millones de reclamaciones en contra de 30 bancos, 8 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.
Los cinco primeros bancos con más reclamos fueron Bancomer, Banamex, Santander, Banorte/Ixe y HSBC.
Muñoz Soria precisó que pese a las fallas en los sistemas bancarios, los usuarios deben realizar los pagos de algún producto contratado al día, pues de no cubrirlos “les presentan más cargos por el retraso; es decir, los usuarios pagan por las fallas propias de las instituciones, lo que representa un “atropello”.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que entre enero y septiembre los bancos que operan en el país generaron para los accionistas utilidades por 75 mil millones de pesos, 16 por ciento mayores a las del mismo lapso del año pasado.
Eso demuestra que las instituciones pueden asumir los cargos generados por pagos no efectuados, consideró el diputado federal.
Recordó que de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 5, la Condusef “tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras...”
Por ello, resaltó la necesidad de que el organismo haga del conocimiento público las medidas que dispone para proteger a los usuarios de las irregularidades generalizadas en los sistemas financieros y bancarios.
