De 1.3% del PIB el costo de la inseguridad y el delito en México
MORELIA, Mich., 24 de junio de 2014.- La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Leticia Calderón Ramírez (PRI), inauguró el Congreso Nacional de Violencia Familiar, Pobreza y Políticas Públicas, Prospectiva y Estrategia, donde se dijo que el costo nacional como consecuencia de la inseguridad y el delito representa el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En este contexto, la legisladora hizo un llamado a poner fin a la violencia en contra de niños, jóvenes y adultos mayores, y defender su integridad.
Ante la representante de la UNICEF en México, Alison Sutton, mencionó que las sociedades civiles suplen las deficiencias de los gobiernos en la atención a estos sectores poblacionales por lo que se requiere establecer políticas públicas basadas en el diálogo con los distintos grupos sociales.
La idea es crear una agenda común para diseñar y poner en marcha mecanismos que favorezcan el bienestar infantil y de otros núcleos sociales, a partir de un ambiente familiar saludable.
En su intervención, Alison Lane, directora general de Fundación JUCONI, A.C. y coordinadora general de Alianza por la Infancia y sus familias, señaló que de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones de los Hogares, elaborada por el INEGI, el 50 por ciento de las mujeres casadas o unidas han sufrido algún tipo de violencia a manos de su pareja.
Dio a conocer que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2013, establece que el costo nacional como consecuencia de la inseguridad y el delito representa el 1.3 por ciento del PIB.
Indicó que es difícil cuantificar los costos económicos a causa de las lesiones físicas y emocionales que genera la violencia intrafamiliar; sin embargo, indicó, se tienen elementos para asegurar que son altos en términos de salud, días perdidos en la escuela y trabajo y “en el desgaste de la nación”.
Destacó que la violencia, cuando se da en un entorno de pobreza y exclusión, es un problema que afecta las capacidades psicológicas y físicas, el desempeño escolar y la arquitectura cerebral. El daño de los menores es aún mayor si la experiencia de la agresión es reiterada.
Alison Sutton, representante de la UNICEF en México, se manifestó por impulsar políticas públicas que permitan la protección integral de las niñas, niños; en especial realizar, mecanismos de protección especial cuando los infantes se encuentran inmersos en la violencia de sus casas.
El desafío, explicó, es cómo asegurar las medidas de protección sin vulnerar otros derechos de los niños, cómo vivir en familia, en su propia comunidad y tener acceso a la escuela o contacto con sus hermanos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece mecanismos de orientación al respecto y concluye que sólo a través del apoyo a las familias se logrará cumplir con la garantía de los derechos de los infantes, destacó.
Juan Garay Amores, jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, resaltó que una de cada tres personas en pobreza no tienen una cohesión social justa; es decir, en la regiones pobres no se tiene el mismo acceso a la salud que posee la población con mayores ingresos.
Explicó que “los problemas de cohesión social se deben a que su contrato social no es del todo fuerte, es decir, que la vinculación de las instituciones y la sociedad civil no está fortalecida”.
Puntualizó que el diálogo entre los dos entes es fundamental para buscar estrategias sociales y políticas públicas que tengan un impacto en la sociedad que más lo necesita.
Manifestó que la falta de cohesión social se traduce en violencia hacia los infantes, y esto sólo se puede combatir con el fortalecimiento de los valores.
