Del 4%, ofrecimiento salarial del Poder Judicial a sus trabajadores

MORELIA, Mich., 8 de febrero de 2012-. El Poder Judicial ha mantenido esta semana un intenso dialogo con los representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial a fin de sentar las bases de un acuerdo y evitar en el estallido de la huelga que afectaría a los usuarios de la justicia. En este contexto la institución ha ofrecido un incremento salarial del 4 por ciento, cifra consistente con los aumentos salariales en México durante 2012, en tanto coincide con el del Poder Judicial del Distrito Federal y es superior al de la UNAM. De acuerdo a un boletín de prensa, el Poder Judicial ha realizado una propuesta congruente a la situación financiera del Estado y de la propia institución, en tanto que no es posible dar respuesta afirmativa a la petición sindical, que plantea un incremento del 100 por ciento en los salarios. Este mediodía, las partes sostendrán una nueva reunión ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje con el objeto de llegar a un acuerdo que pudiera evitar la huelga prevista para el próximo 15 de febrero.En este sentido es importante destacar los planteamientos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Armando González Placencia, quien durante la mañana de ayer participó en el panel “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos” en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.González Placencia enfocó su participación en la posible colisión de derechos fundamentales que se puede presentar en tanto que éstos se encuentran en su totalidad protegidos en el artículo primero de la Carta Magna, desde junio de 2011, y tomó como ejemplo de este supuesto el emplazamiento a huelga el sindicato ha presentado al Poder Judicial de Michoacán.Al respecto, el ombudsman del Distrito Federal señaló que en este caso colisionan el derecho al acceso a la justicia –que calificó como un derecho que abre la llave a otros- y el derecho a huelga de los trabajadores. “Antes el derecho a huelga se podía imponer casi de manera sacra ante cualquier otro derecho, pero después de la reforma de 2011 no es así”.En el caso del sector privado, añadió González Placencia, una huelga afecta principalmente al dueño, ya que los consumidores en un mercado abierto pueden buscar otras opciones para satisfacer su necesidad de productos o servicios; sin embargo, en el caso del sector público –como es el caso de un Poder Judicial- la huelga, si bien afecta a la institución y a quien la encabeza, afecta principalmente a la usuarios que demanda el acceso a la justicia.Por su parte, en este mismo evento, el presidente del Poder Judicial, Alejandro González Gómez, indicó que la institución que encabeza tiene la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y –resaltó- garantizar los derechos humanos. Lo anterior, “como una obligación y deber de la judicatura para constituirse en garante del derecho humano de acceso a la jurisdicción y tutela judicial efectiva, debiendo adoptar todas aquella medidas y actos necesarios para garantizar el disfrute, constante y continuo, de los particulares respecto de dicho derecho esencial”.