Realiza Consejo primera reunión con representantes académicos

MORELIA, Mich., 1 de julio de 2011. -La tarde de este viernes, el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal llevó a cabo la primer reunión general con representantes académicos, con el objeto de entablar un diálogo del cual se desprendieron los primeros acuerdos institucionales de vinculación con miras a la implementación de la reforma penal que tiene lugar en todo el país y, por tanto, en Michoacán.La reunión estuvo presidida por los integrantes del Comité de capacitación del Consejo, a saber, la diputada Gabriela Molina Aguilar; la representante académica del Consejo, María Arcelia González Butrón; el magistrado José Antonio Magaña de la Mora, y Mario Alberto García Herrera, Director del Instituto para la Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en representación del procurador.Las instituciones académicas presentes fueron: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, CIDEM, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (campus Morelia), Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (Sahuayo), Universidad Latina de América, Universidad Michoacana, Universidad Sor Juana Inés, Universidad del Valle de Atemajac (campus Uruapan) y Universidad Tecnológica de Morelia.Al inicio de la reunión se llevó a cabo la presentación de las actividades realizadas hasta el día de hoy por el Consejo, así como las acciones que se tienen proyectadas para el segundo semestre de 2011. Posteriormente, la diputada Gabriela Molina comentó ante rectores, directores generales, directores de escuelas de derecho y responsables de vinculación que el objetivo de la reforma es contribuir a la disminución de los niveles de impunidad en el país, a través de un sistema de justicia penal que va desde la prevención del delito hasta una reinserción social fundamentada en el respeto a los derechos humanos.En relación a la vinculación con los centros educativos, al Consejo “nos interesa ser socializadores de la reforma penal para una mejor formación de los jóvenes. Ustedes saben mejor que nadie cómo incluir o modificar las materias relacionadas con este nuevo sistema, nosotros queremos ser facilitadores de este cambio, lo mismo que en actividades de difusión y sensibilización”, ofreció Molina Aguilar.Por su parte, la representante académica en el Consejo dijo: “Es muy valioso que a partir de este momento entraremos en una dinámica de colaboración más interactiva. Se requiere de un trabajo multidisciplinar, así que sus propuestas y sugerencias son bienvenidas”. González Butrón fue enfática al señalar que la vinculación con el sector académico no sólo incumbe a las escuelas de derecho, sino a todas las formaciones académicas.En una de sus intervenciones, el magistrado Magaña de la Mora puntualizó que la vinculación con el sector académico “no es sólo importante, sino determinante” para la mejor implementación del nuevo sistema de justicia penal. “En tanto que no se trata de un cambio de leyes, sino de un cambio de cultura judicial y social les solicitamos respetuosamente que de manera pronta se elaboren los programas necesarios para incluir la parte de oralidad en los planes de estudio”.Los temas más relevantes que se trataron durante esta primer reunión general, si bien ya había habido relación con algunas instituciones educativas, fueron la firma de un convenio marco, la identificación de las acciones llevadas a cabo por las instituciones presentes en torno a la reforma, la publicación de un anuario con artículos académicos, el diseño conjunto de un foro académico sobre la reforma y la participación de los universitarios en la investigaciones de audiencias que lleva a cabo el Consejo.Las instituciones educativas presentes realizaron propuestas concretas sobre trabajo en academia, publicaciones conjuntas, difusión del nuevo sistema entre estudiantes y colaboradores, formación de niños, formación profesional de mediadores y justicia indígena.