Plantea Gonzalo Elvira reestructuración de la ASM
MORELIA, Mich., 2 de junio de 2011.- Para dotar a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) de un diseño institucional en el cual no exista posibilidad de desconfiar de sus resultados, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gonzalo Elvira Cabrera, presentó una iniciativa para crear una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán. A nombre de la Comisión Inspectora de la 71 Legislatura, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) consideró necesario garantizar que no se hará mal uso de la confianza que se ha depositado para la función pública y que se sancionará a quien incumpla la ley, para lo cual se plantea una reestructuración integral del órgano técnico fiscalizador del Congreso del Estado. En ese sentido, Gonzalo Elvira señaló que entre los cambios el más relevante se encuentra en la integración y organización de la ASM, donde se determina quién es el titular del órgano técnico, así como los titulares, denominados auditores especiales, que auxiliarán a la función del auditor superior. “La Constitución del Estado, al haber sido reformada en ese rubro, contempla ahora que los servidores públicos de la Auditoría Superior mencionados deberán ser electos mediante convocatoria pública, por lo que se ha dispuesto un procedimiento que, por un lado, garantice la seguridad jurídica que en un proceso como este debe observarse y, por otro, ser pronto y claro”, expresó. Elvira Cabrera explicó que entre las principales modificaciones que se proponen en la iniciativa se encuentra la homologación de los principios rectores de la fiscalización, como son la posterioridad, anualidad, simultaneidad, legalidad, definitividad, celeridad, eficiencia, eficacia y calidad en el servicio, en congruencia con el artículo 79, párrafo segundo, de la Constitución General de la República. Asimismo, aseguró que entre otros, destaca como un cambio trascendente la incidencia directa en los procesos de entrega-recepción de las administraciones públicas estatal y municipales, que consiste en la presencia de representantes de la ASM como interventores, ya no sólo como testigos, con lo que se pretende una especie de fiscalización simultánea, con la finalidad de dar certidumbre al gobierno entrante.
