Michoacanazo atentó contra principios que establece la Constitución

MORELIA, Mich., 26 de mayo de 2011.-La seguridad es un tema de estado y todos debemos de participar en ello. Urgen medidas que refuercen la participación social en las tareas de combate al crimen organizado, resaltó el gobernador Leonel Godoy Rangel, y se pronunció porque sean revisadas figuras jurídicas como el arraigo, el testigo protegido y las intervenciones telefónicas, entre otras, en las que se debe actuar con la ley en la mano con lo que se podrá vencer el flagelo del crimen organizado.El pronunciamiento lo hizo el mandatario estatal al inaugurar el foro denominado 'Seguridad con Justicia para México', que organizaron el Senado de la República y la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en el merco del segundo aniversario del denominado 'michoacanazo'.Ante el senador Carlos Sotelo García, coordinador del grupo plural legislativo para el seguimiento del michoacanazo; de Rosa María de la Torre Torres, secretaria académica del Instituto de Estudios Jurídicos d ela UMSNH, quien llevó la representación del rector Salvador Jara Guerrero; del jurisconsulto Raúl Carrancá y Rivas, así como de académicos, representantes de derechos humanos, catedráticos y algunos de los afectados por el michoacanazo, Godoy Rangel resaltó que en el plano legal se deben revisarse las figuras jurídicas siguientes:a.- Localización y presentación de personas, a la cual hoy le conceden más fuerza legal aparente, que las órdenes de aprehensión dictadas por la autoridad judicial, para que no se abuse en su uso.b.- El arraigo, que denigra a las personas y sus garantías procesales y los incomunica, sin derecho a ser asistidos por sus abogados, coartando los beneficios de una defensa legal.c.- Los testigos protegidos que deben someterse a las reglas procesales, de cualquier tipo de testigos: que sean idóneos, que no tengan interés personal o legal, que tengan calidad moral, entre otros.d.- Las intervenciones telefónicas que siempre deberán contar con la autorización judicial a fin de evitar que la autoridad administrativa sea juez y parte.Al recordar que este 26 de mayo se cumplen dos años de haber ocurrido el denominado michoacanazo, Leonel Godoy mencionó que el Operativo Conjunto Michoacán, constituyó un despliegue y una forma de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada criticable por sus aristas inoperantes y riesgos visibles. "Pero nunca hasta hoy, por nuestra parte se ha cuestionado el objetivo".Agregó que esta nueva forma de combate a la delincuencia parecía justificada ante las las graves manifestaciones que el crimen organizado presenta en los últimos años, como; su poder de fuego; la utilización propagandística de los medios; el recrudecimiento de las acciones por la confrontación entre cárteles o bandas rivales y las acciones en contra de la policía federal, y los ataques a la población y recordó: "En la historia del país ningún grupo subversivo o criminal había atacado a la población, desafortunadamente la noche del 15 de septiembre del 2008, en Morelia, el crimen organizado atentó con granadas contra los civiles, ocasionando ocho muertos y más de una centena de heridos. Una consecuencia negativa que surgió de inmediato fue la afectación a los derechos humanos". De inmediato mencionó que en el 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 52 quejas en contra de las fuerzas federales, cinco de ellas de mujeres que manifestaron haber sido ultrajadas, entre otras; a las que se sumaron denuncias sobre cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura, atentados a la integridad física, allanamientos y ejercicio indebido del servicio público y agregó: "Hasta ese momento, los efectos negativos mencionados podían considerarse fallas del modelo operativo, imputables al desconocimiento de las funciones encomendadas a las fuerzas armadas".Sin embargo, continuó, el 26 de mayo del 2009, se realizó el operativo en el que se detuvo a alcaldes, servidores públicos del Poder Judicial del Estado, estatales y municipales, "con justificada indignación, se reclamó la falta de comunicación y coordinación porque implicaba poner en entredicho la integridad e imparcialidad del Ejecutivo a mi cargo. En ningún momento el Gobierno de Michoacán se pronunció en contra de la intención manifiesta del operativo y dejó en claro que reconocía la atribución de las autoridades federales en el combate al crimen organizado, sin embargo, estas demandas no fueron entendidas, ni atendidas". En sumensaje Leonel Godoy aseguró que todo momento su reclamo ha sido justo: de respeto a la soberanía del estado, respeto a las sedes de los poderes locales y a la Constitución y que las posteriores peticiones de su gobierno para reforzar la coordinación y la colaboración, fueron también desoídas por el gobierno federal, el cual -agregó-, unilateralmente decidió el incremento de las fuerzas federales en el estado. "Ante estos hechos reiteré el apoyo al gobierno federal; le solicitamos restituir la coordinación con el Gobierno del Estado democráticamente electo, sabedor de que sería la delincuencia organizada la que saldría ganando, como ocurrió, sin duda.En todo este proceso, desde el principio sostuve que la delincuencia debe perseguirse con la Constitución en la mano, la cual establece un sistema de justicia penal democrático, humanista, respetuoso de los derechos humanos; que actúa con apego a la Constitución da a la población un rumbo cierto de seguridad.El mal llamado michoacanazo atentó contra los principios que establece la Constitución y el sistema de justicia penal democrático que de ella emana. No sólo porque violaron domicilios y detuvieron personas sin orden de autoridad judicial, sino porque fueron sometidos a arraigo y a prisión, acusados por testigos de dudosa idoneidad; sino también, porque se violentaron los principios elementales del derecho como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, al proceso debido y a la no trascendencia de las penas. Además, porque se violó la soberanía del estado, al ingresar a la sede del Poder Ejecutivo, sin respeto a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales", mencionó.En junio del 2009, continuó Leonel Godoy, el gobierno federal rechazó importantes recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por la violación de las garantías fundamentales del pueblo mexicano, debidas al modelo operativo en marcha. El 29 de octubre de ese mismo año, la CNDH emitió la recomendación 72/2009, en la que formuló nueve recomendaciones al Procurador General de la República y cinco al Secretario de Seguridad Pública sobre las detenciones del 26 de mayo en las que reforzaban los reclamos de Michoacán."A dos años de tales sucesos, considero que en tanto un acto procesal penal el asunto ya concluyó, pero como acto de evidente violación a los mandatos constitucionales en materia penal, no ha concluido, sigue pendiente el reconocimiento del Gobierno Federal a una actuación fuera del marco legal, en la que se desconocieron los Derechos Humanos, las recomendaciones que al respecto se emitieron, así como una reivindicación moral de quienes en su momento vieron gravemente dañada su trayectoria pública por las detenciones" y mencionó que es necesario revisar las figuras de las que se abusó.El gobernador negó que en su intervención durante el michoacanazo pudiera haber algúnt inte partidista, porque, dijo, los funcionarios y alcaldes afectados no fueron solamente de las filas perredistas: de los 12 presidentes municipales acusados, seis pertenecen al PRI, cuatro al PRD y dos al PAN. Sólo siete servidores públicos eran de filiación perredista de más de una treintena de acusados, en tanto que el resto eran trabajadores de carrera de la procuración de justicia o de la administración pública estatal, con más de 15 años laborando y en ese momento resaltó que la seguridad es un tema de Estado y todos debemos de participar en ello. Urgen medidas que refuercen la participación social en las tareas de combate al crimen organizado.Durante el mensaje Leonel Godoy explicó que en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, asentaron que es claro que la actual organización de seguridad pública en el país favorece la desarticulación, los esfuerzos de por sí inconexos y produce las respuestas aisladas. "Ello implica un rediseño integral, del modelo policial, a fin de que éste responda con oportunidad a la problemática actual de dispersión y multiplicidad de funciones, por lo que propongo llevar esta deliberación al Congreso de la Unión y realizar las adecuaciones pertinentes en las legislaciones de cada entidad federativa".También dijo que la disminución de oportunidades laborales, la falta de oportunidades educativas, las diferencias culturales y el deterioro del medio ambiente, dan lugar a situaciones en las que actividades como el narcotráfico, el secuestro, la conformación de pandillas, la pobreza, la migración y la explotación irracional de los recursos naturales, se convierten en una amenaza para los objetivos nacionales y estatales tendientes a un desarrollo sustentable, equitativo, con respeto a la diversidad cultural, así como la creación de empresas que generen empleos, "es por ello que reitero la necesidad urgente de atender la otra cara de la moneda: la lucha contra las desigualdades, la falta de oportunidades de empleo, educación y salud, principalmente. Hace falta mayor determinación de las dependencias federales y más vehemencia en el desarrollo económico que disminuya la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades. Si combatimos con la misma fuerza las desigualdades sociales que a la delincuencia, si actuamos con respeto a las garantías constitucionales, si reivindicamos un sistema de justicia penal donde prevalezca la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, estoy seguro que derrotaremos a este flagelo nacional que es el crimen organizado y sus secuelas en el país", subrayó.