Evaden 70% de industrias predial en LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 10 de abril de 2012.- Mientras que el gobierno municipal padece aguda crisis por falta de recursos económicos, la gran industria asentada en este puerto deja de pagar un 70 por ciento de sus obligaciones fiscales al Ayuntamiento. La Administración Portuaria Integral, empresa descentralizada del gobierno federal, se ampara en “lagunas legales” para evadir el pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria; estiman fuentes del gobierno local. Fuentes del ayuntamiento lazarocardenense señalaron que este tema se tratará el miércoles en sesión e Cabildo, y se señala que el rezago en el pago del impuesto predial no es nuevo para el municipio. Además de la mayoría de las industrias, también figuran en una larga lista como evasores fiscales a empresas constructoras y organismos incluso ya desaparecidos como el Fidelac, pero que aún cuenta con varios predios diseminados en el municipio, principalmente en la cabecera municipal. El extinto Fidelac tiene un adeudo de poco más de cuatro millones de impuestos municipales “pero no hay a quien cobrarle ni a quien entregarle requerimientos de pago”, dice una fuente de la comuna. Petróleos Mexicanos,- PEMEX-, también posee bienes inmuebles que de acuerdo con la ley debe pagar impuestos al gobierno local. La paraestatal figura en una lista con un monto de 2 millones de pesos. En la misma relación aparece el Seguro Social con un monto de 1 millón 14 mil pesos, la Secretaría de Marina con 2 millones 720 mil pesos. Sin embargo, la fuente reconoce que para cobrarles a las instituciones y empresas deudoras “es todo un enredo” por cuestiones legales y hasta de “relaciones” entre autoridades. Por ejemplo, en el caso del desaparecido Fidelac, organismo fundado en la época del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas y que tuvo la responsabilidad de fraccionar y urbanizar lo que hoy son el Primero y Segundo Sector del Fideicomiso, “desde hace más de 15 años fue extinguido este organismo y en su lugar quedó una empresa llamada Incobusa, que a decir de algunos, quería decir Inmobiliaria Bustamante S.A. y que también hace más de 10 años simplemente “desapareció”. La misma fuente precisa que Incobusa, como administradora de los bienes del ex Fidelac, cuenta con varios bienes inmuebles que son sujetos de pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria y de ahí se desprende un adeudo que supera los cuatro millones de pesos. Para el caso, el gobierno local está buscando los mecanismos para la recuperación de estos adeudos o bien llegar incluso al embargo de los bienes a fin de recuperar el recurso.ESTADO Y SEMAR; UN ENREDO Sin embargo, resulta aún más complejo hacer cobrables los poco más de dos millones de pesos en que aparece la Secretaría de Marina con rezago en el pago de impuestos. El caso es que el gobierno del estado aparece como propietario de varios edificios en dos conjuntos habitacionales-Las Torres y Tercer sector del Fidelac-, que están ocupados por elementos de la X Zona Naval Militar asentada en este puerto. “Estamos hablando de fraccionamientos distintos a los que tiene a su nombre la Secretaría de Marina, pero por razones que se desconoce hace años que varios edificios del fraccionamiento Las Torres y del Tercer Sector del Fidelac fueron asignados como viviendas a efectivos de la Armada de México y esos si aparecen como susceptibles de pagar impuestos”, afirma la fuente que tiene la información oficial respectiva. ¿A quién le cobramos?, ¿Al gobierno del estado? ¿A la Secretaría de Marina? El antecedente es que gobiernos locales pasados no hicieron el reclamo por cuestión de relaciones “institucionales” que desde luego se tienen tanto con el estado como con la Semar, pero esto es una cuestión legal y creemos que las dependencias oficiales tienen los recursos para apoyar a los ayuntamientos en sus obligaciones”, remarca la fuente. De este caso se desprende un adeudo por 2 millones 720 mil pesos. APILAC INTERPETA LA LEY A SU FAVOR Pero lo anterior parece nada comparado con la evasión de impuestos de la gran industria que opera en el puerto. Llama poderosamente la atención el caso de la Administración Portuaria Integral,-APILAC, S.A de C.V. De acuerdo a las fuentes consultadas, administra un predio de 9 mil millones 384 mil metros cuadrados con un valor catastral considerado en 4,133 millones de pesos. “Estamos hablando de un impuesto que representaría poco más de cien millones de pesos que estarían ingresando a las arcas del municipio”, señala la fuente consultada. Sin embargo, esa empresa reconocida con el estatus de “descentralizada” del gobierno federal solo cubre poco más de 14 millones de pesos anuales por concepto del impuesto inmobiliario. “Aquí hay un problema de interpretación de la ley y ha sido el talón de aquiles de los gobiernos locales”, precisa el profesionista consultado. Por un lado,- agrega la fuente-, “Apilac renta o vende terrenos donde ya operan varias industrias privadas, algunas de capital extranjero, el arrendatario o comprador construye y desde ese momento consideramos que esa empresa adquiere obligaciones fiscales con el estado y con el municipio, pero la Apilac se interpone y aparece como el propietario y esa interpretación de la ley impide que hagamos efectivo el cobro de impuestos”. “Este enredo legalista o la contra interpretación de la ley nos lleva a que mientras más se industrializa el puerto, menos impuestos recibe el municipio por el concepto del predial. Y es que la Apilac cubre el pago por los predios que posee en la isla del Cayacal pero solo por aquellos que no han sido ocupados por la industria. “Mientras más negocios hace Apilac con los terrenos, menos ingresos le llegan al gobierno municipal y eso es una respuesta grosera para la autoridad que se ahoga por falta de recursos pero que está obligada a brindar servicios a la sociedad entera”, se lamenta el declarante. Para el caso la extranjera ArcelorMittal no se queda al margen de la evasión de impuestos. Recuerda la fuente las dos transacciones que ha tenido esa industria, primero cuando fue privatizada a un grupo mexicano y luego hace seis años fue adquirida por el consorcio ArcelorMittal pero por cuyos negocios de compra venta no se han cubierto los impuestos que para el caso señala la ley como es el caso del traslado de dominio. “No es un caso perdido, es un asunto pendiente”, rescata el entrevistado. Por si ello fuera poco, el gobierno municipal no tiene control de las construcciones y ampliaciones que constantemente realiza la acerera al interior de sus instalaciones y que de acuerdo con la ley, está obligada a pagar impuestos. “Estamos buscando reordenar todo este enredo y quizás muy pronto encontremos los rieles para llegar a poner orden y poner fin a los rezagos que tiene la gran industria con la sociedad a través de las autoridades”, remata la fuente.