Carece Michoacán de un fondo de atención a víctimas del delito

MORELIA, Mich., 15 de septiembre de 2011.- A tres años de los atentados terroristas del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán carece de un Fondo de Atención a Víctimas de la Lucha Contra el Crimen Organizado, como los que ya existen en el Distrito Federal y otras entidades federativas, pese a que el territorio michoacano cuenta con la triste fama de haber sido el punto de arranque de la actual oleada de terrorismo en el país.Después de que infructuosamente el gobernador Leonel Godoy Rangel presentó ante el Congreso del Estado el 6 de octubre de 2008 una iniciativa de decreto para otorgar pensiones vitalicias a las víctimas de los “granadazos” en la capital del estado, así como a sus familiares, el Poder Legislativo local aclaró que la propuesta carecía de fundamento legal, puesto que dichos apoyos estaban previstos sólo para personas que con su trayectoria le hayan dado honra y prestigio a Michoacán y a México.Así, después de muchos estira y afloja entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que se logró fue una reforma a la Constitución Política de Michoacán (publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán del 14 de abril de 2009) y una Ley Reglamentaria del Artículo 44, Fracción XVII Bis de la Constitución Política de Michoacán (publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán del 9 de septiembre de 2009).La reforma constitucional y la Ley Reglamentaria establecían originalmente que el Congreso del Estado está facultado para conceder pensiones temporales o vitalicias para víctimas o dependientes económicos de víctimas de actos terroristas o desastres naturales.Dicha Ley Reglamentaria fue modificada el 11 de mayo de 2011, para establecer un nuevo procedimiento, de acuerdo con el cual las valoraciones de los casos de atentados se hagan por el Ejecutivo estatal, que cuenta con los recursos para ello, además de que se excluyó a las víctimas de desastres naturales del beneficio, puesto que ya existen fondos de los tres niveles de gobierno para apoyarlos.SIN FONDO PARA VÍCTIMAS DEL DELITODe acuerdo con los diputados Antonio Cruz Lucatero (PRD) y Carlos Quintana Martínez (PAN), presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, los recursos aprobados, cuando se otorgan pensiones temporales y vitalicias, son absorbidos en los presupuestos de distintas áreas que determine el Ejecutivo estatal según sea el caso de que se trate.Entre esas áreas se encuentran el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).El procedimiento original era el siguiente:Los afectados o los dependientes económicos de los afectados por actos terroristas presentaban una solicitud a la Coordinación de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, donde se integraba un expediente que se hacía llegar al Congreso del Estado, donde el pleno lo turnaba a una Comisión Especial Plural de Seguimiento a las Solicitudes de Pensión.La Comisión Especial hacía una serie de evaluaciones y valoraciones, para lo cual contrataba a expertos en distintas ramas, desde peritos hasta psicólogos y demás, para finalmente elaborar un informe en el cual se sugerían los casos a aprobar, así como los montos y los términos de las pensiones (temporales o vitalicias), mismo que se presentaba al pleno, donde se turnaba a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, misma que lo dictaminaba y volvía a presentar al pleno para su discusión, votación y aprobación.Nuevo procedimiento:Los afectados o los dependientes económicos de los afectados por actos terroristas presentían una solicitud a la Coordinación de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, donde se integra el expediente y se hacen las evaluaciones, las valoraciones y el informe correspondiente, con los recursos y especialistas en las diversas ramas con los que ya cuenta el Ejecutivo estatal en sus diferentes áreas. Desaparece la Comisión Especial.El informe se remite al Congreso del Estado como iniciativa con proyecto de decreto y el pleno lo turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, misma que lo dictamina y lo regresa al pleno para su discusión, votación y aprobación. SALDO DE PERSONAS APOYADASEn Michoacán han sido beneficiadas 54 personas víctimas o dependientes económicos de víctimas de atentados terroristas; 13 de ellas con pensiones vitalicias y 41 personas más con pensiones temporales. La gran mayoría de ellas relacionadas con los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia.Hasta la fecha sólo dos de las solicitudes de pensión se han declarado como improcedentes. Lo anterior, en virtud de que las muertes por las cuales se presentó la documentación si fueron en hechos de violencia pero no fue posible acreditar que se tratara de actos de terrorismo.Lo anterior se revela en el informe que el entonces presidente de la Comisión Especial Plural de Seguimiento a las Solicitudes de Pensión, Juan Carlos Campos Ponce (PRI), presentó ante el pleno del Congreso del Estado el pasado 15 de julio de 2011, para anunciar la disolución de ese grupo de trabajo.Cabe mencionar que los montos de las pensiones temporales van desde los 60 hasta los 220.45 salarios mínimos mensuales vigentes en el estado, mientras que los apoyos referentes a las pensiones vitalicias van desde los 57.63 hasta los 240 días de salarios mínimos mensuales vigentes en el estado. EN EL TINTERO FONDO DE ATENCIÓNA tres años de los ataques terroristas en Morelia, el gobierno de Michoacán no se ha pronunciado respecto de la intención de crear algún Fondo de Atención a Víctimas de la Lucha Contra el Crimen Organizado en Michoacán.Sin embargo, el hasta hace unos meses presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Juan Carlos Campos, presentó ante el pleno del Poder Legislativo de Michoacán, en la sesión del pasado 28 de julio, una iniciativa de Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán.La intención es facilitar que las autoridades estatales puedan acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos y utilizar los propios bienes, o el producto que se obtenga de los mismos, para constituir un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos por los hechos ilícitos relacionados con delitos como el robo de vehículos, el secuestro y la trata de personas.Dicha iniciativa se encuentra en estudio en comisiones.