Penas más severas para funcionarios que ataquen libertad de expresión

MÉXICO, DF, 26 de agosto de 2011.- Al tiempo de proponer la formación de una red interuniversitaria para compartir información y promover campañas en contra de la impunidad, la Declaración Puebla de la Cumbre Hemisférica Universitaria convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acordó plantear a los países de la región leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, que si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas y que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.Asimismo se instó a formular que las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.Otro de los temas fundamentales es el de tratar que los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.Los anteriores son algunos de los principales focos de los trabajos de 22 universidades de 13 países del continente, que acudieron a esta ciudad para buscar Políticas Públicas contra la impunidad contra los medios de comunicación y los periodistas.En la reunión, copatrocinada por la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), el diario Síntesis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se destacaron otros puntos relevantes como incluir la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y se atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.Se propone también a los Estados que en la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista, las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo. También, se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.En el caso de los medios de comunicación, se les sugiere elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro para garantizar, de esa forma, que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.Sin duda de importancia capital es que se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas, sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación. Asimismo, que los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.De manera puntual se anotó que debe promoverse la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.En el ámbito universitario, además de la creación de redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico, a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior, se planteó la elaboración de un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico, con la participación de academias de periodismo.No se dejó de lado un reclamo de periodistas y universitarios sobre lograr que las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que laboran como pasantes en las redacciones.