En 4 meses, resultados de auditoría a obra pública
MORELIA, Mich., 16 de diciembre de 2016.- En un plazo estimado de cuatro meses será posible obtener los primeros resultados concretos de los nueve procedimientos administrativos que la Contraloría de Morelia efectúa por presuntas irregularidades, inconsistencias y observaciones en obra pública, refirió el titular de la dependencia, José Benadad Orozco Toledo.
Orozco Toledo mencionó que al momento suman nueve procesos por responsabilidad de ex funcionarios en irregularidades, los cuales tienen posibilidades de concluir durante la actual administración pública, al grado de que se prevé que en alrededor de cuatro meses se tengan dictaminadas las pruebas que los ex funcionarios deberán aportar y, en su caso, impuestas las sanciones en su contra, con miras a lograr el resarcimiento de recursos.
Detalló que estos procesos corresponden sobre todo a obras desarrolladas entre 2013 y 2015, si bien no es viable, por el riesgo de incurrir en una infracción, dar a conocer el monto susceptible de resarcir hasta que éste sea firme.
Agregó que en curso se encuentran 16 auditorías vigentes por la cuenta pública 2015 y obras efectuadas entre 2014 y 2015, como la calzada Juárez y el auditorio Wenceslao Victoria Soto, a cargo de la constructora Rhymsa, señalada por numerosas observaciones.
Asimismo, se tienen dos auditorías concluidas, de las que sólo resta aguardar la entrega de la cédula de observaciones por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, lo que se espera ocurra antes del 31 de diciembre.
José Benadad Orozco acotó que además del análisis de las obras realizadas en administraciones pasadas se verifica el estado de las desarrolladas al momento, las que suman 18 proyectos en análisis por la Contraloría municipal. A este proceso se suman las dependencias municipales.
Si bien declinó especificar cuáles son los proyectos auditados, Orozco Toledo expuso que no se comprende el parque lineal y el colector marginal izquierdo, ambos en el río Chiquito, debido a que los trabajos se encuentran detenidos por complicaciones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la falta de radicación de recursos.
