Evaluar política social pide Nalleli Pedraza; incierto gasto y efecto

MORELIA, Mich., 13 de noviembre de 2016.- En Michoacán se desconoce el porcentaje de recursos públicos que se destinan al gasto social, es decir, aquel gasto que está dirigido particularmente a resarcir el rezago, a cerrar brechas de desigualdad, o a combatir la pobreza, afirmó la diputada Nalleli Pedraza Huerta.

Igualmente se desconoce, y de mayor importancia, el efecto que ha tenido ese gasto en la solución de las problemáticas para las cuales ha sido dirigido, indicó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática quien propone un esquema de evaluación de la política social del gobierno del estado.

Pedraza Hurta hizo la distinción entre la fiscalización y la evaluación con énfasis en el desempeño e impacto de los programas públicos en materia social ya que el órgano de fiscalización tiene como tarea revisar y fiscalizar la cuenta pública, así como verificar el cumplimiento de los planes y programas de las entidades que administren recursos públicos.

Sin embargo, esta verificación no implica analizar la idoneidad de los programas en función de la problemática que atienden, y mucho menos dimensionar el avance en la solución de la problemática; esto significa que la fiscalización no tiene el objetivo de analizar el impacto de los programas públicos.

La evaluación, por otro lado, tiene el objetivo específico de dimensionar primero la problemática que se desea atender, después cualificar la estrategia para atender la problemática, y finalmente
justipreciar el avance que se obtiene con la aplicación de la solución elegida, sobre la problemática identificada.

Es por esto que presentará una iniciativa de ley para crear un organismo que tenga como responsabilidad la de dirigir la evaluación de la política social del gobierno del estado, así como los diferentes programas que la integran.

Ese organismo será el encargado de establecer los criterios para la realización de evaluaciones externas, especializadas en política social, y que sus resultados sean el insumo principal para el
mejoramiento de las decisiones gubernamentales. El objetivo del organismo se enmarca en los criterios generales de responsabilidad gubernamental respecto a la transparencia y rendición de cuentas.

Transparencia porque resulta imperioso que la ciudadanía conozca el funcionamiento de los programas sociales; y rendición de cuentas porque es necesario que el gobierno otorgue a la ciudadanía
explicaciones puntuales por las que los programas sociales cumplen o no con sus respectivos objetivos.